En materia de recursos para los partidos políticos y las campañas básicamente hoy dos grandes modelos en el mundo. Uno de baja regulación que permite la participación de los privados, las empresas y diversos sectores para financiar las campañas políticas. El ejemplo de este modelo es Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de acudir a la Convención Nacional Demócrata el año pasado una de las cosas que más llamó mi atención era que compañías privadas se ostentaran como patrocinadoras de dicho evento.

El otro existente es uno que tiende a regular los recursos en los procesos de elección pública, sobra decir que nuestro país debido a diferentes razones se encuentra en este segundo grupo. Prácticamente cada acto de los procesos electorales está normado, y desde hace por lo menos 20 años se crean nuevas leyes.

Sin embargo, la realidad de las cosas es que existe una percepción y evidencias mayores respecto a que los procesos electorales se mueven desde márgenes en que se busca cumplir la ley para no cumplirla. Las campañas cuestan mucho más de lo que reciben los partidos políticos, el día de la jornada electoral se presentan operativos de compra del voto, y bajo el signo de las libertades políticas diferentes actores hacen campaña año con año, haya o no haya elecciones, ya sea con la excusa de ser Presidentes de un partido o líderes de un movimiento social alimentado con recursos públicos.

Hoy nuevamente el financiamiento a los partidos políticos y sus candidatos está a debate, el cual gira sobre aspirantes a cargos de elección popular que se promocionan y hacen gastos que no son considerados en la ley electoral, por lo que se presume rompen con el principio de equidad en futuras contiendas. El tema es que estos actores sin ser candidatos, ocupando un cargo público y sin estar vigente el proceso electoral invierten en posicionamientos que van más allá del gasto en comunicación social, es decir, se trata de inversiones para buscar que sectores amplios de la población los conozcan y con ello dispongan de mayores márgenes de  negociación política, lo cual por cierto es ingenuo y no al mismo tiempo.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 242 punto 3 asienta “Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”; así las cosas se regulan elecciones con periodos establecidos, empero hay actos que salen del esquema, casos en los que funcionarios públicos o actores políticos que “no están en campaña”, pero se comportan como si estuvieran; por tanto, cabría preguntarse qué regulación aplicaría si se parte del supuesto de que destinan recursos públicos para promover aspiraciones futuras, las cuales son inciertas. Tocaría el turno entonces a las flamantes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo que corresponda de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo será por demás complicado ponerles freno, dada la tendencia a que actúen con amplios márgenes de discrecionalidad en este y otros rubros.

En su caso, habría de preguntarse si la autoridad electoral regularía esta materia para evitar que los funcionarios en lugar de trabajar atendiendo sus responsabilidades ocupen cargos y recursos de áreas comunicación social para posicionarse.  También está el caso de que sin destinar recursos públicos, grupos de interés si los destinen para posicionar al actor político en cuestión. Sólo que la pregunta es cómo se podría evitar esto, si existe un régimen de libertades y cada quien puede apoyar a quien quiera más aún sino hay elecciones.

Las respuestas están en las leyes porque en un país con tantas carencias no deberían gastarse miles de millones de pesos cada año en campañas con o sin elecciones, además hay que reconocer que la última reforma electoral aunque trató de ser equitativa terminó por fortalecer a las castas, pues lo únicos que aparecen en los medios son los que tienen un puesto público, coartando la libertad de ser votados para el resto ante la imposibilidad de generar conocimiento ante la opinión pública. Pero la respuesta sustancial está en la ética política, materia casi olvidada ante la creencia de que en política todo se vale, sólo que eso no es política.