El paradigma de la Extradición: la solución ante la ineficiencia de las instituciones mexicanas

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En últimos días, México ha acaparado los reflectores en las noticias internacionales a razón de la detención de un importante capo del narcotráfico, no sólo a nivel nacional, sino internacional: Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo Guzmán”.

A raíz de la incapacidad que ha mostrado el Estado mexicano, se ha retomado el tema de la extradición de este capo a los Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de los antecedentes que se tienen, hasta el día de hoy no ha sido posible.

Hay que recordar que Guzmán Loera fue recapturado el pasado 8 de enero del presente año. A raíz de la incapacidad que ha mostrado el Estado mexicano, se ha retomado el tema de la extradición de este capo a los Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de los antecedentes que se tienen, hasta el día de hoy no ha sido posible.

A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos sí solicitó formalmente la extradición de Guzmán Loera (el 25 de Junio de 2015, los Estados Unidos realizaron la petición a través de una nota diplomática, cuando Guzmán Loera se había fugado de la prisión de máxima seguridad el Altiplano el día 11 de Julio del mismo año) esta no ha sido satisfactoria.

Pero, ¿qué es en sí y que implica la extradición? Si bien el inicio del tratado de extradición de México y Estados Unidos se remonta a 1978, cuando ambos países firmaron con la intención y el deseo de crear justicia y de generar entre los dos una cooperación más estrecha en la lucha contra la delincuencia, las primeras extradiciones que se realizaron fueron hasta el año de 1995.

En este documento, señala que la extradición debe darse cuando:

Art. 1.- Las partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, mientras exista una detención referente al tratado internacional, a las personas respecto de las cuales las autoridades ya hayan comenzado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una condena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente.

Art. 2.- Si el delito fue cometido fuera del territorio de la Parte interesada, la Parte requerida concederá la extradición si:

a) Sus leyes establecen el castigo de dicho delito cometido en circunstancias similares.
b) La persona reclamada es nacional de la Parte requirente, y esta tiene jurisdicción de acuerdo con sus leyes para juzgar dicha persona.

Dentro de este artículo se menciona que la persona también será calificada a la extradición si:

a) Por reconocimiento de cometer un delito; la asociación para prepararlo y ejecutarlo; o la participación.

Solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes.

Por otra parte se menciona en el tratado, en el apartado de pruebas necesarias, que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la Parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del demandado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, para probar que es la persona condenada por los tribunales de la Parte requirente.

Además, en el tratado se menciona que cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea bajo la pena de muerte conforme a las leyes del país que lo requiera (en este caso, Estados Unidos) y las leyes de la país requerido no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada, a menos que la Parte requirente provea las seguridades que la Parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de Muerte de que, si es impuesta, no será ejecutada.

En este apartado del tratado de extradición, el abogado de Guzmán Loera alias “El Chapo”, se beneficia al no mandar al capo a una prisión en Estados Unidos por el hecho de que en algunos de los estados cuentan con la pena de muerte puede abogar para que cumpla su condena solo en México.

Por qué recordemos que una de las principales razones de por qué México no efectúa la extradición es que, en la Constitución Mexicana, primero es el Derecho a la Vida por encima de todo.

Por qué recordemos que una de las principales razones de por qué México no efectúa la extradición es que, en la Constitución Mexicana, primero es el Derecho a la Vida por encima de todo.

¿Cómo se realiza la solicitud de extradición? Esta deberá estar a cargo de la Secretaria de Relaciones Exteriores por la vía diplomática; añadiendo que se necesita una copia certificada de la orden de aprehensión librada por un juez u otro funcionario judicial, en este caso de Estados Unidos, además de las pruebas que justificarían la aprehensión y enjuiciamiento del reclamado en caso de que el delito se hubiera cometido allí.

Ahora que se sabe un poco más sobre la extradición y cómo trabajan las partes, México ya ha realizado diversas extradiciones, entre ellas la de Edgar Valdez Villarreal (a) “Barbie” y a otros 12 capos por el delito de narcotráfico.

Los abogados que llevan el caso de “El Chapo Guzmán” han consolidado seis amparos contra la extradición, también advierten que primero se tendrá que emitir un juicio en México antes de que lo hagan en Estados Unidos.

Uno de los pros y contras que tiene la extradición del Chapo:

Pro: se hace justicia, porque también está siendo requerido por la justicia de Estados Unidos. Será encarcelando en cárcel de máxima seguridad, lo que “garantiza” que no se fugaría de nuevo. Es parte de los tratados binacionales. Señal de cooperación y voluntad entre ambos países.

Contra: La justicia mexicana no es suficiente, es ineficiente. No se confía en las instituciones o en el estado mexicano. Una tercera fuga podría resultar en gran golpe políticamente. El que no se extradite, manda una señal de que las instituciones mexicanas son sólidas aunque se puede interpretar que exista un miedo de las autoridades mexicanas al mandar al Capo más buscado del mundo a Estados Unidos y con esto solo empeoraría la situación.

Ahora solo se necesita esperar que se dicte sentencia y que todo resulte favorable para las autoridades mexicanas ya que con esto se tendría la aceptación de la sociedad, medios internacionales, comunidad internacional, etc.

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La terrible historia del peso y el dólar

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En los últimos días hemos visto cómo el peso se deprecia frente al dólar, y el mensaje que constantemente transmiten los medios de comunicación comienza a manejar un poco los temas del miedo, la indignación y la preocupación por lo que podría suceder con nuestra divisa en un futuro cercano. Hay quienes consideran que un episodio como el de 1994 podría repetirse y pronostican que la economía mexicana podría afrontar un reajuste negativo para intentar mitigar los estragos que ocasionaría el alza del valor del dólar. Desafortunadamente, el plan no es muy prometedor: en pocas palabras, se piensa nuevamente en una devaluación.

Hay quienes consideran que un episodio como el de 1994 podría repetirse y pronostican que la economía mexicana podría afrontar un reajuste negativo para intentar mitigar los estragos que ocasionaría el alza del valor del dólar.

El 3 de diciembre de 2012, oficialmente el primer día laborable de nuestro presidente Enrique Peña Nieto; y según información del Banco de México, el dólar se cotizaba en $12.93. El día de ayer, martes 19 de enero, el valor registrado fue de $18.19 pesos por dólar, lo que representa un incremento de aproximadamente $5 pesos en poco más de tres años. Podría no sonar tan alarmante, pero si ajustamos el dato, descubrimos parte de la realidad: el dólar se ha encarecido aproximadamente un 40% respecto al inicio del presente sexenio.

El dólar se ha encarecido aproximadamente un 40% respecto al inicio del presente sexenio.

Echando una rápida hojeada a los números nos encontramos con tres datos interesantes: al cierre de la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), el dólar se cotizaba en $9.42. Al final del mandato de Vicente Fox (2000-2006), los billetes verdes valían $10.99 pesos, y para el cierre de labores de Felipe Calderón (2006-2012), el valor era de $12.92 pesos por dólar. Si hacemos las cuentas nos encontramos con que, durante los sexenios panistas, el dólar aumentó aproximadamente $3.5 pesos, lo que equivaldría a un incremento del 37% en doce años de gobierno. Lector, si para este punto consideras que mi intención es decirte que “los panistas juegan mejor a la economía que los del PRI”, déjame decirte que no es así.

Sí, probablemente el precio del dólar tuvo una variación similar a la que Peña Nieto ha presentado en tan sólo tres años, pero naturalmente estas cifras no contemplan los incrementos pronunciados que se registraron a lo largo de estos sexenios donde el dólar alcanzó niveles por encima de los catorce pesos. Además, esta información no es relevante para hablar de los otros tantos temas que aquejaron al país durante este tiempo, tales como la crisis de seguridad, la de derechos humanos, las terribles fallas en política exterior, el incremento de los índices de pobreza a nivel nacional, entre otros. Sobre esto último, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política (CONEVAL) indicó que respecto a la cifra de 2006, en México existen 20 millones más de personas que viven en pobreza (2012), lo que equivale a un poco más del 50% de la población de nuestro país.

Volviendo al tema, y nuevamente verificando algunas cifras, nos encontramos con algunos cambios muy pronunciados. Si hacemos un poco de memoria —y consultamos algunas estadísticas, por qué no— nos encontramos con la sorpresa de que el día 2 de diciembre de 1994 (primer día de trabajo de Zedillo), el valor del dólar era de apenas $3.44 pesos. No obstante, los estragos del mes de diciembre provocaron que rápidamente el valor de la divisa estadounidense aumentara y que incluso llegara a cotizarse en $7.59 pesos para marzo de 1995. Es decir, el valor del dólar se incrementó en un 120% en tan sólo cuatro meses.

¿Crees que esto es preocupante? No hay que olvidar un par de detalles. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortiari, y con el fin de contrarrestar la monstruosa devaluación del 1442.92% que sufrió el peso mexicano durante el sexenio de José López Portillo, se realizaron reformas estructurales —un término que probablemente nos suena muy familiar hoy en día— y se introdujo la política del ‘nuevo peso’, que en la jerga del ciudadano común, no significa otra cosa más que “quitarle tres ceros al peso” y así, en lugar de decir que algo valía diez mil pesos, ahora sólo costaba diez.

Para evitar confusiones, el circulante mexicano llevaba grabada una letra ‘N’ para indicar que se trataba de esta nueva política económica, y así fue como las monedas de cien y doscientos pesos fueron desapareciendo para darle lugar a las de N$1, N$2, N$5 y sus derivaciones en centavos. Sin embargo, el 1º de enero de 1996, el nombre ‘nuevo peso’ fue eliminado para retomar el viejo nombre de ‘peso’, así “a secas”. ¿Por qué es esto importante? Porque si quisiéramos medir el valor del dólar respecto a nuestra moneda de manera histórica, realmente necesitaríamos pagar aproximadamente $18,000.00 pesos por dólar, lo cual de ninguna forma es equiparable con los $2291.24 que se pagaban en 1988.

La pregunta clave: ¿podría nuevamente devaluarse el peso mexicano? La respuesta: en este país pareciera ser que cada 20 años es lo que sucede.

Nuevamente, lector —y antes de que te alarmes— recuerda que la economía ha sufrido muchos cambios y que en 20 años pueden suceder muchas cosas. La pregunta clave: ¿podría nuevamente devaluarse el peso mexicano? La respuesta: en este país pareciera ser que cada 20 años es lo que sucede. A mediados de los setenta, sufrimos una primera devaluación; a mediados de los noventa, se repite la historia, y ahora a mediados de los 2010, parece que la cosa no pinta diferente.

“Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo” –Jorge Santayana.

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Fútbol inconstitucional

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El artículo 1° de la Constitución Mexicana en su tercer párrafo dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”

El Club Pachuca en nombre de su presidente Jesús Martínez lanzó una declaratoria a los medios de comunicación sobre la conveniencia de reducir el número de jugadores naturalizados mexicanos que juegan en la Primera División de México.

Hace un par de semanas, el Club Pachuca en nombre de su presidente Jesús Martínez lanzó una declaratoria a los medios de comunicación sobre la conveniencia de reducir el número de jugadores naturalizados mexicanos que juegan en la Primera División de México.

Jesús Martínez y algunos otros actores importantes del fútbol mexicano han venido planteando la idea de reducir el número de extranjeros por equipo (cinco actualmente) y, en específico, la estrategia del Club Pachuca es la de reducir el número de naturalizados.

En la lógica de Martínez, los mexicanos por naturalización son sujetos a diferente trato que los mexicanos por nacimiento restándoles derechos ganados ante la ley y poniéndolos como mexicanos de segunda clase.

El proyecto de Martínez es uno insensato contra conceptos elementales como la competencia, la demanda y la oferta y sobretodo, la Constitución Mexicana. En la lógica de Martínez, los mexicanos por naturalización son sujetos a diferente trato que los mexicanos por nacimiento restándoles derechos ganados ante la ley y poniéndolos como mexicanos de segunda clase.

Esto ha suscitado diferentes reacciones y opiniones de diversos jugadores, tanto mexicanos como naturalizados que causan revuelo en los periódicos, cuando el tema quizás no merece dicha atención.

El límite de naturalizados es inconstitucional porque marca diferencias entre mexicanos. Si bien es cierto, la nacionalidad puede ser adquirida por diversas razones, es totalmente injusto darle prioridad a unos sobre otros en cuestiones laborales. Es otra forma de discriminación.

Incluso voy más alla, el límite de cinco extranjeros es otro sinsentido anacrónico que no brinda ningún beneficio a la industria del fútbol. Recordemos, el futbol es un negocio, no es algo sujeto al patriotismo ni es un emblema patrio. En el mundo globalizado de hoy en día, donde en Europa, la ley Bosman permite a ciudadanos europeos participar en la liga donde deseen mientras sea de la Unión Europa sienta un precedente de que la competencia y la multiculturalidad brindan mejor espectáculo y desarrollo al deporte. Por lo que quitar ese límite es una medida sensata y progresista.

Los argumentos históricos y algunas veces hasta xenófobos contra el que equipos mexicanos jueguen hasta con 8 o 9 “no nacidos en México” parten del punto de las pocas oportunidades que se le dan a los jóvenes por la corrupción, el negocio que representa para algunos promotores el traer extranjeros y una baja en la calidad de la Selección Mexicana en torneos internacionales.

Subsidiar la calidad es un error que se permite en México, la competencia es un principio básico que se debe imitar en el futbol por el simple y sencillo hecho de que entre más competencia, mejor el producto al cliente y en el fútbol es lo mismo. Por medidas proteccionistas como estas, el jugador mexicano es muy caro en el extranjero por el sobreprecio que le ponen los clubes.

Si bien hay medidas a mejorar en el tema de fuerzas básicas, el jugador mexicano debe ganarse un lugar como cualquier otro, como en cualquier lado. Amable lector, ¿usted cree que el ciudadano italiano se indignó cuando el Inter de Milán ganó una Liga de Campeones de Europa sin un italiano en el campo? Obviamente no, y más por el hecho de que su selección se había coronado campeona del mundo en 2006, lo cual por lo visto el resultado lo vale.

Creer que si quitamos 90 extranjeros y otros 50 naturalizados de los 198 jugadores titulares que cada fin de semana disputan un juego de liga, mejorará el nivel de nuestra selección es un absurdo sin poderse comprobar.

Creer que si quitamos 90 extranjeros y otros 50 naturalizados de los 198 jugadores titulares que cada fin de semana disputan un juego de liga, mejorará el nivel de nuestra selección es un absurdo sin poderse comprobar.

Así como los jóvenes mexicanos han demostrado su valía en torneos internacionales para menores, es momento de tener ese espíritu deportivo de competir sin ampararse en leyes que favorecen un pasaporte sobre el talento.

Ya en pleno siglo 21, se eliminó un decreto del presidente Ávila Camacho que limitaba el número de extranjeros que jugaran en un partido en el Distrito Federal. Ahora el debate sigue candente y seguirá mientras se vea el futbol como un escaparate patrio con valor casi similar al de la Virgen de Guadalupe.

Cuando le preguntaron a Jesús Martínez por qué no limitaba el número de extranjeros en su propio equipo (el cual es de 5 extranjeros y 4 “naturalizados”) al margen del reglamento sostuvo que no podían estar en desventaja con el reglamento y que las contrataciones son para competir….

¿Entonces, con extranjeros más o menos competencia?….

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Dimes y Diretes: “Ley de Participación Ciudadana a la congeladora”

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Como era ya de esperarse, y como el diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, lo había adelantado, es muy probable que la Ley de Participación Ciudadana quede en la congeladora. El viernes pasado, el gobierno estatal decidió vetar esta ley que había sido aprobada por el congreso local el diciembre del año pasado. ¿La razón? Muchos errores técnicos en la ley que el gobierno estatal quiere que se corrijan, pues según alega “el Bronco” y su gabinete que benefician a los diputados y no a la ciudadanía en verdad.

La respuesta ayer de Marco González del PRI es que el gobierno estatal ni se moleste en enviar un proyecto de ley, pues lo mandarán a la congeladora.

La respuesta ayer de Marco González del PRI es que el gobierno estatal ni se moleste en enviar un proyecto de ley, pues lo mandarán a la congeladora. No me sorprende la reacción de Marco ya que como sabemos es el “Gato de Medina”. Ellos lo que quieren es que sea su propuesta de ley, que fue vetada, la que se apruebe por el ejecutivo. Nuevamente y sin que me quede ninguna duda los diputados del bipartidismo están jugando con los ciudadanos. Cuarenta errores técnicos tiene la Ley de Participación Ciudadana. ¡CUARENTA! Me parece increíble que los diputados quieran seguir adelante con una ley que esta defectuosa y que claramente apoya los intereses de sus partidos.

El tono de las discusiones entre el congreso local y el gobierno del estado están subiendo de tono, el día de ayer después de que Milenio Monterrey diera a conocer que tienen 395 expedientes de cuentas publicas del 2011, 2012 y 2013 sin atender, “el Bronco” les mando decir a los diputados un “a jalar que se ocupa”, pues les pidió ser mas productivos y sacaran adelante esos expedientes. Esta vez coincido con el gobernador, parece ser que muchos diputados como Marco González, son buenos para grillar, pero malos para ponerse a chambear.

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La minimización de los errores de la Ley de Participación Ciudadana

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Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.

Los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.

Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.

Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece: “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: la única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación.

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

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VÍA INDEPENDIENTE: SUEÑO DE LOS NO ELEGIDOS

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En las elecciones del año anterior, por primera vez en el sistema político mexicano, se permitió la participación de un nuevo actor en la contienda: candidato independiente o sin partido político. Este hecho representó una contienda histórica para los ciudadanos que ahora podrían ejercer al pie de la letra el derecho a votar y ser votado, sin las estructuras políticas cargadas de burocracia y compadrazgos o simplemente sin la necesidad de afiliarse a partidos convencionales que con el paso de los años perdían credibilidad en la sociedad mexicana.

Los resultados fueron buenos a secas. La reforma constitucional que aprobaba esta figura también la acompañaban de diversos obstáculos que hacían que esta figura aún estuviera distante del ideal. Requisitos excesivos: una persona que quiera competir por la presidencia tendrá que recabar las firmas de al menos el 1% del electorado nacional, lo que equivale a unos 780,000 votantes. Para hacerlo, contará con un plazo de 120 días y tendrá que costearlo con sus propios recursos.

Después de los resultados de Jaime Rodríguez “El Bronco”, quién se convirtió en el primer gobernador “independiente” en la historia política mexicana, pasando por encima a los partidos más fuertes de Nuevo León, que incluso sumando sus votos no podrían derrotarlo. Pedro Kumamoto fue otro de los candidatos con mayor apoyo mediático en su candidatura por una diputación local en Jalisco, y Manuel Clouthier logró triunfar en Sinaloa.

Las candidaturas independientes se han convertido en la vía para los “no elegidos”, los que no tienen la certeza de contender por su estructura política o simplemente los que han sido olvidados por los reflectores de sus partidos.

Pero esta figura literalmente se ha “desfigurado” en las últimas semanas con miras a la contienda por la grande en el 2018. Las candidaturas independientes se han convertido en la vía para los “no elegidos”, los que no tienen la certeza de contender por su estructura política o simplemente los que han sido olvidados por los reflectores de sus partidos.

Entonces apareció Margarita Zavala con los arrestos para mandar un mensaje a su partido: “O es con ustedes o es por la independiente”. Le siguió Mancera —que no ve con malos ojos contender bajo esta figura—, el citado Bronco que desde antes de iniciar su gestión era señalado como el candidato natural por dicha vía, Fernández Noroña un ex diputado bastante controvertido y recientemente Pedro Ferriz quien extendió la invitación a Carmen Aristegui para “ir por México”.

Hay dos situaciones que atender con la aparición de figuras políticas o mediáticas que pretenden usar esta vía:

1. Las candidaturas independientes que pretendían empoderar al ciudadano bajo el ideal de una democracia cada vez más justa y eficiente se está perdiendo con las lagunas legales que dejó la reforma constitucional y que les permite a políticos de siempre tener una opción para cuando no se “alineen las cosas”.

2. Las diversas figuras “independientes” que se presenten en la lucha por la presidencia de México en el 2018 tendrán que vivir los egos de todo partido, unirse en una sola fuerza o de plano fungir como un participante secundario de la contienda que permitirá a los grandes partidos dividir la votación en su favor. Como dice el lema “divide y vencerás”.

Lobos disfrazados de ovejas van por la presidencia de la república. ¿Usted les cree?

Lobos disfrazados de ovejas van por la presidencia de la república. ¿Usted les cree?

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Dimes y Diretes: “Sindicalismo vs. Uber”

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Los dos ataques de la semana pasada a conductores de Uber en el Aeropuerto Internacional de Monterrey nos deben de preocupar. Antes que nada por la inacción de las autoridades en el recinto y, por otro lado, por el poder que aún tienen los sindicatos en México.

No estoy en contra de la regulación de Uber, al contrario creo yo que es importante que se regule. También creo que es esencial que se empareje el piso entre los taxistas y los conductores de Uber.

No estoy en contra de la regulación de Uber, al contrario creo yo que es importante que se regule. También creo que es esencial que se empareje el piso entre los taxistas y los conductores de Uber, de hecho el director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria Treviño ha mencionado que es uno de los objetivos durante su gestión.

¿Esta gente de TOTSA qué piensa? ¿Qué agrediendo e intimidando a los operadores de la competencia van a lograr tener más trabajo? ¡NO, SEÑOR!

Lo que ya no tiene “marinola” es que ciertos taxistas del aeropuerto hayan agredido verbalmente y causaran daños a los automóviles de dos conductores de Uber la semana pasada. En verdad, ¿esta gente de TOTSA qué piensa? ¿Qué agrediendo e intimidando a los operadores de la competencia van a lograr tener más trabajo? ¡NO, SEÑOR! Al contrario, yo y muchas personas ya no queremos volver a usar un taxi al aeropuerto con aquella compañía, que por cierto está afilada a la CROC. YO NO QUIERO SUBIRME AL CARRO DE UN VÁNDALO.

Muy arregladitos deben de estar los POLICIAS FEDERALES con los vándalos de TOTSA para que no les hagan absolutamente nada.

Lo que más me preocupa es la inacción de las autoridades federales que presumen siempre mantener el orden. Apoco que si usted, estimado lector, o yo vamos y causamos daños al automóvil de un tercero, ¿qué no nos van a meter a la cárcel? CLARO QUE SÍ. Pero pues muy arregladitos deben de estar los POLICIAS FEDERALES con los vándalos de TOTSA para que no les hagan absolutamente nada.

En la Ciudad de México cuando comenzaron las agresiones contra Uber, los capitalinos encontraron una solución y fue #MeVoyAdelante. Motivo a todos mis lectores a que hagamos este hashtag viral con el fin de proteger la identidad de los conductores de Uber y así no sean agredidos. Mientras tanto, los diputados junto con la AET debe de ponerle solución en cuanto antes a esta situación.

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El camino hacia la revocación del mandato

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En mi última columna del año pasado en Altavoz, critiqué la Ley de Participación Ciudadana recién aprobada por el Congreso de Nuevo León por incluir la figura de la revocación del mandato cuando esta ya ha sido declarada inconstitucional en varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• (ver: altavz.com/2016/01/03/1517/).

Mencioné, entre otras cosas, que estimo infundado que la Corte haya declarado que la figura de la revocación del mandato no tiene fundamento constitucional, ya que el sustento de esta es el principio de la soberanía popular. Sin embargo, concluí que aunque hayan argumentos fuertes que fundamenten la constitucionalidad de la revocación del mandato, la Corte ya resolvió así y por ello no puede legislarse al respecto.

Concluí que aunque hayan argumentos fuertes que fundamenten la constitucionalidad de la revocación del mandato, la Corte ya resolvió así y por ello no puede legislarse al respecto.

Esta vez quisiera abordar las acciones que se deben tomar para poder, eventualmente, legislar para permitir y regular esta figura jurídica. En este momento, no podría legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato de ninguna forma que pueda ser considerada constitucional, ya que el argumento de la Corte fue precisamente que no existe fundamento constitucional en el que se base dicha figura.

En este momento, no podría legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato de ninguna forma que pueda ser considerada constitucional.

Por ello, el primer paso para eventualmente legislar al respecto es crear un fundamento constitucional expreso para la revocación del mandato. Debe promoverse una reforma en materia político-electoral que establezca en la Constitución Política Federal expresamente que la ciudadanía tiene el poder de revocar el mandato a los funcionaros públicos electos por medio del voto popular.

Una vez que el Congreso de la Unión apruebe esa reforma constitucional, se enviaría al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Sólo cuando este supuesto de publicidad de la reforma se actualice, existirá fundamento constitucional para legislar en Nuevo León, o en cualquier otra entidad federativa, sobre la revocación del mandato, como pretendieron hacer los diputados de la LXXIV Legislatura neoleonesa.

Y digo pretendieron porque, si bien se aprobó en diciembre la Ley de Participación Ciudadana que incluye esta figura, el Gob. Jaime Rodríguez Calderón la vetó este 15 de enero.

El Coordinador Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Javier Náñez Pro, expuso en sus redes sociales oficiales de manera muy puntual y concisa las 10 principales razones por las que el Ejecutivo del estado decidió vetar esta ley.

• (ver: facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993).

En resumen, las razones por las que el Gobernador vetó la Ley de Participación Ciudadana son que la revocación del mandato es inconstitucional, la forma en la que legisló el Congreso la revocación viola el principio de separación de poderes y en la que legisló la figura de la consulta popular viola el principio de progresividad en materia de los derechos humanos y el de certeza jurídica y le otorga facultades al Tribunal Superior de Justicia del estado sin modificar a su vez la Ley Orgánica ni
la Constitución.

Coincido en las mencionadas razones con el Lic. Náñez Pro y me permito agregar dos cosas:

1. Como ya mencioné, ninguna ley que apruebe el Congreso en materia de revocación del mandato será constitucional si no se aprueba antes una reforma a la Constitución Política Federal y las consecuentes (también reformas a la Constitución Política del estado, para armonizar el marco jurídico).

La mencionada ley además de estar plagada de inconsistencias jurídicas, carece de técnica legislativa.

2. La mencionada ley además de estar plagada de inconsistencias jurídicas, carece de técnica legislativa: los diputados neoleoneses confunden los conceptos de ley y reglamento y pretenden regular en la Ley de Participación Ciudadana todo lo relativo a los órganos de participación en lugar de limitarse únicamente a los principios y generalidades, como debe hacerlo una ley (es tan extensa, que está a catorce artículos de igualar en longitud a la Constitución Política del estado.

Cabe mencionar que ya hay en el Congreso de la Unión iniciativas de ley en esta materia: una ciudadana desde el año 2014, promovida por el Partido Sinaloense y una en el año 2015, promovida por el senador Javier Corral Jurado del Partido Acción Nacional. Estas iniciativas siguen en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado pendientes de dictaminar, o sea, en la congeladora legislativa.

• (ver: proyecto3.mx/2015/09/exhortan-a-senado-dictaminar-iniciativa-de-revocacion-de-mandato/).

Por ello, no es necesario presentar más iniciativas de reforma en esta materia, como quieren hacerlo algunos diputados y algunos funcionarios del Gobierno del estado. Hacerlo, resultaría ocioso.

Lo que debe hacerse es que tanto el Congreso como el Gobernador del estado de Nuevo León presionen a esa Comisión para que dictamine la iniciativa que está en la congeladora.

Lo que debe hacerse es que tanto el Congreso como el Gobernador del estado de Nuevo León presionen a esa Comisión para que dictamine la iniciativa que está en la congeladora.

Si se emite ese dictamen, seguiría la discusión y aprobación en el Pleno del Senado, luego la discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados y finalmente la promulgación y publicación de la ley por el Presidente de la República. Una vez hecho esto, podrá legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato. Ese es el camino.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Sobre el Proceso de Selección del nuevo Presidente de la CEDH

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Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.

El Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.

Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.

Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.

Los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.

Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana?

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Si eres mujer no existes

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“Otra nota más de la captura del “Chapo” Guzmán” es lo que pienso por la mañana al ver la atención que tiene éste acontecimiento. Pues claro, podrían pensar si es la persona más buscada, es lógico que opaque las demás notas “no tan relevantes” del mundo, ya no digo de México; ¿y qué pasa los 365 días restantes?

Nuevo León es la segunda entidad en trata de mujeres para explotación sexual.

Les cuento, Nuevo León es la segunda entidad en trata de mujeres para explotación sexual. Irma Alma Ochoa de Artemisas por la Equidad expresó su preocupación por éste tema: “Aquí hay demanda de sexo comercial, por eso llegan aquí cada año más de 400 mujeres para ser explotadas sexualmente”. Ese futuro no sólo es para las mujeres provenientes de otras entidades de la república, ya que, se han entrevistado neolonesas desde los 11 hasta los 26 años, víctimas de la explotación sexual. Aunque puede sonar muy alarmante, para Nuevo León no y es que todavía hay más…

El tema de violencia de género nos incumbe a todos y es preocupante que esta institución le de la espalda a la comunidad neolonesa. Me queda la sensación de que en el Estado si eres mujer no existes.

La violencia contra la mujer se ha disparado en los últimos años, tenemos un 45% más de violencia de género. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se han contabilizado más de 14 mil 492 denuncias por este tipo de violencia. Durante el 2015, hay registro de más de 500 violaciones. No parece que se detenga pronto esta situación en Nuevo León, ya que, no existe una alerta de violencia de género. Desde el 2012, se solicitó emitir una alerta de violencia de género, pero fue negada por diferentes institutos, entre ellos uno cuyo fin máximo es la protección de la mujer: El Instituto de la Mujer. El tema de violencia de género nos incumbe a todos y es preocupante que esta institución le de la espalda a la comunidad neolonesa. Me queda la sensación de que en el Estado si eres mujer no existes.

¿Por qué queremos ocultar la dolorosa verdad de esta violencia de género? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Hemos normalizado la violencia y en particular la de género? Todos los días vivimos con el riesgo latente de ser desaparecidas por el crimen organizado con fines de explotación, y lo peor es que las cifras demuestran que hay poca gente dentro del gobierno que busca solucionar o prevenir éste delito. Sin mencionar que no existe ayuda integral para los familiares, empezando por el término legal de “desaparecida/o”, no existes y es literal. Para la ley no existes. Las familias se quedan en un limbo sentimental y legal. ¿Qué pasa con los hijos, hijas, esposas, esposos, deudas, negocios, propiedades, etc? Nadie sabe y es que la ley tampoco tuvo a bien contemplar los efectos colaterales.

¿Por qué sigue existiendo la trata? Porque hay personas que siguen considerando a las mujeres y niñas un objeto sexual, cuyo fin único es dar placer al hombre.

Por qué seguimos tolerando esta violencia, ¿Qué les enseñamos a nuestros/as niños/as y jóvenes? Por qué la sociedad sigue inmersa en un sistema machista. No existe un trato digno para todas las personas sin importar su género, seguimos encasillando en base a los roles. ¿Por qué sigue existiendo la trata? Porque hay personas que siguen considerando a las mujeres y niñas un objeto sexual, cuyo fin único es dar placer al hombre. Porque la violencia de género en todos los niveles sigue afectando el presente de las niñas o mujeres y determinando el futuro de la sociedad. Es problema de todos.
En el Estado debemos tratarlo como un tema de suma urgencia, a Nuevo León le urge emitir la alerta de violencia de género, le urge restablecer la paz perdida hace mucho tiempo, le urge sensibilizar a la sociedad sobre temas de género. Nos urge dejar de discutir sobre quién sufre más violencia de género, nos urge el hacer.

A Nuevo León le urgen feministas.

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