El martes, el expresidente Donald Trump fue acusado en una investigación del Departamento de Justicia por presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, lo que culminó en el violento motín de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos.
Esta acusación representa el tercer caso penal presentado contra el expresidente en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024. La investigación federal se ha centrado en los planes de Trump y sus aliados para socavar la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en el cargo, a pesar de su clara derrota ante Joe Biden.
Trump enfrenta cuatro cargos, que incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento judicial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial, y conspiración contra los derechos. Estos cargos se enfocan en el período turbulento posterior a las elecciones de noviembre de 2020, durante el cual Trump se negó a aceptar su derrota y propagó mentiras sobre un supuesto robo de la victoria. Esto llevó a la agitación que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, donde los partidarios de Trump irrumpieron violentamente en el edificio y atacaron a los agentes de policía, interrumpiendo el conteo de votos electorales en el Congreso.
Antes de los disturbios, Trump presionó a los funcionarios electorales locales para revertir los resultados de las elecciones en sus estados, instó al entonces vicepresidente Mike Pence a detener la certificación de los votos electorales y afirmó falsamente que las elecciones habían sido robadas, a pesar del rechazo repetido por parte de los jueces.
Aunque Trump y sus seguidores podrían descartar este proceso como otro enjuiciamiento por motivos políticos, es importante destacar que estos cargos surgen de una de las amenazas más serias a la democracia estadounidense en la historia moderna.
Se esperaba esta acusación después de que Trump anunciara en julio que el Departamento de Justicia lo tenía como objetivo en su investigación del 6 de enero. Un comité bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó durante meses el período previo a los disturbios también recomendó presentar cargos contra Trump, incluyendo el cargo de ayudar a una insurrección y obstruir un procedimiento oficial.
Estos casos penales se suman a los múltiples casos civiles que enfrenta Trump, y todo esto ocurre mientras él lidera la carrera de 2024 entre los republicanos que compiten por la nominación presidencial de su partido. Aunque una condena en este caso o en otros no impediría que Trump busque la Casa Blanca nuevamente, el proceso legal sigue en curso y se espera que los juicios se lleven a cabo en Nueva York y Florida por otros asuntos.
En cuanto a la última acusación federal, el juicio se llevará a cabo en Washington, en un juzgado ubicado entre la Casa Blanca que alguna vez ocupó y el Capitolio que sus partidarios alguna vez asaltaron. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para el juicio.
(Fuente: Luis Cárdenas MX)