Recientemente se ha hablado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en estas semanas ha sido discutido por organismos de la sociedad civil y adecuado en el estado por el Congreso. Según datos del INEGI, se vive un acto de corrupción cada 3.5 segundos en nuestro país y el 65% de los empresarios dicen haber sido participes en una situación así en las últimas encuestas. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presentó Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 123 de 176 países. Bajó 28 lugares que el índice anterior (2015) y los últimos ocho años hemos ido empeorando año con año.
Entre las cosas más destacables, además de la eliminación del fuero para diputados, está el fomento a la participación ciudadana y lo que podría ser una sanción tanto para el funcionario como para el ciudadano (persona física o moral) que sea involucrado en casos de corrupción.
Pocas veces en la historia reciente de nuestro país hemos visto tanta animadversión social y hartazgo sobre la corrupción. Parlamentarios europeos, líderes políticos internacionales, cámaras empresariales, asociaciones civiles y la sociedad han tenido eco de sus exigencias y “nace” el Sistema Nacional Anticurrupción.
Sin embargo, no todo es negativo, a pesar de que los pesimistas dicen que “es un elefante blanco que nace muerto”, los optimistas dicen que es un excelente paso para ir formando y fortaleciendo la institución. Es entendible la frustración social no solo ante la corrupción si no la impunidad y es que no es para menos si solo el 2% de las denuncias terminan generando un castigo.
Lo que es un hecho es que la sociedad está despertando y los políticos tendrán que ejercer sus gobiernos escuchando a la gente y privilegiando acciones que ayuden a prevenir, mitigar y desincentivar situaciones de corrupción.
Podría mencionar el ejemplo del Consejo Consultivo Anticorrupción implementado por el Alcalde Víctor Fuentes en San Nicolás de los Garza, el cual está integrado por organizaciones civiles como el Centro de Integración Ciudadana (CIC), Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC) y No a Conducir Ebrio (NACE); con lo cual se busca capacitar a servidores públicos e incentivar la denuncia ciudadana ante casos de extorción o corrupción en policía, tránsito e inspección “pagando” al ciudadano hasta $8,000 pesos en caso de aportar pruebas que ayuden a documentar los casos. También está el ejemplo de la administración de Mauricio Fernández en San Pedro Garza García en donde desde hace varias administraciones participan contralores 100% ciudadanos en todos los procesos de adquisiciones que son transmitidos en vivo por internet.
La clave del éxito para erradicar la corrupción será lograr la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, sin vínculo político ni compromisos o cuotas, pero es igual de importante no ser una sociedad permisiva y denunciar.