Quizá de manera generalizada podamos afirmar que un fiel protagonista de las campañas políticas en los últimos 3 procesos electorales ha sido el discurso de la lucha contra la corrupción y las distintas promesas o estrategias que abanderaba cada candidata o candidato en la materia.

Por ello me parece particularmente importante destacar que a tan solo 14 días del plazo límite que tienen las entidades para la implementación de su propio sistema anticorrupción (derivado de la reforma federal que crea el Sistema Nacional Anticorrupción), el número de los estados que carecen de avances al respecto asciende a la cantidad de 13.

Para dejar el punto bastante claro, estamos hablando de un rezago presentado en el 40 por ciento de las entidades en México.

El IMCO, COPARMEX y Transparencia Mexicana desarrollaron una herramienta amigable y de gran utilidad para medir la calidad legislativa tanto de la reforma constitucional como de las leyes locales que dieran vida a los sistemas locales anticorrupción. De acuerdo a los datos arrojados por el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, Sonora y Baja California son los punteros en cuanto al desarrollo de legislaciones locales calificadas como “satisfactorias” (mediante la medición de 31 indicadores que reflejan aspectos relevantes de armonización con la norma federal). La herramienta identifica además las constantes deficiencias encontrada en relación a los comités coordinadores.

Como mexicanas y mexicanos preocupados por este tema, resulta de gran relevancia estar al pendiente del proceso de implementación de estos sistemas, ya que de ellos dependerá la efectividad en el combate de la corrupción en nuestro escenario más cercano: lo local.