No voy a participar en consulta para juzgar a expresidentes: AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no va a participar en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y a otros funcionarios de sexenios pasados. 

“Adelanto mi postura, yo de manera pública sostuve que no iba a participar y que además consideraba que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y que hacia adelante como ha venido sucediendo no se permita la impunidad ni la corrupción. Pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, el pueblo el que va a decidir, no es el Presidente, vamos a ser todos”, reiteró.

El mandatario reiteró su postura acerca de no intervenir en la decisión que tome el pueblo de México, pues no será parte del proceso judicial que se lleve a cabo contra sus antecesores.

López Obrador pidió a los medios de información difundir el tema de la consulta para fortalecer la democracia en el país, lo cual no significa estar a favor o en contra de la consulta.

En la consulta que se realizará el 1 de agosto, los mexicanos podrán votar a favor o en contra de que se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Reconoce Estado mexicano su responsabilidad por caso Acteal.

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El gobierno de México, ofreció una disculpa pública y reconoció su responsabilidad en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, Chiapas; tras el asesinato de 45 personas tzotziles, desplazados por conflictos territoriales.

“A nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997; estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, familiares, la comunidad y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio“, señaló, Alejandro Encinas Rodríguez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. 

Alejandro Encinas, aceptó la responsabilidad del Estado, por la violación de derechos humanos fundamentales; así como por el homicidio doloso e indolente.

El funcionario señaló que los actos fueron realizados por un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad, un Estado que pretendió ocultar la tragedia, alterando la escena del crimen, para criminalizar a las víctimas. 

Por tal motivo, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de solución amistosa para llegar a la paz y reconstrucción del tejido social en la comunidad Tzotzil; así como la reparación del daño para evitar nuevas situaciones similares.

El acuerdo contiene 25 acciones como el derecho a la vida, el interés superior de la niñez, becas para los menores de la comunidad, apoyo a vivienda, mantenimiento a carreteras de la localidad, mejoramiento de la infraestructura médica y compensación económica.

Este acuerdo de solución amistosa incluye a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes, respetando y dejando a salvo los derechos de otro grupo de víctimas que han asumido otras vías diferentes a este acuerdo. 

“Quiero reiterar que el gobierno ha manifestado su profundo respeto, para aquellas víctimas que han decidido esperar que se dicte el informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito es sumar a la unidad y al reencuentro de la comunidad de Acteal para reprender el canino de la paz y el progreso”, destacó.

La comunidad de Acteal aceptó la disculpa y espera que se cumplan sus demandas; pues a pesar de la firma, piden que se juzgue al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, por crímenes de lesa humanidad al ser omiso ante los hechos hace 22 años.

 

(Con Información de El Norte) 

PRIVATIZACIÓN INEVITABLE

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“Sólo MORENA luchará contra la privatización de PEMEX”, ha pregonado Andrés Manuel López Obrador desde que inició su precampaña (anticipada, por cierto) a las elecciones de 2018 y ha promovido la idea de que el presidente Enrique Peña Nieto es un traidor a la patria por querer privatizar PEMEX con su reforma energética. Pero, ¿Realmente fue idea de Peña Nieto?

La privatización de PEMEX ciertamente no es un tema que surgió en el presente sexenio. Si bien es un tema que acaba de cobrar relevancia (ya que es una buena consigna de campaña), surgió con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y se concretó con la de Ernesto Zedillo Ponce de León.

La administración de Salinas de Gortari se caracterizó por su carácter neoliberal y antirrevolucionario, además del sometimiento intencional a la voluntad del Fondo Monetario Internacional y, por ende, a los dictados del gobierno estadounidense (que tiene un gran control sobre este organismo al contar con poder veto)[1]. Característico de los gobiernos neoliberales, se priorizó en México el enriquecimiento de los ricos a costa del empobrecimiento de los pobres, es decir, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. A su vez, la clase media trabajadora sufrió un gran golpe por parte de la globalización: la apertura a la inversión que se tradujo en desmantelamiento de la industria nacional en favor de la producción extranjera. Todo esto provocó una grave crisis económica que comenzó a finales de su sexenio y a principios del de Zedillo Ponce de León en 1994, quien se vio forzado a devaluar el peso.

La privatización de PEMEX ciertamente no es un tema que surgió en el presente sexenio. Si bien es un tema que acaba de cobrar relevancia (ya que es una buena consigna de campaña), surgió con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y se concretó con la de Ernesto Zedillo Ponce de León.

¿A qué se debe este breve antecedente histórico? Como consta en las fichas del Fondo Monetario Internacional [2] , en febrero de 1995 el entonces presidente Zedillo concretó las negociaciones de un préstamo por parte de Estados Unidos de 20 mil millones de dólares y otro por parte del FMI de 18 mil millones de dólares para “rescatar” a México.

Por supuesto que este “rescate” no fue gratis. Si bien es razonable y perfectamente válido que el FMI imponga condiciones económicas (intereses, por ejemplo) a los países a los que presta dinero, no es aceptable que imponga condiciones políticas [3].

Y precisamente el precio político de ese “rescate” fue, entre otras condiciones [4], la privatización de PEMEX (condiciones que fueron impuestas yendo acorde a las propuestas del Banco Mundial [5] en materia de petróleo e iniciativa privada) [6] .

Así es como, desde 1995, México está obligado internacionalmente con el FMI a privatizar PEMEX. Por eso el gobierno, en los últimos sexenios, ha realizado diversas medidas internamente para eventualmente concretar la privatización (que seguramente no pasará más de un sexenio más en que se concrete).

Pero la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer para evitar la privatización de PEMEX. Ya es algo inevitable (y esto sí no es culpa de Peña Nieto, como muchas cosas sí lo son).

Ahora bien, ¿Podría México incumplir con esa obligación impuesta por el FMI por ir en contra de los principios de la Nación? Sí podría. ¿Conviene hacerlo? No considero que convenga: incumplir la obligación provocaría que el FMI ya no vuelva a prestarle a México (por lo menos hasta que éste cumpla). Y a como va nuestra economía, parece que necesitaremos pronto de uno.

Según el Dr. Stiglitz en su libro El malestar de la globalización, los gobiernos de los países subdesarrollados se encuentran atrapados entre las demandas y condiciones del FMI con todas sus consecuencias sociales y políticas internas, y las crecientes protestas y alborotos populares provocados por éstas… así, de repente enfrentan disturbios sociales que al llegar a cierto grado colocan a estos gobiernos entre la exigencia del FMI y las protestas [7].

Ésto que menciona Stiglitz es precisamente lo que vivimos en México desde que la reforma energética era un proyecto de ley hasta el día de hoy (aunque el problema se gestó veinte años antes y en ese entonces nadie dijo nada). Pero la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer para evitar la privatización de PEMEX. Ya es algo inevitable (y esto sí no es culpa de Peña Nieto, como muchas cosas sí lo son).

[1] El poder de veto de Estados Unidos en el FMI no consta en papel; pero para aprobar todas las grandes resoluciones, de acuerdo a las reglas del FMI, se necesita el 85% de los votos y Estados Unidos tiene el 17% de los votos. Esto le otorga un poder de veto sin necesidad de aliarse con nadie más. Y es el único país que lo tiene.
[2] Ver ficha emitida por el FMI, aquí: http://www.imf.org/external/np/sec/pr/1995/pr9510.htm
[3] Como lo ha reiterado el Premio Nobel de Economía 2001 y ex jefe de economía del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, el FMI impone condiciones a los países que presta de carácter político, como renuncia a medidas proteccionistas para lograr una apertura rápida de sus economías a la inversión extranjera. En caso de México, la privatización de PEMEX contribuye a los intereses del FMI, manipulado por Estados Unidos que nunca ha ocultado sus deseos de que el gobierno mexicano privatice PEMEX.
[4] Se les impusieron cinco medidas que diseñó el BM a cambio del préstamo: permitir contratos de riesgo, permitir inversión extranjera en petroquímica, dividir a PEMEX en empresas separadas con distintas competencias, permitir la competencia interna e internacional frente a PEMEX y, finalmente, privatizar PEMEX.
[5] De acuerdo al programa “Oil and prosperity: Reforming México’s petroleum monopoly”, publicado en 1992 por el Banco Mundial e impulsado también por el FMI.
[6] Saxe Fernández, John. Fox y el desmantelamiento de PEMEX. Vnezuela, Revista Nueva Sociedad, 2005.
[7] Stiglitz, Joseph. El malestar en la globalización. Madrid, Editorial Taurus, 2002.

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