En medio de la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el Gobierno venezolano anunció que el presidente Nicolás Maduro “suscribió” un decreto de conmoción externa ante las “peligrosas amenazas” de Washington.
Aunque aún no se ha difundido su contenido, la Constitución establece que, en casos de excepción, este tipo de decreto otorga al mandatario un control casi absoluto en lo político, económico y social.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez dió a conocer el decreto durante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, en Caracas. Explicó que la medida se aplicaría en caso de una agresión militar de Estados Unidos. Es la primera vez que se invoca esta figura desde 1999.
“Un decreto de estado de conmoción exterior como éste implica la restricción de garantías constitucionales”, señaló Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
Según la ley, la medida “entrará en vigencia una vez dictado por el presidente” y tendrá una duración inicial de 90 días, prorrogable por otros 90. Rodríguez aclaró que el decreto “se activaría de manera inmediata” ante “cualquier tipo de agresión”.
La ONG Acceso a la Justicia advirtió que “ya entra en vigencia, pues basta con que sea dictado por el presidente en Consejo de Ministros” y subrayó que “es sumamente grave” que no se haya publicado, ya que la población desconoce qué derechos están limitados.
El presidente Donald Trump anunció recientemente al menos tres operaciones contra barcos sospechosos de narcotráfico en aguas del Caribe, con más de una decena de muertos.
En su programa Con Maduro+, el mandatario insistió en que Venezuela ha sido agredida “económicamente, psicológicamente y políticamente”.
El decreto también concede “facultades especiales” a Maduro en defensa y seguridad, lo que permitiría movilizar a la Fuerza Armada, controlar servicios públicos, hidrocarburos e industrias básicas, cerrar fronteras y aplicar planes económicos o sociales.
Apitz advirtió que con este marco el Gobierno podría ordenar “alistamiento obligatorio o expropiar bienes para una supuesta lucha” contra Estados Unidos.