Justicia Fiscal: Ni independiente, ni imparcial

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Los artículos 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, regulan el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley; además, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aún y cuando dicha violación es cometida por personas que actúan en el ejercicio de funciones oficiales.

Por su parte, los numerales 14 y 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescriben que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, mediante resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; también, previenen la garantía del debido proceso, que no es más que aquella indispensable para que un justiciable pueda defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables.

En conjunto, dichas disposiciones legales regulan el derecho humano de acceso a la justicia que asegura, con determinados requisitos, que todo individuo pueda acceder a tribunales independientes e imparciales, en igualdad de condiciones.

En el ámbito fiscal, existe obligación a cargo del Estado Mexicano de justificar un modelo jurídico por medio del cual los contribuyentes puedan demandar la preservación de sus derechos agraviados y hacer frente a tales actos lesivos.

Siendo encomendada la actividad jurisdiccional a tribunales administrativos (que conocen de la materia fiscal), quienes se encargan de revisar la adecuación y legalidad de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades hacendarias, con la obligación de pronunciarse y dirimir las controversias planteadas; buscando se salvaguarde, a través del control de legalidad de los actos administrativos, los interés de los contribuyentes.

Sin embargo, en la práctica dicha actividad jurisdiccional se aparta de la naturaleza de los postulados enunciados, en la medida en que, sin distinción alguna (en el plano federal, estatal y municipal), cuando está de por medio los intereses de la hacienda pública, hay una tendencia a proteger los derechos del fisco, antes que velar por la defensa de los contribuyentes.

Situación la anterior que se corrobora con los múltiples fallos emitidos y publicados en las plataformas de los tribunales administrativos, así como del Poder Judicial de la Federación; de los cuales se desprende en su mayoría, que los criterios son resueltos en el sentido de que la actuación de la autoridad y las disposiciones fiscales aplicables no violan los principios de legalidad, tipicidad, garantía de audiencia, equidad tributaria, entre otros.

Por tanto, considero que la justicia fiscal no es ni independiente ni imparcial.

Lo anterior tiene razón, en el hecho de que los contribuyentes se ven limitados a defender sus derechos e intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, dado que los juzgadores llegan al extremo de suplir la deficiente defensa de las autoridades tributarias, convirtiéndose de facto, en sus representantes; lo que es inadmisible en juicios en que precisamente, debe prevalecer el principio de estricto derecho.

De ahí que, si la igualdad de las partes en el proceso es una regla y obligación de actuación del juez, éste, como su director, tiene que mantener en lo posible, esa igualdad al conducir sus actuaciones, a fin de que la victoria de la administración pública no esté determinada por una situación ventajosa.

Consecuentemente, cuando los juzgadores auxilian la defensa de la hacienda pública, incumplen con su deber de mantener una igualdad de condiciones en el proceso, violentando el principio de igualdad de las partes que rige los juicios administrativos.

Por lo tanto, es necesario que éstos dejen de velar tendenciosamente por los intereses del fisco federal, y se conviertan en verdaderos entes de justicia imparcial e independiente, mediante la emisión de resoluciones que se ajusten a los principios de legalidad, respeto a los Derechos Humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.

El cumplimiento de la Ley

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¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir “mugre gobierno? ¿También el típico “por eso estamos, cómo estamos”? Y luego vemos que esas personas son las primeras en incumplir la ley, manejan a exceso de velocidad, se estacionan en lugares prohibidos, no respetan los espacios públicos, tiran basura en la calle, no respetan al peatón y al ciclista.

Ayer en un grupo de Facebook me tocó ver algo por el estilo, un padre de familia se quejaba que lo estaban infraccionando por estar mal estacionado (en una esquina donde interrumpía el flujo de peatones), su argumento ante el oficial de tránsito era que siempre se había estacionado así, ¿por qué lo infraccionaban ahora, si siempre habían sido así las cosas?

Básicamente estimado lector, es como si los políticos nos dijeran que para qué los investigamos si siempre han sido corruptos.




Todo parece indicar que hoy en día los gandallas tienen una serie de pretextos para evadir la ley, entre ellos está el culpar a otros por “hacer lo mismo”, echarle también a los gobernantes por ser corruptos y no respetar la ley, también el típico pretexto que están enfermos, o tienen a un familiar enfermo.

El detalle es que nosotros como ciudadanos debemos de respetar siempre las leyes y los reglamentos, también las autoridades no están para avisarnos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, repito, nosotros debemos de saber nuestros derechos y obligaciones.

En las próximas semanas Altavoz sacará un Manual de los Gandallas, resumiendo todos los pretextos que hemos escuchado de gente gandalla en todo México, no solamente en Monterrey, el punto de ese manual es hacerle ver a la gente que tan ridícula se escucha al tratar de evadir una infracción. No por nada en estos tiempos existen tanos #Lords y #Ladys.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Más respeto para los criminales

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Cuando el video de la tortura de Elvira Santibañez Margarito se hizo público, muchos criticaron que se castigara a los culpables. Sí, Santibañez era miembro del crímen organizado, pero esto no justifica lo que le hicieron. El rol de la policía y de los militares no es el de saciar la sed de venganza de la sociedad, sino procesar y castigar a los culpables con apego a la ley.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes. Cuando esto sucede (porque se da seguido en este país), entonces esas mismas voces que aplauden la tortura de esta mujer, protestan ante la tortura de los detenidos inocentes.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes.

Este problema no es endémico, hace poco más de un año la CIA se vio envuelta en un escándalo cuando se publicó que se recurría a éstas prácticas. Muchos pensarán que la tortura es necesaria, que es la única forma en la que se puede sacar información a los detenidos, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene una noción equivocada de lo que se logra a través de la tortura.

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos. De hecho, hasta se menciona que uno de los torturados “confesó” sobre una acción de reclutamiento terrorista, que al final de cuentas resultó ser falsa. [1]

No es nada difícil imaginar que las confesiones que son extraídas bajo tortura sean falsas, ¡y es que uno diría cualquier cosa! Recordemos que hace unos siglos muchas mujeres fueron obligadas de esta manera a confesar que eran brujas… ¡Confesaron algo físicamente imposible con tal de no ser torturadas! Entonces, por ejemplo, cuando el GIEI dice que hubo tortura de testigos en el caso Ayotzinapa, ¿cuál es la credibilidad de estas declaraciones?

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos.

La tortura y las matanzas extrajudiciales perpetradas por las autoridades les restan legitimidad y credibilidad y afectan la imagen de nuestro país a nivel internacional. Pero, ¿cuáles son los métodos alternos? Jack Cloonan, ex-agente del FBI, argumenta que la mejor forma de lograr que un detenido coopere es ofrecerle una alternativa; hacer que acepte que no puede volver a su vida anterior, pero que al ayudarle a las autoridades podría, por lo menos, llegar a un compromiso. [2]

Nuestras autoridades deben de seguir las reglas hasta cuando se trata de asesinos. El imitar las tácticas inservibles de otros criminales (un ojo por ojo), no logra más que una sensación de desquite temporal. La tortura no funciona, está comprobado y ellos deben estar entrenados para seguir las tácticas más efectivas y no brincarse los procesos legales. Porque, nunca sabes… si te llegas a ver en un malentendido ¿qué garantiza que no se los vayan a brincar contigo?

[1] LastWeekTonight, Last Week Tonight With John Oliver: Torture (HBO), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zmeF2rzsZSU.

[2] Ibid.

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Fuero político: el “pégame pero no me dejes” legal

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Entre los principios que definen a un estado de derecho se encuentra la justicia, misma que contribuye a que existan diversos factores que integran una dualidad. Una de las manifestaciones básicas de la justicia radica en el hecho de que todo individuo sea juzgado por la ley, sin contar con privilegios como los que podría tener una persona con título nobiliario en países donde esta costumbre continúa vigente. De igual manera, la justicia debe entenderse no solo en ser juzgado por la misma ley que se aplica a todo mexicano, sino también en el hecho de ser congruentes. No puede haber democracia si no se juzga de la misma forma a cada ciudadano. Algunos defenderán a capa y espada que es necesario el fuero para que los servidores públicos no sean víctimas de ataques orquestados por opositores.

Sin embargo, de ser la posibilidad de tener en riesgo la libertad, imagen moral o integridad el motivo por el que existe este tipo de inmunidad llamado fuero, se tendría entonces que extender el fuero a diversos profesionistas, quienes arriesgan incesantemente la vida misma y no poseen una inmunidad que resulte en que la decisión de salvar su integridad física o moral recaiga sobre sujetos de su misma área de trabajo que determinen si estos deben ser o no procesados penalmente. Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Asimismo, si el argumento a favor del fuero es la ausencia por motivo de que al proceder penalmente se impida el ejercicio de responsabilidades del servidor público, se debería recordar que este cuenta con un suplente, para que tome su lugar cuando sea necesario; para que lo cubra todo el tiempo que haga falta. Si esto es realizado en cualquier empleo ¿por qué no habría de realizarse dentro de la política?

En las variadas esferas laborales, los patrones, los consumidores y demás implicados deben pagar el precio de que un empleado, tal vez muy capaz, se ausente por diversas causas, como por ejemplo, una procedencia penal y deba de reemplazársele todo el tiempo que permanezca la causa que lo impide realizar su labor. En la política, el pueblo está dispuesto a pagar ese precio que se paga en los demás sectores de trabajo, debido a que el fuero es equiparable a decir que: el remedio es peor que la enfermedad.

Además, como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad; con ejemplos como Medina y Duarte, en el norte y sur, respectivamente, el fuero ha demostrado ser la herramienta perfecta para que los políticos continúen empobreciendo, oprimiendo y censurando a los ciudadanos; aunado al pensamiento caudillista que parte de la sociedad mexicana posee, da como resultado que esta misma inmunidad sea considerada como una especie de “pégame pero no me dejes”, de carácter legal: ya que para salir adelante ocupamos un líder obligatoriamente, no importa si este ha cometido un acto ilícito, pues más vale estar mal acompañados que solos, pues como ciudadanos no podemos hacer algo sin ayuda de nuestros políticos.

…como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad…

He ahí una justificación pobre que a veces llega a emplearse para mantener vigente el fuero político. No obstante, como sociedad siempre se puede cambiar y comenzar a hacer frente a esta situación, exigiendo la derogación de este artilugio, cuya función no radica más que en conservar este régimen, donde individuos con la responsabilidad de velar por los intereses populares se reparten el botín que proviene de cada uno de nosotros como contribuyentes.

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Construyendo el Estado de Derecho

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En los últimos años, hemos podido ser testigos de cómo las instituciones mexicanas se han vuelto cada vez más sólidas y han podido generar resultados positivos; sin embargo, el gran reto que seguimos teniendo como país es lograr que todos los mexicanos confiemos en la labor que realizan nuestras instituciones y tengamos plena certeza de que las leyes son respetadas. La aplicación de la justicia es esencial para lograr que los ciudadanos confiemos en el gobierno que tenemos y para que el apego al estado de derecho sea una realidad.

Algunos definen el estado de derecho como la organización política de una sociedad que se rige bajo un marco normativo, donde las actividades del Estado se garantizan bajo una ley. También es válido decir que instituciones públicas sólidas y un marco jurídico robusto contribuyen al correcto funcionamiento de los poderes y de esta forma se garantizan nuestros derechos como mexicanos.

No podemos dejar que circunstancias negativas nos distraigan de nuestras metas y de la contribución que a todos nos corresponde hacer como ciudadanos del país donde queremos vivir.

Para algunos, este concepto ha sido cuestionado debido a la violencia y presuntos actos de corrupción en el país, los cuales desafortunadamente, han mermado el camino construido en los últimos años. No obstante no podemos dejar que circunstancias negativas nos distraigan de nuestras metas y de la contribución que a todos nos corresponde hacer como ciudadanos del país donde queremos vivir.

Cada vez es más común que la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales integren en conjunto propuestas públicas para resolver los problemas y reforzar los aciertos de nuestro entorno.

El marco jurídico y normativo de nuestro país nos permite gozar de una participación cada vez más activa a través de las organizaciones civiles, academia y representantes de la sociedad que, con más herramientas normativas, permiten aportar ideas a la operación gubernamental. Cada vez es más común que la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales integren en conjunto propuestas públicas para resolver los problemas y reforzar los aciertos de nuestro entorno.

El cumplimiento de la ley no debe ser visto sólo como un recurso para castigar a quien cometió un delito, sino como el instrumento que dirige el desarrollo integral de todos los rubros del quehacer público.

El cumplimiento de la ley no debe ser visto sólo como un recurso para castigar a quien cometió un delito, sino como el instrumento que dirige el desarrollo integral de todos los rubros del quehacer público. La legislación nos permite construir infraestructura, ofrecer servicios básicos, proveer un sistema de salud y explotar los recursos nacionales, entre otras actividades. De esta forma tenemos que actuar juntos como sociedad para poder construir el país que merecemos.

Nuevo León y México deben alcanzar un estado de derecho donde el objetivo no sea crear más leyes o implementar nuevas reformas a éstas, sino donde se busque aplicar de manera efectiva las ya existentes. Una actuación concreta de parte de la autoridades para ejercer la Ley y de la sociedad para generar ideas, llevará a nuestro estado y nuestro país a la estabilidad político social que todos buscamos.

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