INE sanciona a Noroña por violencia política de género

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El Consejo General del INE determinó que el diputado Gerardo Fernández Noroña incurrió en violencia política de género en contra de la diputada del PAN Adriana Dávila Fernández. Por lo tanto el instituto aprobó instruir a la Cámara de Diputados para que el acusado ofrezca una disculpa pública a la diputada y tome un curso de perspectiva de género y masculinidades, no obstante, rechazó incluirlo en el padrón de violentadores impedidos a participar en la elecciones del 2012 ya que la ley no lo permite.

Después de más de dos horas de posicionamientos en contra de las acusaciones del diputado y su negativa para aceptar la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias, los consejeros aprobaron el proyecto que ordena a la Cámara de Diputados a garantizar que no exista repetición de actos de violencia política de género por parte de Fernández Noroña.

La consejera Claudia Zavala argumentó: “¿Por qué no incluimos el registro del nombre del diputado Noroña? porque fue clara la definición que se tomó en el consejo a partir de lo que determinó la Sala Superior, el registro se conformará solo por quienes sean sancionados con posterioridad a la creación del propio registro, esas son las reglas y en el Estado de derecho tenemos que cumplir las reglas y esperamos que la Cámara de Diputados cumpla con su deber“.

Los partidos, por su parte insistieron en que la violencia la actualizó él mismo al reiterar las acusaciones en contra de la diputada panista, sin embargo, la petición. legalmente no pudo proceder.

Con información de Milenio

Asegura Ebrard que en el caso Cienfuegos se aplicará la ley

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El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó en conferencia que si hay alguna indagatoria de corrupción o de colusión contra cualquier mexicano corresponde a las autoridades de este país juzgar y sentenciar, y no a otras naciones, eso en referencia al caso del General Cienfuegos que fue detenido en Estados Unidos por supuestos nexos con el crimen organizado.

México sabrá aplicar la ley. Que sean juzgados y sentenciados por México, no en otros países. Esta es la base que ha alentado este acuerdo“, aseguró Ebrard. Además de que señaló que hay confianza tanto en México como en Estados Unidos de que la investigación se realizará con los más altos estándares de efectividad y confiabilidad.

Sobre esta base se ratifican las bases que deben cooperara sobre los dos países. Si hay indagatoria de corrupción, colusión, delincuencia, que se le haga de conocimiento a la autoridad mexicana que México sabrá aplicar la ley“, sentenció en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Con información de El Universal

 

AMLO dice que critican iniciativa de Presupuesto porque vienen elecciones

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Esta mañana, el Presidente López Obrador argumentó que la iniciativa que envió al Congreso para darle al Ejecutivo federal facultades en el manejo del presupuesto ha sido criticada debido a que están próximas las elecciones intermedias.

“Yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Aclaro, no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros de toda la llamada clase política, porque ya no hay corrupción”, dijo en conferencia mañanera.

Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral, entonces el propósito es ese básicamente, los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo no solo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo“, agregó.

Así mismo, el titular del ejecutivo aseguró que antes se “ejercían los recursos con discrecionalidad“, por lo que la aprobación del presupuesto era “mero trámite” y el Ejecutivo hacía “lo que quería con el presupuesto“.

Hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado” continuó “y cómo terminaba siendo ejercido. Había partidas en Gobernación que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil en esa partida“.

Cabe recalcar que el pasado 23 de abril AMLO envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para facilitar a  Hacienda a reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos prioritarios de la Administración.

Con información de El Norte

Turquía aprueba envío de tropas a Libia

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El día jueves 2 de enero, el Parlamento turco ha aprobado la ley que permite el despliegue de tropas en Libia, esto se ha dado de acuerdo al portavoz de la Cámara, Mustafa Sentop. De acuerdo a expertos consultados por medios como El País, se espera que la iniciativa derive en un aumento del apoyo militar, del entrenamiento de tropas y el despliegue de drones en el espacio aéreo libio más que en el envío de soldados al terreno.

Esta medida fue aprobada por la Cámara siendo que se tuvo 325 votos a favor del AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan y sus aliados nacionalistas frente a los 184 votos en contra de la mayoría de los partidos de la oposición.

El hecho de que se haya aprobado esta ley se buscó desde la semana pasada, cuando Erdogan anunció que buscaría el respaldo del Parlamento para enviar a Libia en apoyo del Gobierno de Unidad Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) con Fayez al Serraj al frente, reconocido por la comunidad internacional, y que se haya visto asediado por las tropas del general Jalifa Hafler, que cuentan con el apoyo de Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El presidente del think tank en el Centro de Estudios de Política y Economía Exterior, Sinan Ulgen comentó que “El despliegue empezará seguramente con asesores militares, mayor número de drones y operaciones especiales realizadas de forma conjunta con las fuerzas libias (…) Confiamos en que las Fuerzas Armadas turcas no se vean implicadas en una acción militar”.

Ya anteriormente, el vicepresidente turco Fuat Oktay había comentado el pasado miércoles que confía en que la ley tenga un papel simbólico como freno de las hostilidades y que Turquía puede no enviar tropas si las fuerzas de Hafter frenan su ofensiva y se retiran. El GNA, bajo el respaldo de países como Qatar e Italia, ha pedido apoyo explícito a Ankara.

Cabe destacar que en el mes de noviembre pasado, Ankara había firmado un acuerdo de cooperación con Trípoli con la confianza de que sirviera para evitar que Libia entrara en “caos”. Esta medida de cooperación buscaba proteger la inversión privada turca en Libia y reforzar las reclamaciones energéticas turcas en el Mediterráneo. Sin embargo, los expertos temen que la decisión enfrente a Turquía con otros jugadores internacionales en la guerra libia y en la región.

Organismos multilaterales como la Liga Árabe, por ejemplo, ha advertido contra el despliegue de soldados extranjeros en el país norteafricano. Egipto, por su parte, ha condenado de inmediato la decisión turca y, a través de su Ministerio de Exteriores, ha advertido que “podría afectar negativamente a la estabilidad del Mediterráneo” y pidió a la comunidad internacional a reaccionar a la medida.

Con información de El País

Justicia Fiscal: Ni independiente, ni imparcial

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Los artículos 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, regulan el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley; además, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aún y cuando dicha violación es cometida por personas que actúan en el ejercicio de funciones oficiales.

Por su parte, los numerales 14 y 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescriben que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, mediante resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; también, previenen la garantía del debido proceso, que no es más que aquella indispensable para que un justiciable pueda defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.

En conjunto, dichas disposiciones legales regulan el derecho humano de acceso a la justicia que asegura, con determinados requisitos, que todo individuo pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, en igualdad de condiciones.

En el ámbito fiscal, existe obligación a cargo del Estado Mexicano de justificar un modelo jurídico por medio del cual los contribuyentes puedan demandar la preservación de sus derechos agraviados y hacer frente a tales actos lesivos.

Siendo encomendada la actividad jurisdiccional a tribunales administrativos (que conocen de la materia fiscal), quienes se encargan de revisar la adecuación y legalidad de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades hacendarias, con la obligación de pronunciarse y dirimir las controversias planteadas; buscando se salvaguarde, a través del control de legalidad de los actos administrativos, los interés de los contribuyentes.

Sin embargo, en la práctica dicha actividad jurisdiccional se aparta de la naturaleza de los postulados enunciados, en la medida en que, sin distinción alguna (en el plano federal, estatal y municipal), cuando está de por medio los intereses de la hacienda pública, hay una tendencia a proteger los derechos del fisco, antes que velar por la defensa de los contribuyentes.

Situación la anterior que se corrobora con los múltiples fallos emitidos y publicados en las plataformas de los tribunales administrativos, así como del Poder Judicial de la Federación; de los cuales se desprende en su mayoría, que los criterios son resueltos en el sentido de que la actuación de la autoridad y las disposiciones fiscales aplicables no violan los principios de legalidad, tipicidad, garantía de audiencia, equidad tributaria, entre otros.

Por tanto, considero que la justicia fiscal no es ni independiente ni imparcial.

Lo anterior tiene razón, en el hecho de que los contribuyentes se ven limitados a defender sus derechos e intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, dado que los juzgadores llegan al extremo de suplir la deficiente defensa de las autoridades tributarias, convirtiéndose de facto, en sus representantes; lo que es inadmisible en juicios en que precisamente, debe prevalecer el principio de estricto derecho.

De ahí que, si la igualdad de las partes en el proceso es una regla y obligación de actuación del juez, éste, como su director, tiene que mantener en lo posible, esa igualdad al conducir sus actuaciones, a fin de que la victoria de la administración pública no esté determinada por una situación ventajosa.

Consecuentemente, cuando los juzgadores auxilian la defensa de la hacienda pública, incumplen con su deber de mantener una igualdad de condiciones en el proceso, violentando el principio de igualdad de las partes que rige los juicios administrativos.

Por lo tanto, es necesario que éstos dejen de velar tendenciosamente por los intereses del fisco federal, y se conviertan en verdaderos entes de justicia imparcial e independiente, mediante la emisión de resoluciones que se ajusten a los principios de legalidad, respeto a los Derechos Humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.

El cumplimiento de la Ley

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¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir “mugre gobierno? ¿También el típico “por eso estamos, cómo estamos”? Y luego vemos que esas personas son las primeras en incumplir la ley, manejan a exceso de velocidad, se estacionan en lugares prohibidos, no respetan los espacios públicos, tiran basura en la calle, no respetan al peatón y al ciclista.

Ayer en un grupo de Facebook me tocó ver algo por el estilo, un padre de familia se quejaba que lo estaban infraccionando por estar mal estacionado (en una esquina donde interrumpía el flujo de peatones), su argumento ante el oficial de tránsito era que siempre se había estacionado así, ¿por qué lo infraccionaban ahora, si siempre habían sido así las cosas?

Básicamente estimado lector, es como si los políticos nos dijeran que para qué los investigamos si siempre han sido corruptos.




Todo parece indicar que hoy en día los gandallas tienen una serie de pretextos para evadir la ley, entre ellos está el culpar a otros por “hacer lo mismo”, echarle también a los gobernantes por ser corruptos y no respetar la ley, también el típico pretexto que están enfermos, o tienen a un familiar enfermo.

El detalle es que nosotros como ciudadanos debemos de respetar siempre las leyes y los reglamentos, también las autoridades no están para avisarnos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, repito, nosotros debemos de saber nuestros derechos y obligaciones.

En las próximas semanas Altavoz sacará un Manual de los Gandallas, resumiendo todos los pretextos que hemos escuchado de gente gandalla en todo México, no solamente en Monterrey, el punto de ese manual es hacerle ver a la gente que tan ridícula se escucha al tratar de evadir una infracción. No por nada en estos tiempos existen tanos #Lords y #Ladys.

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Más respeto para los criminales

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Cuando el video de la tortura de Elvira Santibañez Margarito se hizo público, muchos criticaron que se castigara a los culpables. Sí, Santibañez era miembro del crímen organizado, pero esto no justifica lo que le hicieron. El rol de la policía y de los militares no es el de saciar la sed de venganza de la sociedad, sino procesar y castigar a los culpables con apego a la ley.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes. Cuando esto sucede (porque se da seguido en este país), entonces esas mismas voces que aplauden la tortura de esta mujer, protestan ante la tortura de los detenidos inocentes.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes.

Este problema no es endémico, hace poco más de un año la CIA se vio envuelta en un escándalo cuando se publicó que se recurría a éstas prácticas. Muchos pensarán que la tortura es necesaria, que es la única forma en la que se puede sacar información a los detenidos, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene una noción equivocada de lo que se logra a través de la tortura.

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos. De hecho, hasta se menciona que uno de los torturados “confesó” sobre una acción de reclutamiento terrorista, que al final de cuentas resultó ser falsa. [1]

No es nada difícil imaginar que las confesiones que son extraídas bajo tortura sean falsas, ¡y es que uno diría cualquier cosa! Recordemos que hace unos siglos muchas mujeres fueron obligadas de esta manera a confesar que eran brujas… ¡Confesaron algo físicamente imposible con tal de no ser torturadas! Entonces, por ejemplo, cuando el GIEI dice que hubo tortura de testigos en el caso Ayotzinapa, ¿cuál es la credibilidad de estas declaraciones?

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos.

La tortura y las matanzas extrajudiciales perpetradas por las autoridades les restan legitimidad y credibilidad y afectan la imagen de nuestro país a nivel internacional. Pero, ¿cuáles son los métodos alternos? Jack Cloonan, ex-agente del FBI, argumenta que la mejor forma de lograr que un detenido coopere es ofrecerle una alternativa; hacer que acepte que no puede volver a su vida anterior, pero que al ayudarle a las autoridades podría, por lo menos, llegar a un compromiso. [2]

Nuestras autoridades deben de seguir las reglas hasta cuando se trata de asesinos. El imitar las tácticas inservibles de otros criminales (un ojo por ojo), no logra más que una sensación de desquite temporal. La tortura no funciona, está comprobado y ellos deben estar entrenados para seguir las tácticas más efectivas y no brincarse los procesos legales. Porque, nunca sabes… si te llegas a ver en un malentendido ¿qué garantiza que no se los vayan a brincar contigo?

[1] LastWeekTonight, Last Week Tonight With John Oliver: Torture (HBO), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zmeF2rzsZSU.

[2] Ibid.

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Fuero político: el “pégame pero no me dejes” legal

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Entre los principios que definen a un estado de derecho se encuentra la justicia, misma que contribuye a que existan diversos factores que integran una dualidad. Una de las manifestaciones básicas de la justicia radica en el hecho de que todo individuo sea juzgado por la ley, sin contar con privilegios como los que podría tener una persona con título nobiliario en países donde esta costumbre continúa vigente. De igual manera, la justicia debe entenderse no solo en ser juzgado por la misma ley que se aplica a todo mexicano, sino también en el hecho de ser congruentes. No puede haber democracia si no se juzga de la misma forma a cada ciudadano. Algunos defenderán a capa y espada que es necesario el fuero para que los servidores públicos no sean víctimas de ataques orquestados por opositores.

Sin embargo, de ser la posibilidad de tener en riesgo la libertad, imagen moral o integridad el motivo por el que existe este tipo de inmunidad llamado fuero, se tendría entonces que extender el fuero a diversos profesionistas, quienes arriesgan incesantemente la vida misma y no poseen una inmunidad que resulte en que la decisión de salvar su integridad física o moral recaiga sobre sujetos de su misma área de trabajo que determinen si estos deben ser o no procesados penalmente. Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Asimismo, si el argumento a favor del fuero es la ausencia por motivo de que al proceder penalmente se impida el ejercicio de responsabilidades del servidor público, se debería recordar que este cuenta con un suplente, para que tome su lugar cuando sea necesario; para que lo cubra todo el tiempo que haga falta. Si esto es realizado en cualquier empleo ¿por qué no habría de realizarse dentro de la política?

En las variadas esferas laborales, los patrones, los consumidores y demás implicados deben pagar el precio de que un empleado, tal vez muy capaz, se ausente por diversas causas, como por ejemplo, una procedencia penal y deba de reemplazársele todo el tiempo que permanezca la causa que lo impide realizar su labor. En la política, el pueblo está dispuesto a pagar ese precio que se paga en los demás sectores de trabajo, debido a que el fuero es equiparable a decir que: el remedio es peor que la enfermedad.

Además, como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad; con ejemplos como Medina y Duarte, en el norte y sur, respectivamente, el fuero ha demostrado ser la herramienta perfecta para que los políticos continúen empobreciendo, oprimiendo y censurando a los ciudadanos; aunado al pensamiento caudillista que parte de la sociedad mexicana posee, da como resultado que esta misma inmunidad sea considerada como una especie de “pégame pero no me dejes”, de carácter legal: ya que para salir adelante ocupamos un líder obligatoriamente, no importa si este ha cometido un acto ilícito, pues más vale estar mal acompañados que solos, pues como ciudadanos no podemos hacer algo sin ayuda de nuestros políticos.

…como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad…

He ahí una justificación pobre que a veces llega a emplearse para mantener vigente el fuero político. No obstante, como sociedad siempre se puede cambiar y comenzar a hacer frente a esta situación, exigiendo la derogación de este artilugio, cuya función no radica más que en conservar este régimen, donde individuos con la responsabilidad de velar por los intereses populares se reparten el botín que proviene de cada uno de nosotros como contribuyentes.

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Construyendo el Estado de Derecho

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En los últimos años, hemos podido ser testigos de cómo las instituciones mexicanas se han vuelto cada vez más sólidas y han podido generar resultados positivos; sin embargo, el gran reto que seguimos teniendo como país es lograr que todos los mexicanos confiemos en la labor que realizan nuestras instituciones y tengamos plena certeza de que las leyes son respetadas. La aplicación de la justicia es esencial para lograr que los ciudadanos confiemos en el gobierno que tenemos y para que el apego al estado de derecho sea una realidad.

Algunos definen el estado de derecho como la organización política de una sociedad que se rige bajo un marco normativo, donde las actividades del Estado se garantizan bajo una ley. También es válido decir que instituciones públicas sólidas y un marco jurídico robusto contribuyen al correcto funcionamiento de los poderes y de esta forma se garantizan nuestros derechos como mexicanos.

No podemos dejar que circunstancias negativas nos distraigan de nuestras metas y de la contribución que a todos nos corresponde hacer como ciudadanos del país donde queremos vivir.

Para algunos, este concepto ha sido cuestionado debido a la violencia y presuntos actos de corrupción en el país, los cuales desafortunadamente, han mermado el camino construido en los últimos años. No obstante no podemos dejar que circunstancias negativas nos distraigan de nuestras metas y de la contribución que a todos nos corresponde hacer como ciudadanos del país donde queremos vivir.

Cada vez es más común que la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales integren en conjunto propuestas públicas para resolver los problemas y reforzar los aciertos de nuestro entorno.

El marco jurídico y normativo de nuestro país nos permite gozar de una participación cada vez más activa a través de las organizaciones civiles, academia y representantes de la sociedad que, con más herramientas normativas, permiten aportar ideas a la operación gubernamental. Cada vez es más común que la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales integren en conjunto propuestas públicas para resolver los problemas y reforzar los aciertos de nuestro entorno.

El cumplimiento de la ley no debe ser visto sólo como un recurso para castigar a quien cometió un delito, sino como el instrumento que dirige el desarrollo integral de todos los rubros del quehacer público.

El cumplimiento de la ley no debe ser visto sólo como un recurso para castigar a quien cometió un delito, sino como el instrumento que dirige el desarrollo integral de todos los rubros del quehacer público. La legislación nos permite construir infraestructura, ofrecer servicios básicos, proveer un sistema de salud y explotar los recursos nacionales, entre otras actividades. De esta forma tenemos que actuar juntos como sociedad para poder construir el país que merecemos.

Nuevo León y México deben alcanzar un estado de derecho donde el objetivo no sea crear más leyes o implementar nuevas reformas a éstas, sino donde se busque aplicar de manera efectiva las ya existentes. Una actuación concreta de parte de la autoridades para ejercer la Ley y de la sociedad para generar ideas, llevará a nuestro estado y nuestro país a la estabilidad político social que todos buscamos.

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