Author: Perla Villarreal Valdez

La educación que tenemos no es la educación que merecemos

by Perla Villarreal Valdez
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Durante años, la educación en Nuevo León ha salido adelante más por el esfuerzo de su gente que por la fortaleza de sus leyes. Maestras, maestros, familias y estudiantes han sostenido el sistema incluso cuando el marco legal que lo regula se fue quedando atrás.

Es cierto: el estado registra algunos de los mejores indicadores educativos del país. La cobertura escolar es alta, el abandono es menor al promedio nacional y existe una base sólida construida con el paso del tiempo. Pero esos avances no pertenecen a un gobierno ni a una administración. Son resultado de décadas de trabajo colectivo.

Y aun así, los números no cuentan toda la historia.

Porque tener buenos indicadores no significa que todo esté bien. Detrás de las estadísticas hay realidades que no siempre se ven: estudiantes que aprenden en condiciones desiguales, escuelas que hacen lo posible con recursos limitados y docentes que cargan, además del aula, con problemas sociales, emocionales y familiares que el sistema no siempre sabe cómo atender.

Ahí es donde la ley importa.

La Ley de Educación que hoy rige en Nuevo León es antigua y ya no responde al momento que vivimos. Desde 2019, México cuenta con una nueva Ley General de Educación que transformó la forma de entender la escuela: puso al centro los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la igualdad sustantiva y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Esa ley existe a nivel federal.
Pero en Nuevo León sigue sin reflejarse plenamente.

La consecuencia es clara: los derechos educativos no siempre están garantizados, sino sujetos a la voluntad, capacidad o sensibilidad de cada escuela. La inclusión se intenta, pero no se obliga. Y cuando no hay obligación, tampoco hay certeza.

Hubo un intento por corregir este rezago. Hace dos legislaturas, se aprobó un proyecto de nueva Ley de Educación, pero fue vetado por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Desde entonces, el tema quedó en pausa. Y mientras la política se detenía, la realidad siguió avanzando.

Hoy las aulas ya no son las mismas de hace diez o quince años.

Hoy hablamos de salud mental, de neurodivergencias, de violencia escolar, de acoso digital, de educación socioemocional, de brechas tecnológicas y de inclusión real, no solo en el discurso. Nada de eso puede atenderse con una ley pensada para otro contexto.

La educación inclusiva no es una moda ni un favor. Es justicia social.

Implica reconocer que no todas las niñas, niños y jóvenes parten del mismo punto. Que hay quienes enfrentan barreras físicas, cognitivas, emocionales o económicas para aprender. Y que la igualdad no se logra tratando a todos igual, sino garantizando apoyos distintos para necesidades distintas.

Pero la inclusión no puede seguir descansando únicamente en la buena voluntad del docente.

Hoy muchas maestras y maestros hacen inclusión sin capacitación suficiente, sin personal especializado y sin acompañamiento institucional. Se les pide resolverlo todo: aprendizaje, contención emocional, convivencia, prevención de violencia y atención a la diversidad. Y cuando algo falla, la responsabilidad recae casi siempre sobre ellos.

Eso no es justo.
Ni para el maestro.
Ni para el estudiante.

Una nueva Ley de Educación debe reconocer y proteger a quienes están frente al grupo. Dignificar su labor, garantizar condiciones seguras de trabajo y ofrecer respaldo real ante contextos cada vez más complejos. No se puede hablar de educación de calidad mientras quienes la sostienen trabajan desde el desgaste.

Porque cuidar a los maestros también es cuidar el derecho a aprender.

Hablar de calidad educativa no es hablar solo de evaluaciones o rankings. Es hablar de escuelas seguras, de ambientes sanos, de acompañamiento socioemocional, de infraestructura adecuada y de un sistema que no deje solos ni a los alumnos ni a quienes enseñan.

Nuevo León ha avanzado, sí. Pero avanzar no significa llegar.

Todavía hay estudiantes que abandonan la escuela. Todavía hay familias que no encuentran respuestas cuando el sistema no logra incluir. Todavía hay docentes que enfrentan problemáticas sociales profundas sin herramientas suficientes.

Actualizar la Ley de Educación no resolverá todo, pero sí marca un punto de partida. Define qué derechos son exigibles, qué obligaciones tiene el Estado y qué tipo de educación queremos construir como sociedad.

Legislar en educación es decidir prioridades.

Y si algo debería ser prioridad en Nuevo León es que nadie se quede atrás, que ningún maestro esté solo y que la calidad educativa no dependa del sacrificio individual, sino de un sistema justo, moderno y humano.

Porque el futuro del estado no se construye solo con crecimiento económico.

Se construye todos los días, en las aulas.

Y para eso, la educación que tenemos ya no basta.
Necesitamos la educación que merecemos.

La política es tarea de todos

by Perla Villarreal Valdez
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En Nuevo León se suele repetir que “la política es cosa de políticos”. Nada más alejado de la verdad. La política es tarea de todos: de quienes legislan, de quienes gobiernan, pero también de quienes habitan cada colonia, cada municipio, cada comunidad. 

Hacer oídos sordos a la política solo nos condena a que decidan por nosotros. Y cuando no nos involucramos, terminamos gobernados por quienes justamente no queremos que nos gobiernen.

La realidad nos muestra un contraste: Nuevo León es uno de los estados con mayor participación ciudadana en procesos electorales, un ejemplo a nivel nacional. La gente sale a votar, se moviliza y demuestra interés. Pero el reto va más allá de las urnas: votar no basta. La participación debe convertirse en un ejercicio cotidiano de corresponsabilidad, donde ciudadanía y representantes políticos trabajen de la mano para transformar la realidad.

La democracia se sostiene en la acción ciudadana diaria. El voto es un derecho y un deber, pero también es apenas el inicio. Después de cada elección, toca dar seguimiento, cuestionar, proponer y exigir. La indiferencia es peligrosa porque abre espacio a decisiones tomadas a espaldas de la gente.

En Nuevo León lo hemos visto: colectivos vecinales que defienden sus espacios, asociaciones que ponen en la agenda la crisis ambiental, grupos ciudadanos que impulsan proyectos de movilidad. Estas luchas demuestran que cuando la gente se organiza, el gobierno escucha, corrige y actúa. La fuerza ciudadana es motor de cambio, pero necesita continuidad y colaboración.

Los liderazgos ciudadanos marcan la diferencia porque son capaces de darle legitimidad social a las causas. Cuando un grupo de vecinos o un colectivo juvenil se involucra, el mensaje es claro: no se trata de intereses personales, sino de demandas colectivas. Y cuando esos liderazgos se coordinan con autoridades abiertas al diálogo, se multiplican los resultados.

Un gobierno que entiende la política como tarea compartida se fortalece. Un diputado que escucha a los ciudadanos en el diseño de leyes o un alcalde que abre canales de diálogo permanente con las colonias no solo cumple, sino que genera confianza.

Nuestro estado enfrenta desafíos enormes: contaminación, escasez de agua, desigualdades profundas y movilidad colapsada. Resolverlos no es trabajo exclusivo de un despacho gubernamental. Hace falta la mirada y la voz de quienes padecen día a día estas problemáticas.

Gracias a la presión ciudadana, hoy hablamos de transporte público digno, de calidad del aire, de derecho al espacio público. Nada de eso habría sido posible sin el involucramiento de la gente. Pero también es cierto que estos logros todavía son insuficientes: las transformaciones reales requieren que más ciudadanos se sumen, y que los servidores públicos no dejemos de invitar al trabajo en equipo.

El gran obstáculo sigue siendo la desconfianza. Muchos creen que aunque participen, sus propuestas caerán en saco roto. Superar esa percepción es tarea de los gobiernos: cumplir lo que se promete, abrir procesos de consulta transparentes y reconocer públicamente las aportaciones ciudadanas.

Pero también es responsabilidad de la gente no renunciar a su papel. No basta con señalar errores: es necesario proponer, involucrarse y exigir de manera organizada. La política es de todos, y si no la asumimos, otros la ocuparán por nosotros.

Quienes ejercemos un cargo público tenemos una responsabilidad doble: gobernar, pero también invitar a la ciudadanía a hacer equipo. Porque solos no podemos transformar Nuevo León. El cambio solo se logra cuando sociedad y gobierno se reconocen como aliados, cuando dejamos de vernos como adversarios y entendemos que compartimos un mismo objetivo: mejorar la vida de nuestra gente.

La alta participación ciudadana en Nuevo León es motivo de orgullo, pero no debe llevarnos a la complacencia. Hay que dar el siguiente paso: construir una cultura cívica viva, permanente, que trascienda la jornada electoral y se convierta en compromiso diario.

La política nos concierne a todos. El no involucrarnos nos condena a repetir los errores del pasado. Participar, en cambio, nos abre la puerta a decidir el rumbo de nuestro estado. Nuevo León tiene la energía, el talento y la voluntad de su gente para lograrlo.

Hoy, más que nunca, toca alzar la voz, involucrarse y hacer equipo. Porque si no participamos, otros decidirán por nosotros. Y porque cuando la ciudadanía y el gobierno trabajan juntos, las transformaciones dejan de ser promesas y se vuelven realidades.