El Gobierno de México ha solicitado de manera formal a Estados Unidos que brinde información sobre el operativo fallido “Rápido y Furioso” con el que desde 2009 se han introducido más de 2,000 armas de gran calibre en el país, lo cual permitió el rearme de cárteles mexicanos.
Marcelo Ebrard, ministro de Asuntos Exteriores, ha apelado este lunes al “ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países” para solicitar a Washington información acerca de este fallido operativo.
Esta controvertida operación se llevó a cabo durante la Administración del expresidente Barack Obama a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), pero sin el conocimiento ni aprobación del Gobierno de México.
La ATF permitió la venta de armas a compradores ilegales en varias ciudades de Arizona, con la intención de rastrear este armamento y llegar hasta los líderes de los cárteles mexicanos, tal y como reconoció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2012.
No obstante, dicho operativo fracasó, “dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido, tan es así que el tráfico ilegal de armas ha seguido creciendo en los últimos años”, señaló el ministro de Exteriores mexicano.
A pesar que la Fiscalía de México del Gobierno de Felipe Calderón, negó rotundamente que tuviera constancia de lo que estaba ocurriendo, Ebrard ha explicado que la identificación de este armamento en territorio mexicano “sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades” del país, “puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización”.
El ministro ha dicho que está petición también se sustenta en el reconocimiento de Eric Holder, quién era secretario de Justicia de Estados Unidos, el cual “aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento del caso”.
“Si en efecto, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo entonces estaríamos hablando de graves violaciones de la Constitución”, ha señalado Ebrard, quien ha matizado que si no fuera así, habría sido el Gobierno de Washington quien “habría violado la soberanía nacional” al entregar armas a la delincuencia organizada provocando “homicidios y otros graves delitos” contra la sociedad mexicana.
Ebrard ha detallado que la Fiscalía ha enviado una solicitud a la ATF para que facilite toda la información que dispone en relación a este asunto desde septiembre de 2019 para que el Gobierno pueda conocer “las declaraciones de los procesados”, así como su relación con las armas que han sido recuperadas en México y con aquellas que “aún no se tiene registro de su recuperación”.
(Con Información de Publimetro)