Marihuana sí, marihuana no… Delgado ya tiene ganador

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Legalizar o no el cannabis es un debate a nivel mundial del que México no es ajeno. Ya en el año 2000 Gilberto Rincón, durante su campaña para la presidencia por el Partido Democracia Social, hablaba de la reglamentación de tal droga, lo que causó amplia polémica. 

Sin embargo, no fue hasta hace 12 años cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que diversas figuras de la sociedad civil y la academia vieron con buenos ojos la opción de regularizar. Esto buscando alternativas para proteger a los eslabones más bajos de la cadena. 

En 2015 se dio un primer gran paso, o gran retroceso, según el cristal con que se mire. Josefina Ricaño, Juan Francisco Torres, Armando Santacruz y José Pablo Girault, a través de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) recibieron el primer amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el uso lúdico de la marihuana, el cuál permitía sembrarla, cultivarla, prepararla, poseerla y transportarla. 

Otro hito fue cuando Graciela “Grace” Elizalde, una niña de ocho años con Síndrome de Lennox-Gastaut, abrió ese mismo año el debate sobre el uso terapéutico del cannabis en México. En abril de 2017 la Cámara de Diputados autorizó el uso medicinal y científico de la marihuana y sus derivados en México al aprobar las reformas del Senado a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Tras el quinto amparo recreativo otorgado por la SCJN en 2018, se creó jurisprudencia, lo que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana para esta intención, lo que en fines prácticos significó que cualquiera podía pedir un amparo para su consumo y este le sería otorgado. 

Pero esta historia apenas está comenzando a escribirse. A principios de año, el presidente de la Comisión de Salud de las Cámara de Senadores, Miguel Ángel Navarro, y la senadora Jesusa Rodríguez señalaron que el Dictamen para Uso Lúdico de la Marihuana estaría listo a más tardar en el mes de octubre. Y bueno, parece que no se equivocaron. 

Puntual con la llegada del 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, propuso permitir el autocultivo de hasta seis plantas de marihuana y la creación de Cannsalud, una empresa estatal para que el gobierno tenga la facultad exclusiva de su compra y venta en todo el país. 

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria contempla, además, la elaboración de la Ley General para el Control de Cannabis, modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. 

Hablemos ahora un poco de las actividades de Cannsalud. ¿De dónde viene la importancia de que el gobierno controle las actividades de compraventa de este producto? 

Sencillo, de que la apertura de un nuevo mercado lícito permite a México convertirse en una “potencia en producción de cannabis”, de acuerdo con las palabras de Delgado. 

El propósito fundamental de la empresa es abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos, registrando y sistematizando la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, entre otros. Igualmente, evitar que la comercialización de la marihuana sea acaparada por los “grandes intereses comerciales”. 

Claro está que la propuesta no puede entrar en vigor hasta que sea votada por la mayoría en senaduría y diputaciones, pero hay una importante diferencia en cuanto a ocasiones anteriores: la mayoría en ambas cámaras es de Morena y muchos de sus legisladores aseguran que puede ser un negocio lucrativo para las arcas públicas. 

Aún es incierto lo que sucederá durante las votaciones a final de este mes, lo que si podemos saber es que entre la población la idea de legalizar es cada vez más popular. Hasta hace un par de años, únicamente 13% apoyaba esta convicción. A noviembre de 2018, de acuerdo con la XVIII Encuesta de Percepción de Inseguridad Ciudadana, más de un 43% estaban a favor. ¿De qué lado estás tú? 

A Dos Años del Sismo del 19 de septiembre recordamos a los fallecidos; también al gobierno

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El 19 de septiembre es una fecha que los mexicanos difícilmente podremos olvidar y es que recordamos los sismos ocurridos en 1985 y 2017 que hicieron temblar al país, dejando cientos de víctimas mortales, además de cuantiosos daños materiales. 

Siendo día de luto nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, encabezó la ceremonia de izamiento de bandera a media asta en el Zócalo capitalino para recordar a los fallecidos; su duración fue de poco menos de 10 minutos. 

Este evento no solo nos recuerda a las personas que ya no están con nosotros, sino también los fatídicos errores cometidos y las promesas incumplidas del antiguo y actual Gobierno Federal. 

¿Existieron fallos que se pudieron prevenir? Claro. Entre las construcciones desplomadas tras el terremoto de 2017 destacaron obras con una antigüedad menor a 30 años. El plazo es importante porque, a partir de 1986, se expidieron leyes y protocolos para nuevas edificaciones que, al cumplir con un mínimo de requisitos, evitarían una devastación como la del 85. 

Pero esa no fue la última modificación. En 2010, por ejemplo, se prohibió legalmente en la Ciudad de México colocar en las azoteas de edificios anuncios o antenas para retransmitir señales de telefonía. Sin embargo, por lo menos dos de las construcciones caídas y 50 con daños tenían marquesinas con publicidad en la parte más alta; otra más contaba con una antena. 

Los panorámicos no fueron el único problema. Las revisiones posteriores al desastre revelaron que algunos inmuebles fueron elaborados con materiales de baja calidad. Incluso se hicieron remodelaciones en edificaciones desahuciadas por las autoridades después del sismo de 1985 y se vendieron como edificios de lujo en zonas cotizadas. 

El caso más grave en cuanto a irregularidades se dio en el Colegio Enrique Rébsamen donde fallecieron 19 niños y ocho adultos. La sección desplomada había sido construida apenas tres años atrás, contaba con una ampliación vertical ilegal donde se alojaba la dueña de la escuela y carecía de programas de Protección Civil. 

Aunque el siniestro que conmemoraba 32 años en ese momento dejó enseñanzas como la puesta en marcha de regulaciones de construcción consideradas de las mejores a nivel mundial, existieron errores en su cumplimiento que, aunque nunca sabremos por que ocurrieron, pudieron ser causados por conflictos de interés. 

¿Y qué ha sucedido con los damnificados? López Obrador habló de los avances del Programa Nacional de Reconstrucción en su conferencia matutina del 18 de septiembre. Informó que recibió, en diciembre de 2018, un avance en las restauraciones del 21%, contrario al 29% que declaró el expresidente Enrique Peña Nieto. 

Manifestó también que hoy, el avance general en la reconstrucción en vivienda es del 26% y se estima que a finales del año sea del 41%. Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, agregó que, en cuanto a inmuebles de salud, educación y cultura, el avance estimado al término de 2019 será de 71%. 

Pero poco se mencionó acerca de las familias en comunidades como El Platanar o San Juan Pilcaya en Puebla, personas que se sienten abandonadas por el gobierno que no ha cumplido su promesa de terminar las casas que les dio como regalo. 

Estos inmuebles llegaron gracias al exsecretario de Desarrollo Social de Puebla Gerardo Islas quien aseguró que el Gobierno Federal construiría casas nuevas. No obstante, el funcionario olvidó desde diciembre del año pasado que estas deben tener techo, puertas, ventanas e instalaciones de plomería y electricidad.  

De hecho, en esta fecha fue la última vez que los pobladores de dicha región vieron a las personas de la constructora Mejoramiento Integral Asistido (MIA) quienes realizaban las construcciones. A su partida, se llevaron diversos aditamentos que ya habían entregado a los afectados argumentando que debían terminar otras viviendas pero que pronto regresarían a reponer el material.

El presidente aseguró que para la reconstrucción de infraestructura no se tendrán limitantes presupuestales y se destinarán los recursos necesarios para lograr la conclusión de obras a finales del 2020. ¿La promesa será real esta vez? Esperemos que si.