#HojaDeRuta: “Golpes a la Sociedad Civil Organizada”

Durante el último mes la sociedad civil organizada de Monterrey ha recibido un par de duros golpes por parte de las autoridades: el desaguisado y distanciamiento de los ediles metropolitanos a la plataforma Alcalde Cómo Vamos, y el rechazo del gobernador Jaime Rodríguez al Sistema Estatal Anticorrupción que diversas agrupaciones ciudadanas trabajaron junto al congreso. Aunque han abundado señalamientos e intentos de justificaciones por todas las partes involucradas, se ha debatido poco la lógica y cálculo de estas maniobras políticas. Aventuremos una explicación.

En el caso de la plataforma Alcalde Cómo Vamos, las señales de tensión y desgaste no son nuevas. La inconformidad de los alcaldes había sido expresada en anteriores ocasiones, la verdadera pregunta es: ¿por qué los alcaldes pueden con tal ligereza amenazar con abandonar la plataforma o condicionar su permanencia? La respuesta es simple: porque tienen el capital político de su lado, y por tanto, el costo político de poner en entredicho, o incluso abandonar la plataforma, es relativamente bajo. Esto es debido a que las múltiples organizaciones que la conforman tienen larga trayectoria y defienden causas loables, pero en términos de real politik, cuentan con una muy limitada base social.

En este sentido, la sociedad civil organizada se conforma como una élite que está más cerca de la clase política que de la ciudadanía en general. Su arma principal es la vocería con resonancia mediática, la cual ejerce presión, pero como cualquier otro recurso, su efecto es limitado. Los esquemas tradicionales de consejos o conjunción de organizaciones suelen surtir efectos positivos, pero mantienen la participación limitada a las instituciones (sociales y privadas) tradicionales, por lo tanto limitando la representación. Por supuesto que la labor que estas organizaciones realizan es fundamental y de alto valor, el tema es que sus plataformas no se socializan lo suficiente.

Tomemos como ejemplo el Informe País para la Calidad de la Ciudadanía en México, realizado por el INE y el Colmex. Al medir el índice de confianza, el estudio encontró que solo el 30% de los mexicanos confía en los gobiernos municipales, y en las organizaciones de la sociedad civil, la cifra sube apenas a 40%. Esto da una idea de la distancia que existe entre la ciudadanía general tanto con las autoridades como con las organizaciones de la sociedad civil.

También podríamos tomar como ejemplo la elección de gobernador de 2015: se dio un fenómeno social hacia una opción alternativa que consiguió una votación inusitada, pero fue un tsunami, una gran ola que rompió rápido. Esto es lógico, la enorme mayoría de la ciudadanía está desorganizada. El citado estudio del INE aventura una hipótesis con tres elementos para explicar la debilidad ciudadana:

1. La desconfianza que existe entre la ciudadanía, y de la ciudadanía hacia la autoridad.

2. La desvinculación en redes que vayan más allá de la familia, amistades o religión.

3. La decepción ante los resultados de la democracia.

Una de las respuestas podría estar en impulsar una mayor organización y politización ciudadana, por ejemplo, mediante los Comités Ciudadanos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana estatal, cuestión que organizaciones como Alianza Cívica han visualizado e impulsado.

La clase política tienen recursos, herramientas, espacios y estructuras para generar cuadros, mantener organización y empujar su agenda. La sociedad civil flaquea en este aspecto, a pesar de ser mayoría. Ahí radica hoy su debilidad, y al mismo tiempo, el enorme poder por desarrollar.

 

¿Y qué sigue?, asumir nuestro rol ciudadano

Quitar a un gobernador, diputados o alcaldes a mitad de su gestión para la que fue elegido por el electorado de Nuevo León, denominada Revocación de Mandato, es quizá una las herramientas más publicitadas de la Ley de Participación Ciudadana que recién se promulgó en la entidad.

Y no se demerita el valor de esta figura, ya que desde el seno de una sociedad participativa y propositiva se podrá decidir sobre la permanencia del titular del Ejecutivo estatal, legisladores o ediles, si consideramos que han incumplido con sus deberes.

Pero vayamos más allá de lo anterior expuesto. Hablamos de la Ley de Participación Ciudadana como una herramienta de empoderamiento ciudadano, es decir, de cada uno de los individuos con derecho al voto. Pero, ¿cómo una sociedad puede participar de forma organizada y propositiva?

Hablamos de la Ley de Participación Ciudadana como una herramienta de empoderamiento ciudadano, es decir, de cada uno de los individuos con derecho al voto. Pero, ¿cómo una sociedad puede participar de forma organizada y propositiva?

Para pasar de la crítica a la acción hay una brecha muy amplia, pero no imposible. Y eso nos lleva a que la base esencial de esta legislación, que permaneció 12 años en el sueño de los justos, son precisamente las Asambleas y Comités ciudadanos. La primera de las herramientas anteriores tiene el objetivo de regular las juntas de vecinos desde donde se formulan propuestas para el desarrollo comunitario, emiten opiniones y dan seguimiento, además de evaluar las políticas, planes y servicios correspondientes a su sector.

Mientras que los Comités Ciudadanos, en representación de los habitantes de su colonia o sector, elaboran acciones de desarrollo comunitario, reciben información de las autoridades y emiten opiniones sobre programas y servicios públicos.
Digamos que ambas figuras son la base del empoderamiento ciudadano y el primer reflejo de una sociedad organizada. Desde allí inferimos entonces que la Participación Ciudadana es el derecho y la obligación de los ciudadanos de intervenir y participar, colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y actos de gobierno.

Para pasar de la crítica a la acción hay una brecha muy amplia, pero no imposible. Y eso nos lleva a que la base esencial de esta legislación, que permaneció 12 años en el sueño de los justos, son precisamente las Asambleas y Comités ciudadanos.

A lo largo del tiempo hemos aprendido que no todos los trayectos son fáciles, pero ya hemos dado el paso más importante. Nuestro deber ahora es no dejar que esta legislación se convierta en letra muerta.

¿Y qué sigue? La Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León entrará en vigor el 9 de noviembre, por lo que los municipios cuentan con un plazo aproximado de 180 días para adecuar sus respectivos reglamentos e integrar las figuras que contempla la legislación.

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