PGR

Caso Ayotzinapa: El desinterés en su máxima expresión

by María Elizondo
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El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Caso Moreira: Atención Consular VIP

by Luis Garnica
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Moreira

Mucho hubieran agradecido el tipo de atención diplomática que hubo de parte de las autoridades mexicanas a Humberto Moreira nuestros connacionales, Edgar Tamayo Arias y Ramiro Hernández Llanas, ambos ejecutados por medio de la inyección letal en el estado de Texas. En ambos casos, hubo falta de atención consular, debido a que las autoridades estadounidenses procedieron erróneamente; pero el gobierno mexicano pocos esfuerzos hizo para evitar sus ejecuciones, situación muy diferente a lo sucedió en el caso de Humberto Moreira en España.

El gobierno mexicano pocos esfuerzos hizo para evitar sus ejecuciones, situación muy diferente a lo sucedió en el caso de Humberto Moreira en España.

El día de ayer, el diario de mayor circulación de habla hispana, El País, destapó el trato especial que recibió Humberto Moreira por parte del Estado Mexicano, en especifico de la Embajada de nuestro país en España y la Procuraduría General de la República, incluso se involucro la Procuradora y ex senadora por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arely Gómez González.

Según dice el artículo, el Estado Mexicano, desde hora uno después de la detención de Moreira, se puso a buscar a los mejores abogados de España para armar la defensa del ex Presidente Nacional del PRI. Además, hubo un apoyo absoluto de la Embajada de México hacia los familiares de Moreira.

El Estado Mexicano, desde hora uno después de la detención de Moreira, se puso a buscar a los mejores abogados de España para armar la defensa del ex Presidente Nacional del PRI.

El mismo reporte dice que, la noche de la detención del ex Gobernador de Coahuila, la PGR contactó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) para saber con exactitud por qué Moreira había sido detenido. La UDEF se negó a dar información por mas insistente que fueron los funcionarios de la PGR.

Las autoridades españolas quedaron sorprendidas por la manera que la embajada mexicana se volcó por completo sobre el caso de la detención de Moreira. Estaban sorprendidos, ya que en casos pasados donde mexicanos habían sido detenidos no había existido una atención de tal magnitud. Incluso un día antes de la resolución para darle libertad a Moreira, la mismísima Procuradora Arely Gómez habló con su contra parte española para saber la situación del ex gobernador.

Y es que si lo ponemos a analizar de manera muy objetiva, en ningún caso anterior a este en cualquier otro país del mundo, México había puesto tal atención. Recordemos el caso de los mexicanos en Malasia, que habían sido acusados por narcotráfico y sentenciados a pena de muerte. Aunque México afirmativamente dio la batalla, no dio una batalla parecida a la que dio por el ex Presidente del PRI.

De igual manera está el caso del mexicano Gonzalo Contreras Rincón acusado de narcotráfico y sentenciado a nueve años en prisión. En su caso, aunque su madre ha solicitado ayuda por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sus intentos han sido en vano, pues ni el mismo Enrique Peña Nieto ha dado apoyo al caso, al cual la madre del mexicano dice que el gobierno mexicano no le ha puesto atención alguna.

Es importante mencionar que defender y dar apoyo consular a un mexicano en el extranjero es una de las funciones que tienen los Consulados en otros países, pero la magnitud de la respuesta y el derrame de recursos económicos y humanos que debieron haber dejado tal respuesta para apoyar a Moreira no habían sido vistos antes, pues podemos ver el contraste de este caso con el de Contreras Rincón. ¿Por qué este trato especial al ex Presidente Nacional del PRI?

Humberto Moreira fue uno de los principales propulsores de la candidatura a la Presidencia de México de Enrique Peña Nieto, e incluso se presume que Moreira aportó recursos económicos durante la campaña del ahora Presidente de México.

Recordemos que Humberto Moreira fue uno de los principales propulsores de la candidatura a la Presidencia de México de Enrique Peña Nieto, e incluso se presume que Moreira aportó recursos económicos durante la campaña del ahora Presidente de México.

No se usted que considere, estimado lector, pero la situación es muy sospechosa. Actualmente, el único que le da seguimiento a los casos de mexicanos sentenciados a pena de muerte, no sólo en Estados Unidos sino en otros países del mundo, es la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, pues aunque el gobierno mexicano si apoya de una u otra manera, usualmente no procede con el rigor y eficacia como lo ha hecho en el caso de Moreira, donde no estaba en situación de perder la vida.

Sería interesante saber cuánto dinero se gastó para contratar a los mejores abogados para el caso.

Tendrán que ser las autoridades mexicanas las que den una explicación del por qué le dieron tal atención especial al caso de Moreira. De igual manera, sería interesante saber cuánto dinero se gastó para contratar a los mejores abogados para el caso. Mientras tanto en España, la Embajada se niega a dar declaración alguna sobre esta situación. Por otro lado, el caso contra Moreira sigue abierto, pero por el momento todo se maneja con secretismo.

La Casita de Arturo Escobar

by Luis Garnica
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La semana pasada la FEPADE giró una orden de arresto en contra el ex vocero del Partido Verde Ecologista de México y ahora ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación. Junto con él se giro una averiguación previa contra las empresas Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV; todos acusados por aportaciones de dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello.

Este partido —que tiene la bandera de ecologista y no lo es— ha cometido, desde la perspectiva de muchos expertos y ciudadanos, un sinfín de delitos electorales.

Si alguien quiere saber todo lo que está mal con la política mexicana sólo tiene que voltear a ver al PVEM. Este partido —que tiene la bandera de ecologista y no lo es— ha cometido, desde la perspectiva de muchos expertos y ciudadanos, un sinfín de delitos electorales. Incluso antes de las elecciones del 7 de junio, existió una petición en www.change.org para quitarles el registro.

Lo que me parece más descaro es que de este partido el Gobierno Federal haya seleccionado a Arturo Escobar como subsecretario, casi como si hubiera sido un regalo. Hoy Arturo tiene una orden de aprehensión por parte de la PGR.

Lo que me parece más descaro es que de este partido el Gobierno Federal haya seleccionado a Arturo Escobar como subsecretario, casi como si hubiera sido un regalo. Hoy Arturo tiene una orden de aprehensión por parte de la PGR.

Escobar, por ser miembro del PVEM, no estuvo en ningún momento exento del escrutinio público. El pasado mes de octubre Milenio hizo una historia sobre la casa que posee Arturo en Oaks at Sonterra, en el barrio de Stone Oaks, uno de los sectores más exclusivos de San Antonio, Texas.

El pasado mes de octubre Milenio hizo una historia sobre la casa que posee Arturo en Oaks at Sonterra, en el barrio de Stone Oaks, uno de los sectores más exclusivos de San Antonio, Texas.

Según información que Altavoz recolectó durante los pasados días, la casa fue adquirida por Escobar y su esposa, en el año 2007, a menos de un año de haber sido electo como senador. El salario del ex vocero del Verde en esa entonces era de alrededor de $129 mil pesos y el costo de la casa rondaba los $4 millones de pesos. La casa cuenta con 4 cuartos, 3 baños completos, y alberca y su costo actual de mercado es de $5 millones de pesos.

Arturo Escobar aclaró que la casa la adquirió por medio de un crédito, lo que me parece creíble, pero entonces ¿porqué no puso la casa en su declaración patrimonial?

Arturo Escobar aclaró que la casa la adquirió por medio de un crédito, lo que me parece creíble, pero entonces ¿porqué no puso la casa en su declaración patrimonial? ¿Qué esconde el ex vocero del PVEM y ex subsecretario? No sé usted, estimado lector, pero algo aquí me huele a gato encerrado. Creo que Arturo Escobar tiene muchas cosas que responder y no sólo a un delito electoral como hoy se le acusa.

Se adjuntan fotografías con información de la casa. Información de Bexar Data y Zillow.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Juicio justo e imparcial a Arturo Escobar

by María Santos
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Hace ya aproximadamente siete meses, lancé una petición en la plataforma Change.org para exigir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le retirara el registro al Partido Verde Ecologista de México por las graves y sistemáticas violaciones a la normatividad electoral. Recibí el importante apoyo de más de 165,000 mexicanos de todas partes de la República que, al igual que yo, están hartos y cansados de la impunidad.

Para la difusión de la petición digital y para la elaboración de la petición formal ante el INE, recibí la invaluable ayuda de la Sen. Martha Tagle, del Dr. Alfredo Figueroa, del Dr. Sergio Aguayo, del Dr. Eduardo Huchim, de la Lic. Paulina Arriaga, del Lic. Carlos Brito, del Lic. Genaro Lozano, del Lic. Alberto Serdán, del Lic. Alfredo Lecona, entre otros muchos expertos que supieron elaborar un impecable escrito para la solicitud formal.

Apelamos la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien desde hace aproximadamente tres meses no ha siquiera abierto el expediente para estudiarlo.

Lamentablemente, la solicitud fue resuelta en sentido negativo por el INE. Esto denotó parcialidad y subordinación con el Gobierno Federal, puesto que pruebas abundaban y argumentos sobraban. Además de que no supieron fundamentar y motivar satisfactoriamente su decisión. Por ello, apelamos la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien desde hace aproximadamente tres meses no ha siquiera abierto el expediente para estudiarlo.

A la par de esta situación, se estaba realizando una investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del hasta hace cuatro días Subsecretario de Prevención del Delito, Arturo Escobar, por la firma de contratos ilícitos, en su calidad de representante del PVEM, para la compra y entrega de tarjetas denominadas “Premia Platino” con el fin de atraer votos.

Santiago Nieto, titular de la FEPADE, expresó:

“Recibí la instrucción de la Procuradora General de la República de que actúe con absoluta imparcialidad. Mi ejercicio no es contra el partido político, sino contra las personas físicas que han incurrido en una conducta delictiva; buscamos mandar un mensaje, con independencia, de quiénes son los sujetos activos.”

Con base en la investigación de la FEPADE y las pruebas que tienen, la PGR solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ahora ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM.

Con base en la investigación de la FEPADE y las pruebas que tienen, la PGR solicitó a un juez federal que gire una orden de aprehensión contra el ahora ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM. El juez tiene un plazo de diez días para dictar o no dictar la orden, el cual vence el cinco de diciembre.

El PVEM ha respaldado enérgica y públicamente a su ex vocero. Parece ser que Arturo Escobar no es más que el “chivo expiatorio” del Gobierno Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente los de arriba decidieron rodar su cabeza para recuperar algo de credibilidad en la ciudadanía.

Eso no significa que vamos a prescindir de exigir que se lleve a cabo un juicio justo, con un juez imparcial, para procesar y, de ser probada en juicio su culpabilidad, para condenar a Arturo Escobar por ser un delincuente electoral.

Muchos ciudadanos nos damos cuenta de esto, no nos engañan. Pero eso no significa que vamos a prescindir de exigir que se lleve a cabo un juicio justo, con un juez imparcial, para procesar y, de ser probada en juicio su culpabilidad, para condenar a Arturo Escobar por ser un delincuente electoral.

Ante esta situación, la asociación civil llamada Cauce Ciudadano ha iniciado una petición en Change.org en la que exige a la FEPADE y a la PGR que hagan su trabajo. Nada más. Y cito:

“Es hora de que como ciudadanas y ciudadanos exijamos nuevamente a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer: un expediente impecable por parte de la FEPADE, para que las pruebas sean sólidas, y un juez autónomo del poder político para tener un juicio totalmente justo, para que no ocurra como en otros casos (como el caso Cassez) que por un pésimo actuar de las autoridades la verdad nunca salió a la luz.”

Me uno a esta petición de Cauce Ciudadano, e invito a quienes también estén cansados y hartos de la impunidad y de la simulación, que apoyen su petición con su firma. Link: change.org/p/juicio-a-arturo-escobar-por-delitos-electorales-snietocastillo-arelygomezglz

Asimismo, invito a Cauce Ciudadano y a los mexicanos que no se han unido aún a continuar la exigencia de que #QuitenRegistroAlVerde. Las investigaciones por delitos electorales en contra de su entonces representante legal demuestran que sí hubieron graves y sistemáticas violaciones a la ley.

Invito a Cauce Ciudadano y a los mexicanos que no se han unido aún a continuar la exigencia de que #QuitenRegistroAlVerde.

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