Con más de ocho horas de debate y sin incidentes mayores, el pleno de la Cámara de Diputados, avaló en lo general y en lo particular con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, el dictamen de reforma en materia laboral.
De esta forma, concluye el tripartismo con la eliminación de la Juntas de Conciliación y Arbitraje para crear los tribunales laborales que formarán parte del Poder Judicial.
Entre reclamos de los opositores de que el dictamen se realizó con prisas y presiones por el T-MEC, se dio “luz verde“ al documento que cumple con los compromisos con el Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, así como con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de libertad sindical.
Luego que una a una de la mayoría de las 104 reservas presentadas por el PRI, PAN y PRD fueron rechazadas por la aplanadora morenista, el documento que fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.
Se fortalece la democracia sindical con los ejes de rendición de cuentas y transparencia, se establece el proceso de selección de líderes gremiales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto.
Mientras que en lo colectivo, el dictamen discutido con dispensa de trámites, instaura mecanismos para la verificación y declaración de representatividad en los sindicatos, lo que frenará la existencia de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección, así como sindicatos extorsionadores.
Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que hay algunas “manzanas envenenadas“ que han llegado al dictamen por prisa, por omisión o por una perversa intención.
En ese sentido, enumeró que exista la posibilidad de múltiples contratos colectivos y sindicatos en una misma empresa, lo que según él irá en perjuicio de los propios trabajadores.
Consideró que se requiere una ley que respete los derechos de los trabajadores, sus sindicatos y los contratos colectivos, sin que se aplique retroactivamente lo negativo de la nueva ley.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), Evaristo Lenin Pérez dijo que la reforma laboral debatida en el pleno, evidentemente se ha dado bajo la presión de los sindicatos estadunidenses, “y se nos ha querido vender aquí, sobre todo al interior de la comisión, de que tenemos una fecha fatal para cumplirle a los sindicatos norteamericanos“.
Sin embargo, consideró que la fecha fatal que se tiene es porque el presidente de la República quiere el 1 de mayo tener publicada la ley.
Al respecto, el diputado Oscar González, del Partido del Trabajo, sostuvo que “sí estamos parcialmente sometidos al gobierno de Estados Unidos“ y responsabilizó al PRI de la firma del T-MEC.
“Entonces el reconocimiento de que estamos parcialmente sometidos a Estados Unidos se lo debemos al PRI y al PAN. Gracias por esa mala herencia que ustedes nos dieron“, aseveró.
El legislador de Jacobo David Cheja Alfaro, Movimiento Ciudadano, aclaró que el equipo de transición del ahora presidente de la República, sí estuvo presente en la negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, representado en ese entonces por Jesús Seade, actual subsecretario de Relaciones Exteriores.
En su turno, el priista Cruz Juvenal Roa Sánchez advirtió a la mayoría de Morena que “les guste o no les guste“, detrás de la reforma está la huella de Enrique Peña Nieto, lo que quiere decir que sus reformas estructurales siguen vivas y vigentes como evidencia esta reglamentación a la reforma constitucional peñista.
En su turno, el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, pidió acabar con el sistema llamado “charrismo“, que consiste en los sindicatos corporativos promovidos, organizados, tutelados por el Estado, así como por los sindicatos blancos cuya ciudadela siempre fue Monterrey, que son los sindicatos patronales.
El Partido del Trabajo, aliado de Morena, alzó la voz por no haberse incluido la desaparición de las outsourcing, porque representan una afrenta para los trabajadores mexicanos, ya que los condena a salarios de miseria y ser excluidos de las prestaciones de ley.
En voz del coordinador de esa bancada, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que si bien la reforma pretende democratizar la vida sindical, “no podemos apoyar la perpetuación de las dirigencias sindicales, pues este decreto deja abierto a que los dirigentes tengan el derecho a ser reelectos“, por lo que planteó que ello no sea por más de un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección.
Los petistas está vez fueron los autores de las pancartas con la leyenda: “No outsorcing“, que fue su bandera durante todo el debate.