Durante el último mes la sociedad civil organizada de Monterrey ha recibido un par de duros golpes por parte de las autoridades: el desaguisado y distanciamiento de los ediles metropolitanos a la plataforma Alcalde Cómo Vamos, y el rechazo del gobernador Jaime Rodríguez al Sistema Estatal Anticorrupción que diversas agrupaciones ciudadanas trabajaron junto al congreso. Aunque han abundado señalamientos e intentos de justificaciones por todas las partes involucradas, se ha debatido poco la lógica y cálculo de estas maniobras políticas. Aventuremos una explicación.
En el caso de la plataforma Alcalde Cómo Vamos, las señales de tensión y desgaste no son nuevas. La inconformidad de los alcaldes había sido expresada en anteriores ocasiones, la verdadera pregunta es: ¿por qué los alcaldes pueden con tal ligereza amenazar con abandonar la plataforma o condicionar su permanencia? La respuesta es simple: porque tienen el capital político de su lado, y por tanto, el costo político de poner en entredicho, o incluso abandonar la plataforma, es relativamente bajo. Esto es debido a que las múltiples organizaciones que la conforman tienen larga trayectoria y defienden causas loables, pero en términos de real politik, cuentan con una muy limitada base social.
En este sentido, la sociedad civil organizada se conforma como una élite que está más cerca de la clase política que de la ciudadanía en general. Su arma principal es la vocería con resonancia mediática, la cual ejerce presión, pero como cualquier otro recurso, su efecto es limitado. Los esquemas tradicionales de consejos o conjunción de organizaciones suelen surtir efectos positivos, pero mantienen la participación limitada a las instituciones (sociales y privadas) tradicionales, por lo tanto limitando la representación. Por supuesto que la labor que estas organizaciones realizan es fundamental y de alto valor, el tema es que sus plataformas no se socializan lo suficiente.
Tomemos como ejemplo el Informe País para la Calidad de la Ciudadanía en México, realizado por el INE y el Colmex. Al medir el índice de confianza, el estudio encontró que solo el 30% de los mexicanos confía en los gobiernos municipales, y en las organizaciones de la sociedad civil, la cifra sube apenas a 40%. Esto da una idea de la distancia que existe entre la ciudadanía general tanto con las autoridades como con las organizaciones de la sociedad civil.
También podríamos tomar como ejemplo la elección de gobernador de 2015: se dio un fenómeno social hacia una opción alternativa que consiguió una votación inusitada, pero fue un tsunami, una gran ola que rompió rápido. Esto es lógico, la enorme mayoría de la ciudadanía está desorganizada. El citado estudio del INE aventura una hipótesis con tres elementos para explicar la debilidad ciudadana:
1. La desconfianza que existe entre la ciudadanía, y de la ciudadanía hacia la autoridad.
2. La desvinculación en redes que vayan más allá de la familia, amistades o religión.
3. La decepción ante los resultados de la democracia.
Una de las respuestas podría estar en impulsar una mayor organización y politización ciudadana, por ejemplo, mediante los Comités Ciudadanos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana estatal, cuestión que organizaciones como Alianza Cívica han visualizado e impulsado.
La clase política tienen recursos, herramientas, espacios y estructuras para generar cuadros, mantener organización y empujar su agenda. La sociedad civil flaquea en este aspecto, a pesar de ser mayoría. Ahí radica hoy su debilidad, y al mismo tiempo, el enorme poder por desarrollar.
