Ni la alerta de violencia de género declarada a fines del año pasado, ni el hecho de que el asesinato de mujeres ya pueda ser procesado por sí solo como un delito independiente, han frenado los asesinatos contra ellas.

Tras la alerta declarada el 18 de noviembre del 2016, que debería obligar a las autoridades a intensificar las acciones para erradicar este tipo de asesinatos, han ocurrido 44 casos: de ellos, hubo 8 feminicidios a partir de la fecha de emisión de la alerta y hasta el 31 de diciembre de ese año. Y además, van 36 casos adicionales en este  2017.

“Desafortunadamente no se puede negar que la violencia sigue reinando en el estado de Nuevo León y desafortunadamente hemos visto que cuatro adolescentes han sido asesinadas”, cuestionó Irma Alma Ochoa, presidenta de Arthemisas por la Equidad, una organización no gubernamental que trabaja en favor de la erradicación de la violencia.

Es decir, la alerta no ha logrado bajar la violencia contra las mujeres y, si no se trabaja en prevención, se corre el riesgo de que en el 2017 se rebase la cifra de feminicidios reportados en el  2016, que fue de al menos 84 casos.

El gobierno estatal se comprometió a crear una fiscalía especializada para investigar los feminicidios, promesa que sigue en el aire, porque aunque ya hay una fiscal nombrada, la agencia especializada en asesinatos contra mujeres todavía no está instalada, y, por cuestión de la burocracia, para eso faltaría aproximadamente un mes más.

“Lo que esperamos mínimamente es ser escuchadas en nuestras peticiones, no tener que judicializar nuestras solicitudes como sucedió en el 2012, que Arthemisas tuvo que recurrir al amparo de la justicia federal para poder declarar esta alerta de género”, sostuvo Ochoa.

“Recordemos que todo esto se maneja a través de los recursos y mientras no bajen los recursos algunas de las actividades de las y los funcionarios quedan truncas en el proyecto de trabajo”, sostuvo.

La poca cultura del respeto al prójimo, la falta de valores y la violencia arraigada en la entidad, factores aunados a la tardaza y apatía oficial en generar políticas públicas, han disparado el fenómeno de asesinatos contra las mujeres.

En tanto, en el Congreso Local, en reiteradas ocasiones las diputadas y diputados han exigido a la autoridad estatal aplicarse en el tema porque no tendría que haber ni una sola muerte violenta contra ellas.

A los pocos meses de iniciada la nueva administración, Yamilette Orduña fue nombrada nueva titular del Instituto Estatal de las Mujeres, organismo para coadyuvar en la elaboración de políticas públicas para prevenir la violencia de género, pero la funcionaria llegó a ese cargo sin experiencia y totalmente desvinculada del tema.

De hecho, su nombramiento se interpretó como un premio tras haber sido derrotada como candidata a la alcaldía regia por un partido político que apoyó en las elecciones al ahora gobernador.