18 muertos oficialmente fue el saldo que dejó el “incidente” en el penal de Cadereyta, Nuevo León, durante la madrugada del lunes 9 y la mañana del martes 10 de octubre.

Es incierto aun los motivos de estos hechos, algunos le llaman motín, otros le llaman riña, que son conceptos que claramente no son lo mismo. Si bien es cierto, se secuestraron a tres custodios del área y se prendió fuego en uno de los pabellones del centro.

¿Qué buscaban los internos? Esa respuesta la tiene pendiente el gobierno de Nuevo León.

Este tipo de crisis que están aconteciendo cada media hora en los centros penitenciarios del estado son ejemplo claro de la ineficiente gestión del gobierno que han permitido que el narco opere en los tres centros del estado.

Disputas entre los Zetas, su escisión llamada Grupo Bravo, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo en estos centros utilizan a los internos como carne de cañón para sus fines. La droga juega el rol preponderante en esta disputa de territorios.

El gobierno del Estado ha sido endeble en reformar el sistema penitenciario, otorga salarios ridículos al personal en los centros y los expone a su suerte como se vio.

Mientras se siga sin dar un peso al mejoramiento de estos centros y a la construcción del penal en Mina, el estado sufrirá en lo que resta del año eventos similares que demuestra la total incapacidad del gabinete del Bronco para enfrentarse a los grandes gallos del narco.

Mediocridad y miedo son las dos palabras que definen la política penitenciaria del estado.

El estado debe desintoxicar los penales sacando a los internos vinculados al crimen organizado y mandándolos a centros federales. De acuerdo al OADPRS de la Secretaría de Gobernación, en su reporte penitenciario de agosto del presente año, Nuevo León tiene un alto porcentaje de este tipo de internos en sus centros comparado con otros estados. Otra idea sería construir un penal federal en el estado para despresurizar. Finalmente, el gobierno tiene que abrirse a que ONGs entren y trabajen en el estado físico, emocional y psicológico de los internos, así como a privados que establezcan más oportunidades de trabajo a estas personas.

Reformar el sistema no es caro como muchos creen, pero está de más visto la poca disposición política del gobierno para sentarse a pensar. Existen numerosos expertos en el país y especialistas en la misma Secretaría de Gobernación en la ciudad de México que pudieran sumarse. No quieren hacer nada porque para ellos y tristemente para un amplio sector de la sociedad a la que pertenecen, las personas privadas de la libertad son una escoria y desecho que hay que destruir, una mirada por demás obtusa, medieval, ignorante e inquisidora que tenemos que erradicar de nuestras mentes.

Lo dicho, dicho está.