Investiga Gobierno federal destino de 40 mmdp supuestamente utilizados para seguridad nacional con EPN

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El Gobierno federal investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) el destino de más de 40 mil millones de pesos que se erogaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los años 2013 y 2018 en materia de seguridad nacional” bajo un estricto control de confidencialidad”.

Los recursos fueron utilizados por dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República para misiones y objetivos confidenciales” que, entre otras cosas, implicaban supuestas tareas de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas principalmente a combatir a los cárteles de la droga.

En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan cómo se empleó ese dinero, denominado como partida presupuestal 33701, Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad.

Los gastos para esa partido se dispararon durante la Administración del mexiquense.

Si bien, la partida fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón (cuya Administración llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma), fue en el de Peña que alcanzó su máximo uso.

En particular, destaca el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo.

En el caso de Bucareli, por ejemplo, pasaron de 810 millones oficialmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 40 mil millones de pesos.

Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Organo Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.

Los recursos para estas adquisiciones fueron autorizados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, todas dependientes entonces de Gobernación.

En 2017, en la única revisión que hizo sobre los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto en el sexenio pasado, la auditoría descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular (argumentando urgencia y secreto),cuando podrían haberse licitado. Se promovieron responsabilidades administrativas.

Por normativa, solo se pueden ejercer gastos dentro de esta partida con autorización del oficial mayor de una dependencia.

Se presume que todos recibieron aprobación y que todos los años los órganos fiscalizadores correspondientes los auditaron.

O al menos eso fue con lo que se justificó el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong, Jorge Márquez Montes, quien aseguró que la partida reservada de seguridad fue auditada todos los años por los órganos fiscalizadores correspondientes.

En ese contexto, cabe mencionar que Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador de la bancada de los senadores del PRI, presentó un amparo contra la indagación que realiza la SFP en contra de su familia, para evitar que se investiguen sus bienes, propiedades, dinero, o que se inicie un procedimiento legal en su contra.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Encargado de Penales en NL recibió 2 mdd para ayudar escapar al “Chapo”: Dámaso López

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Dámaso López Núñez “El Licenciado”, declaró este miércoles que los hijos de “el Chapo” y la esposa del narcotraficante, planeaban una tercera fuga del narcotraficante sinaloense, en la que sobornaron con dos millones de dólares a un funcionario federal, quien hoy se desempeña como encargado de los penales en Nuevo León.

López Nuñez declaró en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, que Emma Coronel pagó dos millones de dólares para que el encargado de los penales permitiera que Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”, se volviera a fugar del Altiplano, pero aún con el pago, del cual no precisó si se hizo o no, “El Chapo” siguió en prisión, para luego ser trasladado al Cefereso de Ciudad Juárez, y el 20 de enero de 2017 ser extraditado a Estados Unidos.

“Estaba planeando otro escape de túnel con la ayuda de Emma y sus hijos, pero el directo de la prisión nunca llegó con la ayuda de trasladarlo de vuelta al Altiplano. Fue mantenido en Ciudad Juárez y extraditado a los Estados Unidos”, dijo “El Licenciado”.

El funcionario en cuestión y que no había sido mencionado en el juicio, fue funcionario del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención de Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán.

Guerrero Durán es de Sonora, y se desempeño como Fiscal de Ejecución de Penas de Chihuahua durante la administración del hoy prófugo exgobernador priista, César Duarte Jáquez. En septiembre 2015, fue nombrado como encargado de los penales federales por el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Aunque no existe una investigación formal, el funcionario permitió que Guzmán Loera se comunicara desde el interior del penal cuando se enteró del secuestro de sus hijos en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, en agosto de 2016, lo que le costo el puesto, ya que el 7 de octubre de 2017 fue cesado a través de un escueto pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación. Tenía 11 meses en el cargo.

En noviembre de 2018, Guerrero Durán fue nombrado por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, como el encargado de los penales en el estado.

(Con información de Eje Central)

#ElNidoDelGavilán: “Cadereyta: La inestabilidad sigue”

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18 muertos oficialmente fue el saldo que dejó el “incidente” en el penal de Cadereyta, Nuevo León, durante la madrugada del lunes 9 y la mañana del martes 10 de octubre.

Es incierto aun los motivos de estos hechos, algunos le llaman motín, otros le llaman riña, que son conceptos que claramente no son lo mismo. Si bien es cierto, se secuestraron a tres custodios del área y se prendió fuego en uno de los pabellones del centro.

¿Qué buscaban los internos? Esa respuesta la tiene pendiente el gobierno de Nuevo León.

Este tipo de crisis que están aconteciendo cada media hora en los centros penitenciarios del estado son ejemplo claro de la ineficiente gestión del gobierno que han permitido que el narco opere en los tres centros del estado.

Disputas entre los Zetas, su escisión llamada Grupo Bravo, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo en estos centros utilizan a los internos como carne de cañón para sus fines. La droga juega el rol preponderante en esta disputa de territorios.

El gobierno del Estado ha sido endeble en reformar el sistema penitenciario, otorga salarios ridículos al personal en los centros y los expone a su suerte como se vio.

Mientras se siga sin dar un peso al mejoramiento de estos centros y a la construcción del penal en Mina, el estado sufrirá en lo que resta del año eventos similares que demuestra la total incapacidad del gabinete del Bronco para enfrentarse a los grandes gallos del narco.

Mediocridad y miedo son las dos palabras que definen la política penitenciaria del estado.

El estado debe desintoxicar los penales sacando a los internos vinculados al crimen organizado y mandándolos a centros federales. De acuerdo al OADPRS de la Secretaría de Gobernación, en su reporte penitenciario de agosto del presente año, Nuevo León tiene un alto porcentaje de este tipo de internos en sus centros comparado con otros estados. Otra idea sería construir un penal federal en el estado para despresurizar. Finalmente, el gobierno tiene que abrirse a que ONGs entren y trabajen en el estado físico, emocional y psicológico de los internos, así como a privados que establezcan más oportunidades de trabajo a estas personas.

Reformar el sistema no es caro como muchos creen, pero está de más visto la poca disposición política del gobierno para sentarse a pensar. Existen numerosos expertos en el país y especialistas en la misma Secretaría de Gobernación en la ciudad de México que pudieran sumarse. No quieren hacer nada porque para ellos y tristemente para un amplio sector de la sociedad a la que pertenecen, las personas privadas de la libertad son una escoria y desecho que hay que destruir, una mirada por demás obtusa, medieval, ignorante e inquisidora que tenemos que erradicar de nuestras mentes.

Lo dicho, dicho está.