Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Y es que la cosa no da a menos. En 26 días del año 2016 (contados al día de hoy martes), ha habido un total de 37 personas sin vida, documentadas en fuentes abiertas, entre ejecuciones por parte de la delincuencia organizada así como en hechos delictivos del fuero común.

De estos hechos destaca la ejecución de 7 personas, en un mismo hecho, el día 9 de Enero en el municipio de Santa Catarina, atribuida según la Procuraduría de General de Justicia en el Estado (PGJE) a la disputa entre pandillas involucradas en actividades de narcomenudeo.

Pero, ¿cómo es esto tomado por las autoridades? Hemos visto que en lugar de hacer labores de coordinación e inteligencia, en materia de seguridad pública, se ha tomado como un estandarte político por parte del gobierno en turno.

Esto lo podemos ejemplificar de manera sencilla: cuando suceden brotes de violencia, como los que están ocurriendo, lo más común por parte de las autoridades es referir que es debido a que en equis administración pasada “se bajó la guardia”; o bien, que estas acciones obedecen a un reacomodo por parte de los cárteles de la delincuencia o incluso que son hechos aislados que son reacción de lo bien que se está haciendo el trabajo en seguridad pública.

Es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Este discurso repetitivo, sin un sustento pero con gran aceptación por parte de la ciudadanía, ha sido la principal forma de justificación de los hechos que se registran en la entidad. Y es que es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Pero, y ¿cuál es la estrategia política en todo esto? Hemos podido observar que se trata de una estratagema donde se busca responsabilizar a las nuevas administraciones de los hechos violentos, señalándose que estos “nuevos” funcionarios no son capaces de controlar y solventar el problema de seguridad. Es mejor regresar a lo que ya teníamos y a lo que estamos acostumbrados, justificando que la problemática delictiva que se presente al momento, no es particular de la entidad y que es parte de un entramado de la mismas organizaciones delictivas, que se “pelean el control” del trasiego y venta de estupefacientes en el Estado. Es problemática general y no es un caso particular del Estado.

¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

¿Cuál ha sido la respuesta de las actuales administraciones? El minimizar los hechos delictivos, como ya se mencionó antes. Por otra parte, la creación, reestructuración, depuración, incremento, etc. de los cuerpos de seguridad pública. ¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

Y es que esto implica que la reestructuración o renovación de los cuerpos policiacos, buenos y malos elementos por igual, es debido a que estos arrastran viejos vicios, y con las modificaciones en curso, podrán resarcirse el daño que se ha tenido, y de no ser así, se podría justificar al señalar: “Es una nueva policía, que se afronta a nuevos retos. Sin embargo, hay que darles tiempo para dar resultados.”

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

El incrementar el número de policías (sin una estrategia definida, pensando que un mayor número de elementos pueden disuadir a los criminales) y el colocar mandos de extracción militar y la construcción de cuerpos policiales semi militarizados, si bien han dado resultados en un corto plazo, no son la estrategia que se debe de seguir para combatir este mal que está por resurgir de nuevo. No obstante, es una carta política que es bien aceptada por la población en general.

La descomposición de los cuerpos policiacos, debido a los controles laxos y a la infiltración del crimen organizado, así como al poco interés que se les ha brindado al considerárseles como uno de los últimos eslabones para generar simpatía, ha generado una desconfianza general hacia las policías.

El haber tenido congelado por tanto tiempo temas tan importantes que son base para las efectivas políticas públicas y sociales como lo son las reformas en materia de seguridad, la importancia de la prevención del delito, la importancia de la participación de la ciudadanía dentro de las políticas, entre otros menesteres, solo sirvió para que la inseguridad se fuera desbordando hasta el punto de no poder contenerla efectivamente.

Si bien, los mandos militares han dado resultado en ciertos escenarios, está claro que la militarización de los cuerpos de seguridad no es el camino. La formación castrense no puede ser impuesta a los cuerpos policiales, cuya esencial es que son civiles.

Esta propuesta surge a razón que las fuerzas armadas son las que tienen una mejor percepción ante la ciudadanía, y es a través de su estructura y formación estricta, privilegiando el uso de la fuerza, como se reducirá la delincuencia.

Se debe de incidir más en el diseño de políticas de seguridad donde se privilegie la participación ciudadana desde un punto de vista multifactorial, donde se vea a la delincuencia desde un punto de vista multicausal, donde se hagan efectivas las reformas en materia seguridad y donde el trabajo policiaco se dignifique.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración. Hay que construir con base en lo que ha dado resultado, reestructurar lo que no ha funcionado como se esperaba, adaptarse a los cambios propios de la dinámica del Estado y crear una coordinación entre corporaciones, donde el protagonismo pase a segundo plano, y los resultados sean los que hablen por sí solos. La mejor manera para conocer la percepción de seguridad, es cuando no se comenta de la misma (incongruente, pero cierto).

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