El martes 16 de junio, a través del comunicado 22/2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, hicieron público un crimen atroz que todos los mexicanos debemos deplorar.

Se trata, del asesinato en el Estado de Colima y en su domicilio del Juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas.

Lo cual, verdaderamente constituye un hecho que como sociedad debemos lamentar.

Primero, por que se trata de la privación ilegítima de dos vidas humanas, lo cual, además de un delito, siempre será una tragedia.

Pero también, porque el fallecido se trata de un Juez federal, es decir, de un funcionario público que no es elegido por sufragio, que constantemente es susceptible de ser calumniado y difamado pues su único pecado es el no encontrarse inmerso en la política y, que al igual que la gran mayoría de su gremio alcanzó su puesto y necesariamente se desempeño cumpliendo con los principios constitucionales de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que exige la carrera judicial.

Lo anterior, realizando su noble e invaluable labor, con los únicos propósitos de garantizar a todos los mexicanos el derecho humano de acceso a la justicia y salvaguardar nuestra Constitución.

Ambas, cuestiones que en nuestros días resultan para quien aún no lo tenga claro, prácticamente de procura existencial, pues implican la posibilidad efectiva del ciudadano de movilizar el aparato judicial para la defensa de sus derechos e intereses y además priorizando la interdicción de la arbitrariedad.

Así, el hecho de que nos hayan privado de un funcionario judicial no constituye únicamente un agravio en derecho penal, sino que también implica una vulneración total a la sociedad, pues precisamente para poder entablar una defensa efectiva de nuestros derechos es indispensable contar con un tribunal (juzgador).

Nunca debemos perder de vista, que son nuestros jueces quienes en esta sociedad constituyen el verdadero contrapeso contra la iniquidad e ignominia, pues precisamente son quienes someten a los legisladores y autoridades a la legalidad.

De igual forma, son quienes definen cuestiones verdaderamente relevantes para el País, cuando por irresolutos y timoratos los otros poderes no las quieren abordar.

En este sentido, hoy aprovecho para recordar:

– Que fueron nuestros juzgadores quienes declararon inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social del IMSS.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes resolvieron que las personas con discapacidad tienen el derecho de estar, aprender y participar en las escuelas sin ser discriminados, con todos los apoyos y ajustes razonables y que es obligación del Estado hacer lo necesario para garantizarles la educación.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes en principio reconocieron el derecho de todas las personas a contraer matrimonio independientemente de su sexo.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes han sometido a las autoridades de salud a garantizar el servicio médico a quienes se los han negado.

– Que fueron nuestros juzgadores quienes condenaron a la autoridad a indemnizar a quienes han sufrido un daño derivado de la actividad estatal irregular.

De ahí, que sea lamentable para todos los mexicanos la pérdida de un miembro del poder judicial.

Finalmente, invito a todo aquel que hoy me lee, a reconocer el trabajo y velar siempre por la integridad de los miembros del poder judicial, pues son precisamente ellos quienes sin titubear en última instancia nos protegen de la arbitrariedad.