La Cámara Baja estadounidense aprobó un proyecto de ley destinado a que se deje de exigir una prueba de vacunación contra el COVID-19 a los viajeros extranjeros que lleguen al país por avión.

La normativa recibió 227 votos a favor y 201 en contra y debe continuar ahora su tramitación en el Senado, donde los demócratas, que se oponen a eliminar ese requisito, tienen 48 escaños más el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris; mientras que republicanos ostentan otros 49 y hay 3 independientes de tendencia progresista.

El proyecto de ley establece que, en cuanto sea promulgado, se deje de exigir a los viajeros extranjeros una prueba de vacunación y que dejen de utilizarse fondos federales para hacer cumplir esas exigencias.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) establecen que los ciudadanos no estadounidenses e inmigrantes que no vivan en el país deben presentar una prueba de tener la pauta de vacunación completa.

Desde el pasado 5 de enero, a los viajeros que viajen de China, Hong Kong o Macao, o que hayan estado allí en los 10 días anteriores a su desplazamiento, se les exige además antes de embarcar una prueba negativa contra el COVID-19 o un certificado de recuperación.

“Este proyecto de ley supone una vuelta a la normalidad”, alegó el congresista republicano Brett Guthrie, mientras que el demócrata Frank Pallone señaló que a su grupo le “preocupa” la salud pública y que los CDC sostienen que ese requisito “es necesario para proteger a Estados Unidos”.

El número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en enero su punto más bajo en dos años, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades atribuyen esta disminución a la ampliación a inicios de enero del Título 42, una polémica normativa sanitaria, para permitir las expulsiones en caliente de los migrantes haitianos, cubanos y nicaragüenses

Al 31 de enero, las detenciones de personas de estas tres nacionalidades, junto con los venezolanos, quienes están sujetos al Título 42 desde octubre, disminuyeron a un promedio de 95 al día, una caída del 95 por ciento en comparación con los mil 231 arrestos diarios que se reportaron a inicios de mes, indicó un funcionario del DHS.

“En enero vimos el número más bajo de arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza desde febrero del 2021″, subrayó el funcionario.

El uso del Título 42 por parte del Gobierno de Joe Biden ha sido criticado ampliamente por organizaciones de derechos humanos e incluso algunos miembros del Partido Demócrata.

“Sobre el terreno, en la frontera, está muy claro que mucha gente de esas cuatro nacionalidades esperan en el lado mexicano e intentan desesperadamente conseguir una cita (con la aplicación de solicitud de asilo CBP One, que no puede satisfacer la demanda”, señaló Yael Schacher, directora para las Américas y Europa de la organización International Rescue Committee.

Mucha gente, en su opinión, está en peligro o en apuros y se arriesga a cruzar la frontera de incógnito en lugar de entregarse, tal y como habrían hecho antes de estar sujetos al Título 42.

A finales de enero, un grupo de 80 congresistas demócratas, encabezado por el senador Robert Menéndez, pidió al Ejecutivo dar marcha atrás a la decisión de expulsar a las personas de Cuba, Nicaragua y Haití que crucen la frontera con México.

“El Título 42 es una burla de la ley nacional e internacional”, escribieron.

El Gobierno de Biden se ha defendido de las críticas, asegurando que tiene que seguir aplicando ese programa por orden del Tribunal Supremo, que en diciembre aceptó una petición de una veintena de estados gobernados por republicanos y determinó que el Título 42 debía seguir activo.

Además de la expansión de la normativa, que restringe el acceso al asilo en la frontera, el Gobierno planea imponer un veto de cinco años de entrada a Estados Unidos a las personas que crucen la frontera de forma irregular.

La normativa, heredada del mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021), ha permitido más de 2,5 millones de arrestos desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.

La serie de terremotos que sacudió el sureste de Turquía y a los países vecinos este lunes se ha cobrado la vida de al menos 20 personas, informaron las autoridades turcas, que pidieron ayuda internacional.

La gobernación de la provincia de Sanliurfa, situada al sureste del epicentro, informó sobre 12 muertos en 16 edificios derrumbados.

El gobernador de Osmaniye, Erdinc Yilmaz, dijo en declaraciones a la emisora AHaber TV que 34 edificios colapsaron en su provincia, causando cinco muertos.

Según informó el gobernador de Malatya, Hulusi Sahin, unos 130 edificios quedaron destruidos en esa provincia, dejando un centenar de heridos y tres muertos.

El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, anunció que las autoridades turcas han emitido el grado 4 del estado de alarma, lo que incluye la solicitud de ayuda internacional.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, escribió en su cuenta de Twitter: “Esperamos que podamos superar esta catástrofe lo antes posible y con el menor daño posible”.

El terremoto principal de esta madrugada sucedió a las 01:17 h GMT, con una magnitud de 8.1, a una profundidad de unos 18 kilómetros en la provincia de Kahramanmaras, situada al sureste de Turquía.

Le siguieron fuertes réplicas, que afectaron las provincias de Gaziantep, Kahramanmaras, Adiyaman, Sanliurfa, Malatya, Kilis, Diyarbakir y Hatay.

La zona afectada se extiende sobre más de 500 kilómetros en el sur de Anatolia, donde se registran esta noche temperaturas bajo cero y nevadas, lo que dificulta las condiciones de quienes pernoctan ahora al aire libre.

Los seísmos se sintieron también en el norte de Siria, en Líbano, Israel y Georgia.

Se trata del mayor terremoto registrado en Turquía desde el ocurrido en 1999 en Izmit(7.6), que causó miles de muertos, algo mayor que el de Van en 2011 (7.2) que causó 600 muertos y el de Esmirna en 2020 (7.0) que causó 115 muertos.

Un grupo cristiano ha recolectado cerca de 21 mil firmas en una petición que rechaza una nueva candidatura del expresidente Donald Trump a la Casa Blanca al considerar que sería un “desastre” para el país y criticar sus “tácticas fascistas” y su implicación en el ataque al Capitolio de enero de 2021.

Faithful America tildó en su petición de alarmista y “plagado de mentiras el discurso del pasado 15 de noviembre en el que el republicano (2017-2021) anunció su aspiración presidencial para 2024.

“Trump dejó en claro que tiene la intención de redoblar las tácticas fascistas que llevaron al mortal ataque cristiano-nacionalista del 6 de enero en nuestro Capitolio”, señala el documento, cargado en su página de internet.

El grupo, fundado en 2004 y que afirma ser la comunidad en línea más grande que lucha por la justicia social, subraya que “otra presidencia de Trump sería un desastre para nuestro país”.

La petición, que se propuso una meta de 20 mil firmas, la superó rápidamente y ahora la aumentó a 25.000.

La organización definió a Trump como un “expresidente insurreccional” y lo acusó de usar “repetidamente la religión como arma en sus últimas dos campañas”.

La organización además criticó que “múltiples pastores hambrientos de poder y líderes nacionalistas cristianos como Mike Huckabee, Mark Burns y Eric Metaxas ya están haciendo cola para apoyarlo, fingiendo falsamente que hablan por todos los cristianos”.

Además de las aspiraciones presidenciales de Trump se prevé que el próximo 15 de febrero la exembajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, anunciará oficialmente su candidatura por el Partido Demócrata.