Denuncia Gobierno de Tamaulipas a la CFE por documentos apócrifos

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El Gobierno del Estado de Tamaulipas denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por elaborar y difundir documentos apócrifos, con fundamento en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La información indica que el motivo de la denuncia es para que las investigaciones identifiquen a los responsables de la falsificación para que sean sancionados confirme a Derecho y que el caso no quede impune.

Cabe recordar que el martes 29 de diciembre, en conferencia de prensa conjunta con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la CFE justificó la falta de suministro eléctrico a más de 100 millones de mexicanos, que ocurrió un día antes, por las supuestas afectaciones de un incendio de pastizales a dos líneas de transmisión localizadas en el municipio de Padilla.

Para ello, la CFE exhibió ante los medios de comunicación un documento apócrifo, con el propósito de atribuirle a la Coordinación Estatal de Protección Civil una comunicación que nunca existió.

En la denuncia del gobierno tamaulipeco se indica que, la falsificación de documentos en dicho caso, es evidente porque la firma expuesta del director de Coordinación con Municipios es diferente a la del funcionario.

El formato y la disposición de los logotipos incorporados en el documento son distintos a los empleados por la Coordinación Estatal de Protección Civil.

“Es falsa la descripción de hechos: Protección Civil no tuvo participación en el incendio, y las bitácoras no muestran llamada alguna de la CFE al 911”.

El numero de folio es fraudulento al no coincidir con la serie institucional, además de que carece de sellos de despachado.

“Ante la evidente falta de honestidad y comisión de delitos en la elaboración y difusión de documentos apócrifos, que quedó manifiesta en la conferencia de prensa encabezada por la CFE, estas conductas deben ser investigadas y deslindar las responsabilidades correspondientes”.

(Con información de El Universal)

Propuestas para una mejor Ciberseguridad en México

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En México el acceso a internet es un derecho constitucional, se trata de una tecnología que ofrece ventajas sustanciales para el desarrollo humano contemporáneo, y por tanto se tutela este derecho, al mismo tiempo se ha hecho necesario encontrar el modo de proteger a las personas y a la organizaciones de una serie de delitos que utilizan estas tecnologías para causar daños, obtener beneficios ilegales e incluso realizar ataques a infraestructuras sensibles a los países. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares de 2016 del INEGI, señala que en México 81 millones son usuarios de un celular, de estos  60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o Smartphone: un incremento de 9.7 por ciento sólo entre 2015 y 2016.

A la par que las personas y las organizaciones tienen acceso a voz, texto e imágenes que facilitan sus comunicaciones, información, interacción y la posibilidad de realizar todo tipo de transacciones económicas, ocurre que están expuestas a una serie de delitos de nueva generación en el orden digital. Las pérdidas a la economía mexicana fueron de 3 mil millones de dólares en el año 2013, al año siguiente 10 millones de persona en México fueron víctimas de cibercrímenes. De acuerdo a reportes de Ciberseguridad de Norton, 689 millones de personas fueron víctimas de algún ciberdelito en el mundo en el año 2016, de estas 22.4 millones son mexicanas; ahí se calcula que el costo de los cibercrímenes en 21 países seleccionados fue próximo a 126 mil millones de dólares: 5.5 mil millones se obtuvieron como resultado de crímenes cometidos en nuestro territorio; las causas más recurrentes en México fueron: robo de equipo celular (33%), falta de contraseñas seguras (26%) y correos hackeados (20%).

Por esta razón, y considerándose garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión y la privacidad de personas y organizaciones, la diputada federal Sofía González Torres del PVEM y el que escribe estas líneas del PRD en la Cámara de Diputados, propusimos una reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales con varios propósitos públicos.

En el Código Penal Federal se propuso; a) una reingeniería normativa a los delitos con sistemas informáticos o cometidos con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; b) confrontar con más elementos la pornografía infantil; perfeccionar el texto normativo en los delitos de Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; incorporar un delito, respecto al que intercepte datos informáticos, información o comunicaciones dirigidas, originadas o efectuadas en o dentro de un sistema informático o sistema que utilice sistemas de tecnologías de información y comunicación incluidas las emisiones electromagnéticas que transportan datos, información o comunicaciones; e incorporar un Capítulo III que agruparía a los Delitos Informáticos, los cuales se tipifican en: con el Abuso de Dispositivos; con la falsificación Informática; y con la Usurpación de Identidad Ajena. De igual forma, se adiciona una fracción XXII en el artículo 387 para tipificar el fraude informático.

En materia adjetiva penal, se adiciona una Sección VII relativa a los actos de investigación para obtener evidencias digitales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que agilizará la obtención de los medios de prueba para integrar las investigaciones de los delitos de manera ágil, eficaz y expedita acorde a las necesidades que nuestro mundo digital y nuestra ciudadanía nos demanda; además de otras disposiciones que permitirán tener una legislación robusta en beneficio de las personas y las organizaciones en México para que las autoridades puedan perseguir estos delitos con mayores capacidades.