“Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos”.
– Michel Foucault

Anteayer el gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco”, realizó un anuncio donde señalaba que entre sus planes a un futuro próximo se encuentra el privatizar los centros penitenciarios en la entidad.

Anteayer el gobernador del Estado, el Ing. Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco”, realizó un anuncio donde señalaba que entre sus planes a un futuro próximo se encuentra el privatizar los centros penitenciarios en la entidad. Si bien este concepto no es nuevo, dista mucho de no ser controversial.

Y es que el interés por los centros penitenciarios ha sido una constante, ya que nace de la problemática que se tiene actualmente: la sobrepoblación penitenciaria, no sólo del Estado sino del país, lo cual, lejos de favorecer la reinserción social, espíritu de la pena privativa de libertad, hace que estos sean más instrumento de contención de la criminalidad que un instrumento de reinserción social.

Pero más allá del interés de la privatización del sistema penitenciario, la cual se hace desde hace tiempo mediante Asociaciones Público-Privada (APP’s) en diversos centros penitenciarios del país, lo que este señalamiento ha demostrado es que se tiene previsto continuar con el uso excesivo de la pena privativa de libertad, la cual se ha utilizado de manera desmedida, pasando de ser el último ratio dentro del sistema penal a ser la prima ratio.

Sin embargo, esto es debido en gran medida ante la presión social donde cada vez se exigen mayores penas para los delitos, independientemente de la gravedad del mismo, así como al poco interés de los centros penitenciarios, vistos como el patito feo del sistema penal. Se han privilegiado las penas draconianas por sobre las alternativas a la prisión.

Con el señalamiento del mandatario estatal, nos encontramos frente a un principio que se construye sobre bases eminentemente utilitaristas: mayor bienestar con un menor costo social. Es decir, el confinar a los individuos problemáticos, esperando con esto mejorar los índices de seguridad y costear el gasto de manutención por medio de la Iniciativa Privada, previendo un aligeramiento en gasto del Estado.

Entonces surge la duda: ¿la privatización de los centros penitenciarios, busca ser un mejor instrumento para la reinserción del individuo o sólo un medio para aligerar la carga fiscal de la entidad?

En la actualidad, los centros penitenciarios no logran en objetivo de reinsertar a los internos, sino que fungen, como ya se mencionó, como instituciones de contención, por lo que muchos de los internos tienden a ser reincidentes una vez que han purgado su condena.

No hay una correcta política de reinserción.

Según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, en 2014 en Nuevo León, de los 5 mil 128 ingresos registrados a los centros Penitenciarios Estatales, 4 mil 905 corresponden a primodelincuentes, mientras que solo 58 sentenciados han sido reincidentes. No hay una correcta política de reinserción.

Aunado a esto, se tienen a los individuos que no cuentan con condena y se encuentran privados de su libertad en centros penitenciarios como parte de una medida cautelar. Se vuelve a hacer un sobreuso de la pena privativa de libertad. Esto genera, además del hacinamiento, un costo excesivo al erario, pudiéndose reducir con el uso de medidas cautelares apropiadas así como la conmutación de la pena de prisión en delitos no graves.

La participación de la Iniciativa Privada (IP), privatización, dentro de los centros penitenciarios debe enfocar sus esfuerzos no tanto en la contención, mantenimiento y vigilancia de la institución y sus internos, sino en el fortalecimiento de los mecanismos de reinserción social, así como en mecanismos para un correcto tratamiento criminológico del interno y en mejorar la calidad de estos al interior de los centros carcelarios, evitando con esto la reincidencia, ergo, la sobrepoblación penitenciaria.

Sin embargo, se debe de tener sumo cuidado en caso de la participación de la IP en los centros penitenciarios, ya que en lo que respecta en temas como la capacitación para el trabajo —como terapia laboral como parte de los ejes fundamentales para la reinserción del individuo—, este puede ser tergiversado y convertido en una especie de trabajo forzado, ya que no es remunerado, a raíz de las ambiciones económicas y capitalistas de las empresas involucradas.

El ánimo de lucro de una empresa privada constituye un elemento distorsionador de cualquier fin resocializador, por cuanto la empresa en una sociedad de mercado atenderá a sus intereses económicos, relegando en un segundo plano el fin a que se destina la privación de la libertad.

No sólo basta con reducir la población penitenciaria en el Estado para resolver el problema de hacinamiento, si no que se debe de hacer de manera correcta, ya que de enfocarse de manera incorrecta, no se estaría solucionando el problema. Se debe de atacar el problema de fondo, buscando la génesis delictiva y no de forma, mediante la construcción y privatización de más centros penitenciarios.

¿Qué es lo que se debe de hacer para que el Sistema Penitenciario sea liberado de la sobrepoblación penitenciaria que tanto le aqueja? Se deben buscar penas alternativas al uso de la prisión, métodos alternos de solución de conflictos, así como la correcta implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) como invertir en correctas políticas criminológicas que lleven a cabo el fin único de la pena de prisión: la reinserción social.

La inversión en el factor humano dentro del Sistema Penitenciario será clave para la correcta reinserción del individuo que ha delinquido. Una constante capacitación por parte de los funcionarios dentro de las prisiones es fundamental, no sólo se debe de invertir en infraestructura, que si bien es tema importante, no es el único, ya que esta idea de invertir en más y mayores centros penitenciarios trae implícita la idea de un mayor uso de la pena de prisión.

Señor gobernador, más allá de buscar como pasar la carga que implican los centros penitenciarios a otras manos, hay que invertir en correctas políticas públicas, criminológicas y penitenciarias, para reinsertar efectivamente al individuo.

Señor gobernador, más allá de buscar como pasar la carga que implican los centros penitenciarios a otras manos, hay que invertir en correctas políticas públicas, criminológicas y penitenciarias, para reinsertar efectivamente al individuo, trayendo esto consigo la reducción de la reincidencia, y con esto, la reducción del hacinamiento.

Como se mencionó antes, hay que buscar soluciones de fondo, no de forma.

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