#ElTalónDeAquiles: “Parteaguas electorales”

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Durante años, se han analizado las olas de cambio político que dibujaron y redibujaron América Latina. Al populismo de primera parte del siglo XX, el de Perón (Argentina) y Vargas (Brasil), siguieron líderes autoritaros: Pinochet (Chile), Stroessner (Paraguay), y Videla (Argentina), entre otros. La década 1980, sin embargo, trajo cambios. Por un lado, una ola de democratización barrió la región. Por el otro, la izquierda radical, sobre todo la centroamericana, se organizó en frentes guerrilleros. Ambos bandos prometieron justicia y bienestar, pero ambos quedaron debiendo. En el primer caso, el neoliberalismo, que nos habrá tal vez sacado de la crisis económica, disipó los beneficios que eventualmente podían resultar del nuevo marco democrático. De hecho, la centro-izquierda de Duarte (El Salvador), Alwyin, Frei, y Lagos (Chile), terminó siendo también victima del neoliberalismo, confundiénsose con la centro-derecha de Menem (Argentina), Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco, y Chinchilla (Costa Rica), y Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y Peña-Nieto. En el segundo caso, mucha de la izquierda radical impulsó luego el llamado “socialismo del siglo XXI”, que llevó al poder a Chavez (Venezuela), Morales (Bolivia), Correa (Ecuador), los Kishner (Argentina), Lula (Brasil), Lugo (Paraguay) y Zelaya (Honduras), pero cuyos resultados en materia de calidad de vida de las poblaciones, siguen siendo, con la plausible excepción de Brasil y de Ecuador, debatibles.

Estudiar el cambio en el mapa político latinoamericano que acontece en 2018 amputado de este marco histórico es incapacitante pues sin él, es imposible identificar las diferencias entre las elecciones en donde hay procesos de inercia, de aquellas con potencial de convertirse en parteaguas. Por ejemplo, fuimos testigos en abril de la asención al poder de Miguel Díaz Canel en Cuba. Es refrescante ver, por primera vez desde 1959, a un no-Castro al frente de la isla. Pero más allá del simbolismo, el nuevo presidente ha multiplicado sus declaraciones a favor del sistema de partido único. Además, Raúl Castro sigue siendo jefe del Partido Comunista. También en abril, en Paraguay, el Partido Colorado, bajo el liderazgo de Mario Abdo (hijo del exsecretario privado de Stroessner), triunfó sobre la alianza de centroizquierda GANAR (Gran Alianza Nacional Renovada) de Efraín Alegre. Abdo se declaró contra el matrimonio homosexual y el aborto. Hoy, en Brasil, Lula está en la cárcel, y Jair Bolsonaro, un exmilitar, homofóbico, favorable a la tortura, puede ganar. ¿Y qué decir de las elecciones en Venezuela? En este caso, quien vaticine el triunfo opositor, demuestra las virtudes y excesos de la imaginación. 

Ahora, otros procesos electorales, que también acontecen actualmente en la región, sí tienen potencial de inyectar nuevas formas de hacer política. En Costa Rica, el oficialismo consolidó una ruptura casi milagrosa con el bipartidismo tradicional. Con una minoría parlamentaria y un sistema multipartidista que no termina de consolidarse, el nuevo presidente debió formar un gabinete multipartidista llamado a generar gobernabilidad. El cambio es vulnerable, pero prometedor. En Colombia, de los resultados de la elección de mayo depende el futuro del proceso de paz, el cual está a medias en la tarea de acabar con un conflicto armado que duró más de medio siglo, y que a duras penas avanza con el Ejército de Liberacion Nacional (ELN). Le toca a Gustavo Petro, exmilitante del M-19 y líder de la coalición “Colombia Humana”, la misión de derrotar a Ivan Duque, candidato uribista, quien dirige la alianza “Gran consulta por Colombia”, y que defiende esa forma de ver y de hacer la política que eternizó el conflicto en ese país por décadas. El legado de Juan Manuel Santos es frágil. En fin, México está poniendo término al gobierno de Enrique Peña Nieto. Si el candidato de la “Coalición Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logra llegar a Los Pinos, existe potencial, por lo menos más que si llega Anaya (PAN) o Maede (PRI), de que suceda algo diferente a lo que ha sido la historia de ese país desde 1982. De lo contrario, para bien o para mal, será más de lo mismo. 

Hoy, América Latina se debate entre regresar al pasado o aventurarse en el siglo XXI. No hay más olas: la región se parte en trayectorias diversas. El regreso al pasado, o la defensa de lo existente, es propuesto en algunos países con fuerza, sin complejos. Y en aquellos casos en donde progreso hay, el mismo es endeble, no solo porque la derecha es experta en recordar las catástrofes de la izquierda radical y en matizar los éxitos de la izquierda democrática, sino también porque a pocos les gusta salirse de su zona de confort. Y sin embargo, la aspiración por justicia social, el desencanto con élites políticas poco creativas, a menudo corruptas, e insensiblemente tecnocráticas, nutren un voto que penaliza más de lo mismo ante un pasado en el cual todos quedaron debiendo. 

La lucha ya no es hoy ni entre izquierda y derecha, ni entre populismo y tecnocracia, sino entre conservadurismo y progresismo. Conservador es quien objeta el cambio, sea este de izquierda o de derecha; progresista es quien cree que el cambio tiene el potencial de ser positivo, sobre todo cuando las recetas probadas y reprobadas del pasado, han dado suficientes muestras de no satisfacer las expectativas sociales. Y entonces yo me pregunto: ¿Si insatisfacción hay, cómo esperar resultados diferentes eligiendo siempre a los mismos?

Fernando A. Chinchilla

Montreal (Canadá), mayo de 2018

Cae México en índice global de corrupción

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Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 -entre 180 países- y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.

El año pasado, en el informe anual 2016, México había descendió 28 posiciones con respecto a informe de 2015, que ubicó al País en la posición número 95 de los evaluados en materia anticorrupción.

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró; los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, lugar 96, con una calificación de 37 puntos; Argentina, lugar 85, con una calificación de 39 puntos, y Colombia, lugar 96, con 37 puntos.

México es además el país peor evaluado tanto del G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana esos resultados se explica por las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, y la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones.
“Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.

#ElTalónDeAquiles: Hasta luego Venezuela

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Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017