El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; reconocido por sus siglas en español “T-MEC”,  está por convertirse en la figura que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este acuerdo comercial, representa una de las promesas económicas de mayor interés para la nación mexicana en la siguiente década considerando que tan sólo en el 2017, los Estados miembros del T-MEC hicieron transacciones con una valía que superaba los 1,486 millones de dólares a diario. Es decir, más de 61 millones de dólares por hora. 

Como se sabe, en la actualidad, la nación estadounidense es por mucho el principal socio comercial de nuestro país. A raíz de esto, es de mutuo interés para ambas naciones el estar en “piso firme” para el flujo positivo de las negociaciones. Es así como EU se pronunció en ocasiones reiteradas el pasado mes en cuestiones relativas al salario mínimo vigente mexicano como un obstáculo de la ratificación del T-MEC. Posteriormente, AMLO declaró que a fin de cumplir con lo solicitado por los Estados Unidos, se buscaría que para el año entrante el salario mínimo se comenzara a incrementar en por lo menos 2 puntos porcentuales por encima de la inflación anual. Esto representaría por lo menos un incremento salarial del 17.2% para el próximo año. Por otra parte, otra de las cuestiones solicitadas por los EU fue que México pudiere contar con un mayor presupuesto a ejercer para su reforma laboral. Solicitud ante la cual AMLO también acordó gestionar lo necesario para su cumplimiento.  

Ahora bien, lo trascendente de ambas demandas y que a su vez podríamos considerar como exigencias, contempla el hecho de reconocer la posición actual que ostenta México en el ámbito internacional respecto a la paga que México brinda a sus trabajadores. La promesa hecha por AMLO representa prácticamente una estrategia a fin de cerrar el trato con los congresistas pertenecientes al partido democrático de los Estados Unidos. Derivando consigo en una ventaja para los trabajadores mexicanos.  

En la actualidad, México ocupa la cuarta posición en la lista de países con mayor desarrollo económico en Latinoamérica, sin embargo, la media del salario de sus trabajadores es equiparable a la de algunas de las ciudades con mayor índice de pobreza en esta misma región del mundo. Otra de las cuestiones que repercuten mucho en la remuneración de los trabajadores es sin duda la tasa de informalidad laboral, misma que se ubica entre los focos rojos de la lista correspondiente. De acuerdo a David Kaplan; uno de los especialistas en materia de mercado laboral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es de carácter urgente que México dé un seguimiento firme a su reforma laboral en estricto apego al derecho de los trabajadores a una remuneración justa y que se incremente el salario mínimo en por lo menos 30 pesos.  

La situación no suena lo suficientemente alarmante si únicamente leemos los números: el salario mínimo vigente general de la república se fija en los 102.68 pesos, mientras que el correspondiente a la zona fronteriza se ubica en los 176.72 pesos. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿para qué alcanza con esto? 

De acuerdo al CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en México el 48.8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza contemplando sus ingresos. Esto quiere decir que las familias mexicanas que pertenecen a este rubro, viven a diario la falta de ingresos suficientes y limitaciones a múltiples de sus derechos entre los cuales destacan: el derecho a una educación básica, a los servicios de salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad con los servicios básicos e incluso a una alimentación digna. 

Con todos estos factores de la mano y el incremento constante de los costos en la canasta básica a manera injusta para lo que el mexicano promedio está ganando: ¿cómo puede México competir en un marco internacional? Si bien es cierto, es en parte triste el tener que ver que los cambios trascendentes tengan que surgir o incluso idearse fuera de nuestra nación. Es decir, a solicitud externa para poder cumplir con los estándares de otras naciones. Lo ideal hubiere sido que todas estas cuestiones se anticiparan a cualquier intervención ajena al gobierno mexicano. Sin embargo, esperemos que con estos cambios y proposiciones, dejando de lado las motivaciones, el pueblo de México pueda verse beneficiado en torno a este ámbito tan representativo y propio de la nación en la cual nos estamos convirtiendo.