Ministras de la 4T arrancan campaña por la Presidencia de la SCJN

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Un total de 3 mil 422 candidatos federales comenzaron este domingo la inédita campaña para la primera elección popular del Poder Judicial, el 1 de junio, cuando casi 100 millones de votantes pueden escoger 881 cargos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las actuales ministras de la SCJN, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines al Gobierno, arrancaron su campaña en la Ciudad de México y el Estado de México para buscar la mayor cantidad de votos y ser la primera presidenta electa de la Suprema Corte.

“Gracias por acompañarme en el inicio de esta campaña histórica, por primera vez en la historia de México se van a elegir a los integrantes del Poder Judicial federal y local, es una fecha trascendente”, declaró Ortiz en su primer evento, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Las tres ministras actuales de la Corte, propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), defendieron la reforma constitucional al Poder Judicial que promulgó el exmandatario en septiembre con el respaldo de la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum.

“Si sale bien esta elección, y va a salir bien porque ustedes van a ir a votar, la decisión está en sus manos, vamos a tener un Poder Judicial que va a ser la envidia de todos los países”, expuso Ortiz, una fundadora del partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ortiz, exdiputada federal (2012-2015) por Morena y el Partido del Trabajo (PT), aliado del actual Gobierno, prometió priorizar los derechos laborales y energéticos, los “intereses de México” ante los extranjeros, y la perspectiva de género.

“Yo quiero ser ministra de la Suprema Corte porque les quiero servir a ustedes, al pueblo de México, todos somos pueblo de México”, manifestó. “Además de ser mujer, (soy) mujer justa porque veo por las causas justas, no es nada más aplicar la ley técnicamente”, reivindicó.

 

Constructora de Tren Maya operó con facturera

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Una facturera emitió durante cuatro años comprobantes fiscales en favor de la constructora del Tramo Uno del Tren Maya.

Se trata de la firma portuguesa Mota Engil México, a cuyo nombre se emitieron 75 facturas por 173.3 millones de pesos entre 2015 y 2018, por compras y servicios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya determinó que fueron inexistentes.

Los comprobantes fiscales fueron expedidos por Distribuidora de Materiales de Construcción y Acabados Residenciales, presunta empresa fantasma, con domicilio en un departamento del edificio Mariano Escobedo 114, colonia Anáhuac.

El SAT determinó el pasado 28 de octubre en definitiva que tal distribuidora es una facturera, luego de que la empresa ni siquiera se defendió en un procedimiento que se le abrió en mayo, no probó que las operaciones amparadas en los comprobantes que expidió realmente existieran.

La Administración de Fiscalización Estratégica del SAT resolvió que Distribuidora no contaba con empleados ni activos fijos cuando realizó supuestas ventas de materiales y tareas de supervisión y administración de obras.

Los comprobantes emitidos por factureras pueden ser usados por los beneficiarios para deducir impuestos que no existieron, y de esa forma pagar menos impuestos, por lo que el SAT podría fincar créditos fiscales a Mota Engil, que también tiene la posibilidad de corregir voluntariamente la situación.

El pasado 23 de abril, Mota Engil, asociada con una empresa china y tres mexicanas, ganó el contrato de 15 mil 538 millones de pesos para construir la plataforma y vías férreas del Tramo Uno del Tren Maya, que irá de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche.

Distribuidora está en liquidación desde 2019, y expidió de 2015 a 2018 cientos de facturas por un total de 570 millones de pesos, por supuestas ventas de materiales y servicios de construcción a Mota Engil y otras 29 empresas.

Por ejemplo, también obtuvo facturas por 7.6 millones de pesos en 2018 Generadora Fénix, empresa creada por Mota Engil en asociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que recibió del anterior gobierno varias plantas de generación de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

También hay facturas por 2.7 millones de pesos a nombre de Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, que asociada con Mota Engil, ganó en 2014 un contrato de 2 mil 646 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la ampliación del Tren Eléctrico de Guadalajara.

Otras empresas que supuestamente pagaron a Distribuidora por bienes y servicios son Plaza Lindavista; Constructora Inmobiliaria Los Patos; City Coyoacán 4; Flow and Low de México; Ingeniería Total y Construcciones y Alcor de Occidente.

Estas empresas tienen actividades reales, a diferencia de otros esquemas descubiertos por el SAT, en que las factureras emiten comprobantes fiscales por montos millonarios, pero en favor de otras factureras.