No es ningún secreto que nuestro país tiene, desde hace varias décadas, una crisis en lo concerniente al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eventos como la matanza de Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa, y más recientemente, Nochixtlán, corroboran el latente problema que hoy se vive, el cual es causado en numerosas ocasiones por las mismas autoridades (nótese que, en todos los casos mencionados, existen supuestos de la participación de funcionarios públicos, además de las sospechas de intervención policial y militar).
Por otra parte, ¿qué medidas ha llevado a cabo el gobierno para solucionar esta evidente crisis? Desde hace tiempo, México se ha incorporado a organismos internacionales que velan por la protección a los derechos humanos, tales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), o bien, el CDH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).
Dichos organismos han señalado, en más de una ocasión, la falta de consideración que se tiene en torno al aseguramiento de los derechos fundamentales para con su población; ¿cuáles han sido las repercusiones de la integración de México a estas agrupaciones internacionales?
Si bien cabe destacar que, desde que México comenzó a fungir como miembro de diversos grupos de cooperación para el resguardo y protección de las antes llamadas garantías individuales, este ha tenido que darle una mayor ponderación a las mismas, así como aceptar la intervención de aquellos grupos, en casos que han causado gran difusión mediática, el problema no ha logrado disminuir más que de forma tenue.
A pesar de este supuesto “compromiso” para mejorar la defensa de nuestros derechos por medio de la subscripción antes dictada, los ataques y la represión continúan formando parte de la vida diaria de los mexicanos, sin importar si estos tienen como profesión el periodismo (México es calificado como el país con mayor riesgo para tal empresa), o si son maestros o aspirantes a los mismos (previamente mencionado de Ayotzinapa), o bien si son campesinos (San Quintín).
Ahora bien, ¿qué es lo que falta hacer para mejorar esta situación y garantizarle la dignidad y la existencia a cada miembro de la nación? Lo primero que habría que hacer es, reforzar nuestras instituciones antes de estar firmando acuerdos que sabemos, no vamos a cumplir; actualmente tenemos instituciones como la CNDH, la cual tiene por objeto la defensa de derechos humanos. No obstante, ¿cómo es posible que esta misma pueda defender nuestros derechos si su función se encuentra limitada a la “emisión de recomendaciones”?
Es preocupante observar casos, como lo ocurrido en Veracruz, donde pudimos ser testigos de una abierta represión hacia el periodismo y hacia todo aquel que se opusiera al gobernador, Javier Duarte, en donde las recomendaciones del organismo mencionado no trascendieron, a lo mucho, a un “jalón de orejas”.
Si en verdad queremos mejorar esta deplorable situación por la que pasamos, si en verdad queremos construir una nación más prospera y garantista de derechos, deberíamos empezar por darle “dientes” a nuestras instituciones protectoras de derechos fundamentales.
¿Cómo empezar con dicho cambio? Con algo tan simple como hacer de carácter vinculatorio (obligatorio) aquellas “recomendaciones” de la CNDH, para que así el poder judicial se encuentre obligado a investigar a los servidores públicos que la comisión ha señalado como posibles responsables de violaciones hacía los derechos reconocidos en la carta magna.
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