El uso de la pena capital en Arabia Saudita alcanzó niveles sin precedentes en 2023, según Amnistía Internacional, quien alertó sobre su aplicación en delitos no violentos vinculados a drogas.
Durante ese año, se ejecutó a 345 personas, la cifra más alta reportada en más de treinta años. Solo en los primeros seis meses de 2025, ya se contabilizan 180 ejecuciones, lo que podría marcar un nuevo récord.
De acuerdo con Reprieve, aproximadamente dos tercios de las ejecuciones más recientes se relacionan con delitos de drogas no letales.
Las autoridades saudíes no han explicado públicamente las razones detrás del aumento ni respondieron a los cuestionamientos de The Associated Press (AP). Esto contrasta con declaraciones previas del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, quien en 2022 aseguró: “Bueno, sobre la pena de muerte, nos deshicimos de todo, excepto de una categoría, y esta está escrita en el ‘Corán’, y no podemos hacer nada al respecto, incluso si quisiéramos hacer algo, porque es una enseñanza clara en el libro sagrado”.
Arabia Saudita se ubica entre los países que más aplican esta sanción, sólo detrás de China e Irán. AI registró al menos 25 extranjeros en el “corredor de la muerte” por delitos de drogas. La mayoría enfrentó procesos con escasa o nula defensa legal. Según Reprieve, más de la mitad de los ejecutados en lo que va del año eran foráneos.
Uno de ellos, Essam Ahmed, ciudadano egipcio, fue arrestado en 2021 y sentenciado tras ser forzado a transportar un paquete bajo amenaza. “Vivimos en terror, tenemos miedo cada mañana”, dijo un familiar anónimo. “No tenemos sentimientos, estamos muertos, la muerte sería más fácil”.
Pese a las reformas impulsadas en el reino, como permitir que las mujeres conduzcan o la llamada “Visión 2030”, el país eliminó en silencio una moratoria sobre ejecuciones por drogas anunciada en 2021.
Jeed Basyouni, de Reprieve, sostiene que el príncipe podría revertir esta política si lo deseara: “Podría hacer indultos masivos, insistir en reescribir las leyes para que estén en línea con el derecho internacional” y advirtió: “Los miles de millones gastados en las llamadas reformas […] enmascaran un estado autoritario donde las muertes diarias por delitos de drogas ahora son la norma”.