Sometimiento ineludible

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Todos los mexicanos, tenemos el derecho y la obligación de votar en las elecciones populares.

A través del ejercicio del referido derecho, en nuestro País elegimos al Presidente de la República, a quien se le deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión.

Cada uno de los Presidentes electos tienen su propio proyecto y visión, respecto de hacia donde quieren llevar a nuestra Nación, para lo cual organizan un sistema de planeación democrática, que imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural del País, al que se le denomina Plan Nacional de Desarrollo y al que deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal.

Para poder materializar su visión, es necesario proponer al Congreso de la Unión reformas a disposiciones secundarias e incluso en ocasiones a la Constitución.

Sobre el particular, durante el mandato de Vicente Fox se reformaron 31 artículos, con Felipe Calderón 110 artículos, Peña Nieto 155 artículos, mientras que durante la administración del Presidente López Obrador se han reformado 42 artículos, todos los anteriores de nuestra Constitución.

La facilidad y cantidad de reformas me parece deplorable, pues se trata de la Norma Fundamental en la que descansa la totalidad del sistema jurídico mexicano, el federalismo, la división de poderes, etc.

Máxime, que en cualquier Estado Constitucional lo conducente es que la actuación de las autoridades, incluyendo al Presidente, se subordinen a la Magna Carta y no, que ésta se subordine a su visión de la Nación.

Sobre este punto, una de las cuestiones que me parecen más alarmantes respecto a las modificaciones del texto Constitucional, es que cualquiera de sus preceptos puede ser reformado con la misma facilidad, pues su artículo 135 únicamente establece que las adiciones a nuestra Norma Fundamental requieren que el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, pero sin distinguir entre tipos de normas.

A efecto de ejemplificar la gravedad de la situación, hoy esta en análisis la pertinencia de reformar la Constitución para desaparecer algunos Organos Constitucionales Autónomos. De realizarse la referida reforma, debemos dimensionar que con la misma facilidad con la que pueden desaparecer dichos Organos podría llegar otro Presidente y Congreso, proponiendo y aprobando una reforma para modificar el sistema federal, subordinar al Poder Judicial, entre otras, pues insisto, el artículo 135 de nuestra Norma Fundamental no distingue entre los preceptos que pueden ser sujetos de modificación.

En atención a ésta problemática, ante sociedades y Constituciones cada vez más flageladas por sus gobernantes, considero oportuno que nuestro máximo ordenamiento reconozca algunas disposiciones como normas pétreas, esto es, disposiciones rígidas inmutables o con mayores requisitos que las demás para su modificación, a efecto de salvaguardar las instituciones prioritarias y la identidad nacional.

Un ejemplo de las normas que estimo deberían catalogarse como pétreas, son: la progresividad de los derechos humanos (artículo 1º), la nación única e indivisible (artículo 2º) principio de legalidad (artículos 14 y 16), derecho al voto (artículo 35), soberanía nacional (artículo 39), sistema republicano y federal (artículos 40), división de poderes (artículo 49), periodo de seis años y no reelección para los presidentes (artículo 83), independencia del poder judicial (artículo 94), medios de control constitucional (artículos 103, 105 y 107), responsabilidad de servidores públicos (artículo 108), obligación de los gobernadores para cumplir leyes federales (artículo 120), separación iglesia – estado (artículo 130), Supremacía Constitucional (artículo 133) y finalmente inviolabilidad de la Constitución (artículo 136).

Esto, pues son los preceptos sobre los que sin lugar a dudas descansa la identidad nacional, que a toda costa debemos salvaguardar y que definitivamente ninguna visión particular debe vulnerar.

Finalmente, debo insistir, en cualquier Sistema Constitucional todas las autoridades deben actuar con sometimiento ineludible a la Norma Fundamental.

La guerra del agua

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En el año de 1944, se celebró un Tratado de Aguas entre los Estados Unidos y México. En este, se pretendía puntualizar el aprovechamiento relativo a los cuerpos de agua que comparten ambas naciones. Como era de esperarse, al paso de los años, el hecho de no adecuar un tratado una vez mas ha traído consigo notables consecuencias y por ende, puntos controvertidos. A medida que se incrementan las diferencias y las afectaciones a los productores no cesan, en Chihuahua se está viviendo lo que en otras décadas pudiera haber sonado surrealista. Hoy en día una realidad: una guerra por el agua. 

El acuerdo previamente mencionado, detallaba que México debería entregar año tras año un total de 432 millones de metros cúbicos de agua y mientras tanto, Estados Unidos lo correspondiente a 1,850 millones. Sin embargo, en fechas recientes se declaró que México había acumulado una deuda por 426 millones de metros cúbicos. Cabe destacar, que como término final después de 5 años de prórroga, para el cumplimiento de esta obligación se fijó el próximo 24 de octubre.  Acercándose la fecha y en una situación bastante complicada, pese a que se ha sugerido en innumerables ocasiones renegociar el tratado ya que este carece de actualización alguna, esta idea ha sido rechazada por la actual Administración Pública Federal. 

Por su parte, los productores afectados por esta decisión se han visto en la forzosa necesidad de incurrir en múltiples movilizaciones a propósito de ser escuchados. Desgraciadamente, el pasado 8 de septiembre, esto llevó a un incidente en el cual una mujer perdió la vida y múltiples civiles se vieron afectados por parte de la Guardia Nacional. Los campesinos denunciaban que sus cosechas se verían afectadas por el consecuente desabastecimiento de agua y por lo tanto, el siguiente ciclo estaría en riesgo. En el marco de una pandemia, estos sucesos no son para nada alentadores. 

El Presidente López Obrador, declaró la mañana del 25 de septiembre que estos movimientos eran de carácter oportunista y que se encontraban fundados en intenciones de opositores corruptos. Lo anterior, no dejando de señalar cómo delincuentes a los respectivos líderes del movimiento. Sin embargo, los agricultores recalcaron que su intención es dialogar, a fin de poder contar con el agua necesaria para seguir trabajando el campo. Después de todo, ellos únicamente quieren tener la certeza de qué podrán salir adelante y que efectivamente, sus inquietudes serán resueltas. La falta de empatía por parte de la Federación es evidente. 

Mas allá de cumplir con una simple obligación, estamos ante una decisión que pone en riesgo el sustento de miles de campesinos y por ende la estabilidad económica de sus mismos hogares. Por otra parte, esto puede dañar el ecosistema que les rodea. Las aguas de la nación nos conciernen a todos, en estos momentos, antes de que se pretenda cumplir con una obligación es necesario pensar en la responsabilidad que hay por parte de Gobierno Federal hacia los productores que año tras año contribuyen con sus ingresos. 

A fin de poder resolver esta problemática el diálogo por parte de la Administración Pública Federal con expertos en la materia y ciudadanos afectados será crucial. No hay forma de poder dar respuesta a esta problemática sin que se tengan por contempladas las opiniones de los productores que tanto han aportado a nuestra nación. Si es necesario renegociar, esas son las facultades para las cuales deberían estar preparadas nuestras autoridades. Poniendo por delante las necesidades del pueblo mexicano y después las de otros países. Ahora más que nunca, debemos luchar porque a los mexicanos se les escuche y no a que se les repriman o quiten recursos.

El Programa Anticorrupción del Gobierno Federal

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El treinta de agosto del 2019 se publicó en el DOF el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCI o  Programa Anticorrupción) del Presidente López Obrador. En esta entrega se analizará dicho programa. En primer término, con relación al fundamento jurídico para su expedición; posteriormente, en un aspecto de honestidad intelectual en cuanto a la cita de una fuente; y, finalmente, sobre si el PNCCI cuenta con un enfoque de derechos humanos, de acuerdo con las directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Programa Anticorrupción se sustenta en la obligación del Ejecutivo Federal de emitir, a más tardar el 30 de agosto del primer año de gobierno, un programa en el que se establezcan “(…) los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal (…)” (art. 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). No obstante, dicha norma no es fundamento para un programa específico de combate a la corrupción. Esto es así, porque con la reforma constitucional de 2015 la facultad de diseñar la política anticorrupción del país corresponde al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (arts. 113 CPEUM y 9º, fracción III de la Ley General del SNA). Esperemos que no haya conflictos en la implementación del PNCCI y la Política Nacional Anticorrupción y los programas que de ella se deriven, porque este choque sería el mejor de los escenarios para las redes de corrupción que operan en el país.

Por otro lado, con relación a la honestidad en la cita de las fuentes utilizadas en el Programa Anticorrupción, es de señalarse que en él se parte de conceptualizar a la corrupción como “(…) una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía” (PNCCI 2019: 3). Este concepto de corrupción se denomina “corrupción estructural” y fue delineado por la actual Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en su artículo From “Institutional” to “Structural” Corruption: Rethinking Accountability in a World of Public-Private Partnerships (2013). En este trabajo la Dra. Sandoval invita a trascender el enfoque micro organizacional de la corrupción, resumido en la fórmula de Klitgaard conocida como “corrupción es igual a monopolio del agente público (o de la acción pública) más discrecionalidad menos rendición de cuentas” (11). La Dra. Sandoval afirma en su investigación: “I define ‘structural corruption‘ as a specific form of social domination characterized by abuse, simulation, and misappropriation of resources arising from a pronounced differential in structural power“. (9). ¿Puede el Ejecutivo Federal usar una idea tomada de un libro de su Secretaria de la Función Pública sin darle crédito? Contundentemente no. No puede hacerlo aunque ella esté jerárquicamente subordinada al Presidente de la República. En cualquier institución educativa esto sería considerado un acto de deshonestidad académica.

Ahora pasemos a estudiar si el PNCCI cuenta con un enfoque de derechos humanos (EDDHH). Ya en mi colaboración anterior había sintetizado las directrices de la CIDH que se derivan de su documento Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos (2019). Por cuestiones de espacio solamente me centraré en tres aspectos: Primero, en uno meramente formal consistente en el número de veces que se expresan las palabras derechos humanos en el Programa Anticorrupción; segundo, en analizar el PNCCI buscando si las víctimas de la corrupción están colocadas en el centro de dicho programa; y, por último, si el programa cuenta con un enfoque de género.

Muy difícilmente podría afirmarse que un programa anticorrupción cuenta con un EDDHH, si en él se expresan solamente en 3 ocasiones las palabras “derechos humanos”. Más aún, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del cual se deriva el PNCCI, se explicitan las palabras “derechos humanos” únicamente 9 veces. Puede aducirse que esto es una mera observación formal, pero considero que evidencia más bien el desdén en el enfoque de derechos humanos que debe tener toda política anticorrupción y, desde luego, los programas que de ella se deriven.

En segundo lugar, “el principio orientador y el punto de partida de toda política pública anticorrupción se asienta en la consideración de la centralidad de las víctimas de la corrupción” (CIDH 2019: 189). Me pregunto, ¿puede decirse que el PNCCI coloca en el centro de sus estrategias a las víctimas de la corrupción cuando no hay una sola mención relacionada con la reparación integral para las víctimas directas, indirectas y para la sociedad en su conjunto como se indica por parte de la CIDH? La respuesta sin duda es negativa. El Programa Anticorrupción no coloca en el centro de su acción a las víctimas de la corrupción. Si bien las tiene en cuenta en sus instrumentos de medición, no considera estrategia prioritaria o actividad puntual alguna en donde se contemple la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de la corrupción. De hecho, cuando en el PNCCI se expresan los efectos de la corrupción en la sociedad no hay una sola mención sobre la violación de derechos humanos y, por ende, tampoco considera estrategias o actividades para la reparación integral de las personas víctimas de las diversas expresiones de la corrupción en nuestro país. En resumen, una política integral de reparaciones desde el EDDHH implica, según afirma la CIDH, dos dimensiones: i) “investigar, restituir, rehabilitar e indemnizar a las víctimas directas” y ii) “promover la justicia y fortalecer el estado democrático de derecho” (CIDH 2018: 64). Aunque pudiera contar con lo segundo como un presupuesto metodológico genérico, no tiene una sola estrategia o acción para la restitución, rehabilitación e indemnización de las víctimas de la corrupción.

Finalmente, uno de los principios que debe atender una política anticorrupción con enfoque de derechos humanos es la “inclusión de la perspectiva de género y diversidad” (CIDH 2019). Este enfoque, en cualquier política pública con EDDHH implica tres obligaciones al momento de la definición de las decisiones de política pública: en primer lugar, considerar el impacto diferenciado que puedan tener las medidas adoptadas en hombres y en mujeres; en segundo lugar, la inclusión de la opinión de ambos géneros, particularmente de las mujeres, en todas las etapas del ciclo de política pública; y, en tercer lugar, en qué medida las acciones adoptadas contribuirán a disminuir las brechas entre mujeres y hombres (CIDH 2018: 32). En otras palabras, y concentrado en la inclusión del enfoque de género, este principio debe promover “(…) que los grupos marginados o excluidos del disfrute de sus derechos sean identificados y que se formulen políticas que corrijan positivamente las desigualdades sociales para garantizar la realización universal de los derechos” (IPPDH 2014: 26). En el PNICC no hay una sola estrategia, ni siquiera una consideración de problema público, en donde se tome en cuenta a las mujeres y el impacto diferenciado que tiene la corrupción en ellas (ni siquier se menciona la palabra mujer o mujeres en el documento); en ese sentido, no se considera el análisis, ni aun exploratorio, de una muy preocupante cara de la corrupción que afecta desporporcionadamente a niñas y mujeres: la sextorsión (TI 2020).

En resumen, el Programa Anticorrupción del Ejecutivo Federal (2019-2024) tiene un fundamento jurídico cuestionable, tomando en cuenta la previsión constitucional de una sola política nacional anticorrupción; parte de una falla de honestidad intelectual al no reconocer la fuente del concepto de corrupción estructural del cual parte; y, finalmente, no tiene un enfoque de derechos humanos porque apenas menciona en tres ocasiones las palabras “derechos humanos”; no coloca en su centro a las víctimas directas o indirectas de la corrupción, dado que no propone mecanismos de reparación integral y, por último, no incluye una perpsectiva de género en su definición del problema, conceptualización del problema y tampoco en sus estrategias y sus acciones.

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 06-03-2020.

Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH). 2014. Ganar derechos. Lineamientos para la formulación de políticas públicas basadas en derechos. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2014/12/GanarDerechos_Lineamientos1.pdf (consultado el 2 de mayo del 2020).

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Última reforma publicada DOF 19-11-2019.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Publicada DOF 18 de julio de 2016.

SANDOVAL-BALLESTEROS Irma E. 2013. “From ‘Institutional’ to ‘Structural’ Corruption: Rethinking Accountability in a World of Public-Private Partnerships”. En Edmond J. Safra Working Papers, No. 33. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370576 (consultado el 2 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.

Transparency International (TI). 2020. Breaking the silence around sextortion. The links between power, sex and corruption. Disponible en: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/breaking_the_silence_around_sextortion (consultado el 2 de mayo del 2020).

Hacienda ordena correr a personal de delegaciones

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La Secretaría de Hacienda ordenó a todos los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno despedir a todo el personal que contrataron a partir del primero de diciembre de 2018 para laborar en las delegaciones u oficinas de representación.

A través de un oficio, la Oficial Mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, pidió a los funcionarios federales separar de su cargo a quienes hayan sido colocados en plazas eventuales, permanentes o de honorarios para esos puestos.

En el documento, la funcionaria sostiene que se trata de una instrucción de carácter presidencial, en el marco de la nueva política de contrataciones de la Administración federal.

“Hago de su conocimiento que, por instrucciones del Señor Presidente de la República, toda aquella persona contratada a partir del primero de diciembre del 2018 en alguna plaza permanente, eventual o de honorarios, en cualquier delegación u oficina de representación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

“Deberá ser separada de su encargo el día de la recepción del presente oficio, en el marco de las disposiciones legales aplicables”, refiere el oficio 0964, fechado el lunes 29 de abril.

En el documento se hace referencia a las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con las que desaparecieron o se eliminaron las llamadas delegaciones federales en los estados.

Sin embargo, tanto en el articulado como en el régimen transitorio, los legisladores dejaron abierta la puerta a que algunas dependencias conservaran las oficinas en los estados siempre y cuando justificaran su permanencia por los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía.

La Oficialía Mayor de Hacienda explica en el documento que para realizar una reestructuración integral de la Administración, a través de un proceso ordenado, se emitió el oficio 100-0094 el pasado 7 de diciembre, con los criterios de control presupuestario de los Servicios Personales.

En el numeral seis de ese documento se estableció que no se podría realizar la contratación de personal de plazas para las delegaciones en los estados.

Sin embargo, en el mismo oficio se refirió que,  en caso de que los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas justificaran la necesidad de mantener esas oficinas, la Oficialía podía realizar los trámites ante la Subsecretaría de Egresos para ello.

Posteriormente, el 28 de enero de este año, el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, emitió el oficio 100-032 en el que reiteró la prohibición para que las dependencias y entidades contrataran personal en plazas permanentes, eventuales y de honorarios adscritas a las delegaciones y oficinas de representación.

En otro oficio, el 100-053, del 15 de febrero, firmado también por el Secretario, se dejó sin efectos el documento emitido en diciembre, en relación a los controles para la contratación de plazas.

Pero se mantuvo la restricción para no realizar contrataciones que ahora lleva a la dependencia a pedir los despidos.

Avalan facultad presidencial para comisiones presidenciales de investigación

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La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó con 20 votos a favor y 5 en contra el predictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con la cual se plantea la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como el cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría del Bienestar.

Este predictamen será sometido a votación ante el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados para crear el andamiaje de las instituciones con las que gobernará el próximo presidente de la RepúblicaAndrés Manuel López Obrador, y además de cambios de nombre a algunas secretarías, propone que la Secretaría de Gobernación deje las responsabilidad de la seguridad federal en el país, y estas facultades pasen a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, misma que tendrá las facultades de Protección Civil, y vigilancia e inteligencia gubernamental que tenía el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN); en cambio, la Secretaría de Gobernación será responsable, únicamente, de conducir el diálogo de la política interior con los diferentes actores sociales.

La nueva Secretaría de Seguridad será encargada de “formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal“, así como “coadyuvar a la prevención del delito”, de acuerdo al predictamen.

En cuanto a los llamados super delegados estatales, estos pasarán a cargo de la Secretaría del Bienestar y no a la Oficina de la Presidencia de la República, como originalmente se planteaba, sin embargo, estos 32 funcionarios federales seguirán siendo subordinados del presdente de la República, toda vez que el dictamen señala que “el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de los Programas para el Desarrollo“.

Durante la sesión ordinaria de trabajo de dicha comisión, se aprobó también el dictamen por el que se modifica al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y con el que se da pie a la creación de comisiones presidenciales, de modo que con esto, el próximo presidente podrá cumplir con su compromiso de implementar Comisiones de la Verdad.

Es destacada la cooperación en transición: EPN y AMLO

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El presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador iniciaron la tarde de este lunes el proceso de transición de la Administración Pública Federal y el acercamiento entre ambos equipos de trabajo.

En un mensaje conjunto en Palacio Nacional tras encabezar una reunión privada de los equipos de transición, Peña Nieto destacó que por el bien de México se busca un proceso ordenado.

A su vez López Obrador celebró que la transición se lleve a cabo de manera institucional y respetuosa, y agradeció al presidente Peña Nieto el gesto de coordinación conjunta.

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que facilitará toda la información a la administración entrante para que tome las decisiones y definiciones de políticas públicas de gobierno de las que, dijo, será respetuoso a partir del 1 de diciembre.

En rueda de prensa conjunta, señaló que hubo un diálogo en un clima de respeto y cordialidad sobre el proceso de transición para hacerlo muy eficiente, y recordó que nunca había ocurrido en el pasado reciente una reunión como esta.

“Sin duda se trata de un encuentro inédito toda vez que no había ocurrido en el pasado reciente el tener a estas alturas de la transición ya definidos quiénes serán los titulares de las dependencias gubernamentales de la Administración Pública Federal“, indicó.

“El motivo de este encuentro es precisamente dar formalmente iniciado este proceso de transición y de acercamiento entre los dos equipos de trabajo“, expresó.

“Quiero dejar aquí constancia de reconocimiento al presidente electo de nuestro país por la apertura, por la disposición, por el interés que ha tenido en conocer temas de la Administración Pública Federal y evidentemente este gobierno será absolutamente respetuoso de las definiciones y decisiones que se tomen a partir del 1 de diciembre”, aseguró.

A su vez, López Obrador manifestó que “es una transición institucional porque surje de un proceso electoral democrático. Se está cumpliendo el mandato de nuestro pueblo”.

“Hemos recibido el apoyo sin condición del presidente constitucional Enrique Peña Nieto, nosotros también, en correspondencia, hemos reafirmado nuestra decisión de respetar al actual gobierno hasta el último día de su mandato”, destacó.

“Tengamos en cuenta que, por ejemplo, se va a elaborar el presupuesto para el año próximo y esto requiere de trabajo conjunto. Y así en otros asuntos, en otros casos”, agregó.

“Estamos muy satisfechos y de manera sincera le agradecemos al presidente Enrique Peña Nieto, a su equipo, al gabinete actual, por este gesto institucional, de respeto y de colaboración conjunta“, añadió.

PAN y PRD acusan a AMLO de ‘siembra’ de candidatos

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El PAN y el PRD acusaron que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pretende utilizar la figura de los coordinadores estatales del Gobierno federal para “sembrar” posibles candidatos a gobernadores en las próximas elecciones.

Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, señaló, a través de un comunicado, que el próximo presidente de México utilizará el perfil de los coordinadores estatales como operadores políticos y así competir con la figura de gobernador en cada entidad.

En la lista de coordinadores estatales de programas de desarrollo, una figura recién propuesta por Andrés Manuel López Obrador para sustituir a todas las delegaciones del Gobierno federal en los estados, figuran, entre otros, Delfina Gómez, la cual perdió la elección de Gobernador del Estado de México ante Alfredo Del Mazo.

También figura en la lista de coordinadores estatales propuestos por Andrés Manuel, Miguel Ángel Navarro, quien fue derrotado por el actual Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría; Joaquín Díaz Mena, quien fue el rival en Yucatán del recién electo Mauricio Vila; Carlos Lomelí, en Jalisco, quien fue el candidato a Gobernador de Morena en Jalisco; o Amílcar Sandoval, quien compitió contra Héctor Astudillo por el Gobierno de Guerrero, apuntó.

“No son perfiles técnicos ni administrativos, sino netamente políticos, concretamente de operadores electorales que van a ser una especie de virreyes frente a Gobernadores legítimamente electos por los ciudadanos. Es un descaro que no podemos permitir como sociedad. López Obrador está abusando de su alta votación para imponer un control inadecuado a nivel local; es necesario que defendamos a las instituciones democráticas“, expresó Damián Zepeda en el comunicado.

El presidente nacional del PAN indicó que son adecuados y bienvenidos los esfuerzos por tener mayor austeridad en el Gobierno, pero consideró que ese no puede ser el pretexto para invadir las atribuciones y competencias de las entidades federativas.

Por su parte, Ángel Ávila, secretario general del PRD, aseguró, en entrevista telefónica con Reforma, que los gobernadores que fueron electos a través de un voto ciudadano pueden tener conflictos con los coordinadores estatales propuestos López Obrador, ya que esta última figura concentrará toda la gestión de la Administración pública federal.

De esta manera, continuó, los coordinadores estatales podrán utilizar recursos públicos para construir una candidatura para las próximas elecciones.

“No se debería de permitir que López Obrador empezara a sembrar posibles candidatos a gobernadores para las próximas elecciones con este tipo de coordinadores. Así como lo veo yo, estos coordinadores estatales utilizarán los recursos públicos de la Administración federal para empezar a hacer una candidatura y constuir una candidatura desde esos espacios”, afirmó Ángel.

Algunos perfiles de los coordinadores estatales, subrayó, son ex candidatos de Morena a gubernaturas que ahora competirán con los Gobernadores que sí fueron electos mediante el voto ciudadano.

“Por ejemplo, no creo que sea una casualidad que Delfina Gómez, la ex candidata de Morena a la Gubernatura, sea ahora nombrada coordinadora del Estado de México y que, a través del uso de recursos públicos federales, más que construir ciudadanía se va a construir una candidatura“, agregó.

El secretario general del PRD confió en que predomine el respeto en los ámbitos federales y estatales que le corresponde a cada quién y haya una buena coordinación entre los coordinadores estatales y los Gobernadores.

Gobierno de EPN otorga 70% de contratos sin licitar; IMSS, ISSSTE y CFE con más riesgo de caer en corrupción: IMCO

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Durante la actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

 De acuerdo con su reporte Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017.

El Imco señaló que a partir de la revisión de los contratos que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia, de transparencia y existencia de anomalías diversas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción y sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas.

Según el Imco, la base de datos generada también permitió identificar algunas prácticas contrataciones públicas que preocupan, como que tres instituciones concentren el 56 por ciento del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación, y que 30 (0.02 por ciento del total) proveedores se queden con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas.

Ante este panorama el IMCO propone una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones y establezcan procedimientos más sencillos y eficientes.

Asimismo propone una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución, además de reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas.

Propone también la creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas que se encargue de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a usar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.