¿Y la corrupción?

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El combate a la corrupción es uno de los grandes temas que fue abanderado por la actual administración durante las elecciones del 2018. Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado múltiples veces que la corrupción es el origen de diversos problemas en México, y que él barrería estas prácticas como a una escalera “de arriba hacía abajo”. Si bien, el análisis es correcto y la corrupción es uno de los grandes temas pendientes, las estrategias y políticas públicas no pueden justificarse sin evidencia científica, ya que no entender el fenómeno de la corrupción impacta de manera considerable en su disminución o aumento. 

Recientemente, el INEGI emitió los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, y podemos ver que existen aciertos y retrocesos que son importantes insertar dentro del debate público. De acuerdo con dicha encuesta, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de la corrupción, tuvo una disminución de 91.1% en 2017 a 87.0% en 2019, ello quiere decir que existe un avance del 4.1%., podemos atribuir la disminución a la narrativa loprezobradorista sobre la ética en el servicio público y la manera discursiva con la cual se ha manejado sobre este tipo de temas. 

Si bien, por primera vez en nuestro país se formuló una Política Nacional Anticorrupción por el Comité Nacional Anticorrupción sumado con el énfasis de López Obrador sobre este tema, lamentablemente, la prevalencia de hechos de corrupción aumentó a una tasa del 15,732 en 2019, una diferencia de 1,097 sobre el 2017. Esto quiere decir que existe una mayor frecuencia de reportes de hechos  relacionado a la corrupción durante el año pasado. Esto va relacionado a un tema muy preocupante que es el aumento costo de la corrupción, ya que respecto al 2017, en 2019 subió un 68%, teniendo un valor total de 12,770 millones de pesos y 3,822 pesos por persona, lo que quiere decir que a la población le está costando de manera significativa la realización de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, afectando el acceso e ingresos de las personas. Aquí debemos hacer un paréntesis y aclaración, si analizamos los tipos de contactos con la autoridad en donde existió dicho aumento de prevalencia y costo, vemos que en su gran mayoría son temas locales como tenencia o impuestos vehicular, seguridad, educación, etc. Esto es importante que refuerza este señalamiento de diversos académicos y expertos en temas de corrupción, que señalan las estrategias locales son imperativas para poder combatir de manera efectiva la corrupción, ya que son el primer contacto con el ciudadano, haciendo especial énfasis en los ayuntamientos. 

En temas específicos, vemos que la corrupción aumentó en rubros como de servicios municipales que son permisos para vender en vía pública, servicios de agua potable y drenaje, etc. Si bien, los índices de corrupción sobre contacto con elementos de seguridad pública se mantiene casi igual, aún así continúa elevado el porcentaje ya que el 59.5% de la población que tuvo contacto con la policía sufrió de un hecho de corrupción, lo cual nos obliga a atender los orígenes y medios de control para evitar las malas prácticas dentro de los cuerpos policiacos. Todo lo anterior contrasta con la percepción de la confianza en instituciones públicas, ya que se percibe un aumento en la confianza al gobierno federal, gobiernos municipales estatales, jueces y magistrados, policías, etc. 

Otra evaluación que puede sumar al análisis es el índice de Percepción de la Corrupción de 2019 realizado por Transparencia Internacional ya que nuestro país avanzó 8 lugares en dicha evaluación, y lo más importante es que se detuvo la caída que durante 5 años consecutivos se tuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto. En gran medida, esto se debe al énfasis de López Obrador en combatir la corrupción y los casos que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera han llevado a cabo. 

Debemos que repensar la estrategia. Estos datos son reveladles ya que confirma lo que se  ha señalado desde un inicio: no se puede basar la estrategia únicamente en el ejemplo del de arriba. La corrupción es un fenómeno completo con múltiples aristas, la administración pública federal es sólo 1 elementos de los muchos que existen sí queremos tener un avance significativo. Debemos que incluir la perspectiva local y enfatizo a los ayuntamientos ya que son ese primer contacto ciudadano y el aspecto más vulnerable dentro del federalismo mexicano. Tenemos que reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción y verlo no cómo una herencia priista sino como una herramienta muy efectiva para el combate a la corrupción. Un tema importante además de la sanción y la impunidad, es la prevención, ya que uno de los pendientes es evitar futuros actos de corrupción, y creo que Andrés Manuel López Obrador debe medir el impacto de su llamada “austeridad republicana” y el recorte al gasto operativo de la administración pública federal, que si bien, aquí existe un tema de impacto negativo en la  eficacia de la gestión pública, es claro que dejar inoperante a los órganos públicos puede incidir en la prevalencia de casos y costos de la corrupción. Considero positivo que existe un interés y voluntad de la actual administración en estos temas, sin embargo, la voluntad política debe ir acompañada de acciones bien pensadas y estructuradas que vayan más allá del discurso y la narrativa. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

¡En picada! México baja otros 3 lugares en Índice de Transparencia Internacional

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México cayó tres lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, al pasar del lugar 135 al 138 de 180 a nivel mundial.

Nuestro país obtuvo 28 puntos, en una escala que va del 0 al 100, en el IPC 2018 por lo que se ubicó como el país pero calificado entre los miembros de la OCDE y quedaron atrás incluso de países que han pasado por problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica, como Grecia y Hungría.

Comparado con otros países latinoamericano, México esta 111 lugares abajo de Chile y por abajo de 53 lugares de Argentina. A los únicos países que rebasa son a Guatemala y Nicaragua, que igual enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática. 

Transparencia Internacional destaca que México no ha logrado desmantelar las redes de corrupción destacadas, ni las redes que “les han brindado protección política”.

“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, dijo Eduardo Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.

El organismo internacional hace una serie de recomendaciones para que México pueda mejorar su ubicación en el IPC, que incluyen consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar `rimeros resultados, corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos, desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de protección política en los diferentes órdenes del gobierno y mantener un esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.

Luchar contra la corrupción: La sociedad civil y la generación que cambiaría al país

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Hoy hablamos de casos de corrupción casi todos los días, es un mal que nos ha acompañado por décadas y que poco a poco gracias a trabajos periodísticos y hasta las redes sociales han permitido que las denuncias se vean reflejada en acciones concretas en su contra.

La gran corrupción política, más allá de la avaricia y el cinismo de la clase política, nos habla de la necesidad de reconstruir nuestro tejido social, volver a las instituciones al servicio de la ciudadanía y recuperar la confianza con buenas prácticas.

Alguna vez la llamaron “la generación que cambiaría al país”, al grupo que conformaron algunos gobernadores y exgobernadores, que sí cambiaron al país; la violencia, los escandalosos contratos, la malversación de recursos y una corrupción sin precedentes. Varios de estos exgobernadores han sido acusados y hasta encarcelados, pero qué ha pasado desde entonces; no solo deberían regresar lo que se llevaron, también debemos trabajar día a día para formar una clase política que responda a las necesidades de los ciudadanos.

Más de dieciséis gobernadores se encuentran actualmente bajo proceso, algunos no sólo por actos de corrupción, también destacan tortura y peculado entre los cargos. Hablar de una clase política que necesita un cambio, ha sido el común denominador en campañas desde hace unos años.

Las recomendaciones que Transparencia Internacional y Transparencia México hicieron al presentar su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016 no sólo nos habla de los escenarios que están pasando en la actualidad:

  1. Corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
  2. Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular.
  3. El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
  4. Además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
  5. En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales.
  6. En el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.” IT. http://www.tm.org.mx/ipc2016/ 

Las recomendaciones responden además al trabajo que aún queda por delante, un gran camino que aún nos toca recorrer, debemos seguir construyendo políticas públicas que permitan erradicar las malas prácticas y seguir alzando la voz para exigir instituciones más justas y cercanas a todos. Sigamos trabajando y pasando de las palabras a los hechos.

Un Nuevo Frente Contra la Corrupción

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Recientemente se ha hablado de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en estas semanas ha sido discutido por organismos de la sociedad civil y adecuado en el estado por el Congreso. Según datos del INEGI, se vive un acto de corrupción cada 3.5 segundos en nuestro país y el 65% de los empresarios dicen haber sido participes en una situación así en las últimas encuestas. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que presentó Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 123 de 176 países. Bajó 28 lugares que el índice anterior (2015) y los últimos ocho años hemos ido empeorando año con año.

Entre las cosas más destacables, además de la eliminación del fuero para diputados, está el fomento a la participación ciudadana y lo que podría ser una sanción tanto para el funcionario como para el ciudadano (persona física o moral) que sea involucrado en casos de corrupción.

Pocas veces en la historia reciente de nuestro país hemos visto tanta animadversión social y hartazgo sobre la corrupción. Parlamentarios europeos, líderes políticos internacionales, cámaras empresariales, asociaciones civiles y la sociedad han tenido eco de sus exigencias y “nace” el Sistema Nacional Anticurrupción.

Sin embargo, no todo es negativo, a pesar de que los pesimistas dicen que “es un elefante blanco que nace muerto”, los optimistas dicen que es un excelente paso para ir formando y fortaleciendo la institución. Es entendible la frustración social no solo ante la corrupción si no la impunidad y es que no es para menos si solo el 2% de las denuncias terminan generando un castigo.

Lo que es un hecho es que la sociedad está despertando y los políticos tendrán que ejercer sus gobiernos escuchando a la gente y privilegiando acciones que ayuden a prevenir, mitigar y desincentivar situaciones de corrupción.

Podría mencionar el ejemplo del Consejo Consultivo Anticorrupción implementado por el Alcalde Víctor Fuentes en San Nicolás de los Garza, el cual está integrado por organizaciones civiles como el Centro de Integración Ciudadana (CIC), Movimiento de Activación Ciudadana (MOVAC) y No a Conducir Ebrio (NACE); con lo cual se busca capacitar a servidores públicos e incentivar la denuncia ciudadana ante casos de extorción o corrupción en policía, tránsito e inspección “pagando” al ciudadano hasta $8,000 pesos en caso de aportar pruebas que ayuden a documentar los casos. También está el ejemplo de la administración de Mauricio Fernández en San Pedro Garza García en donde desde hace varias administraciones participan contralores 100% ciudadanos en todos los procesos de adquisiciones que son transmitidos en vivo por internet.

La clave del éxito para erradicar la corrupción será lograr la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, sin vínculo político ni compromisos o cuotas, pero es igual de importante no ser una sociedad permisiva y denunciar.