La detención en Estados Unidos del Gral. Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, reveló algo que los mexicanos conocíamos a voces pero que nos habían escondido por años: La corrupción había alcanzado al ejército mexicano. Desde el caso del Gral. Gutiérrez Rebollo encarcelado en 1997 por su complicidad con Amado Carrillo “el Señor de los Cielos” no habíamos vuelto a escuchar que un alto funcionario de las fuerzas armadas en México estuviera directamente involucrado con el crimen organizado. 

Este caso es de enorme relevancia para nuestro país por varias razones. Enlisto las que a mi juicio son las más trascendentes:

1. La necesidad de cuestionarnos el proyecto de militarización del país. Desde que inició este Gobierno se ha impulsado desde Palacio Nacional un proyecto de militarización a lo largo y ancho el país. Lo anterior bajo la inexacta premisa de que los uniformados son: 1. Más disciplinados que cualquier civil y 2. Incorruptibles. Es claro que el Presidente confía más en los militares sobre los civiles, prueba de ello son las nuevas tareas que le ha encomendado al ejército (además de la lucha contra la delincuencia, como había sido desde hace más de una década) como: administrar aduanas y puertos, construir el nuevo aeropuerto y 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, entregar medicamentos, frenar el flujo migratorio, participación en programas sociales como “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” y una larga lista más. Importándole poco al Presidente si los militares están preparados para realizar eficientemente estas encomiendas. 

2. La urgencia de replantear las relaciones civiles – militares. El ejército es la Institución con prácticas históricamente más oscuras. Después de la Revolución Mexicana, con la intención de evitar la posibilidad de que existiera un golpe de Estado se hizo un trato que por décadas parecía razonable: El ejército se mantenía lejos de la política, y el gobierno no se metía en la vida interna de las fuerzas armadas, en resumen: impunidad a cambio de lealtad. Como bien señala Alejandro Hope en su columna de El Universal: “el costo ha sido tener muy débil control sobre el estamento militar”. Eso indudablemente debe terminar y es inaplazable la necesidad de una reforma a nuestro marco jurídico que replantee la dinámica de las relaciones entre civiles y militares. Aunque siendo realista y un poco pesimista, se ve difícil, pues ningún Presidente ha querido enfrentarse a ellos, y el actual, mucho menos.

Este caso rompe de alguna manera con el paradigma de la lucha histórica contra el narcotráfico, y es inminente la ineludible obligación del Estado Mexicano de dejar de utilizar a nuestras fuerzas armadas como instrumento de combate contra la delincuencia organizada y la celeridad de apostarle a la profesionalización de las policías civiles. Al día de hoy, si se pierde la confianza en nuestras fuerzas armadas, no hay sustituto para el Ejército, este Gobierno desapareció a la que -con todo y sus críticas-, estaba en proceso de maduración para serlo: La Policía Federal.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.