Recursos y campañas políticas

En materia de recursos para los partidos políticos y las campañas básicamente hoy dos grandes modelos en el mundo. Uno de baja regulación que permite la participación de los privados, las empresas y diversos sectores para financiar las campañas políticas. El ejemplo de este modelo es Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de acudir a la Convención Nacional Demócrata el año pasado una de las cosas que más llamó mi atención era que compañías privadas se ostentaran como patrocinadoras de dicho evento.

El otro existente es uno que tiende a regular los recursos en los procesos de elección pública, sobra decir que nuestro país debido a diferentes razones se encuentra en este segundo grupo. Prácticamente cada acto de los procesos electorales está normado, y desde hace por lo menos 20 años se crean nuevas leyes.

Sin embargo, la realidad de las cosas es que existe una percepción y evidencias mayores respecto a que los procesos electorales se mueven desde márgenes en que se busca cumplir la ley para no cumplirla. Las campañas cuestan mucho más de lo que reciben los partidos políticos, el día de la jornada electoral se presentan operativos de compra del voto, y bajo el signo de las libertades políticas diferentes actores hacen campaña año con año, haya o no haya elecciones, ya sea con la excusa de ser Presidentes de un partido o líderes de un movimiento social alimentado con recursos públicos.

Hoy nuevamente el financiamiento a los partidos políticos y sus candidatos está a debate, el cual gira sobre aspirantes a cargos de elección popular que se promocionan y hacen gastos que no son considerados en la ley electoral, por lo que se presume rompen con el principio de equidad en futuras contiendas. El tema es que estos actores sin ser candidatos, ocupando un cargo público y sin estar vigente el proceso electoral invierten en posicionamientos que van más allá del gasto en comunicación social, es decir, se trata de inversiones para buscar que sectores amplios de la población los conozcan y con ello dispongan de mayores márgenes de  negociación política, lo cual por cierto es ingenuo y no al mismo tiempo.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 242 punto 3 asienta “Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”; así las cosas se regulan elecciones con periodos establecidos, empero hay actos que salen del esquema, casos en los que funcionarios públicos o actores políticos que “no están en campaña”, pero se comportan como si estuvieran; por tanto, cabría preguntarse qué regulación aplicaría si se parte del supuesto de que destinan recursos públicos para promover aspiraciones futuras, las cuales son inciertas. Tocaría el turno entonces a las flamantes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo que corresponda de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo será por demás complicado ponerles freno, dada la tendencia a que actúen con amplios márgenes de discrecionalidad en este y otros rubros.

En su caso, habría de preguntarse si la autoridad electoral regularía esta materia para evitar que los funcionarios en lugar de trabajar atendiendo sus responsabilidades ocupen cargos y recursos de áreas comunicación social para posicionarse.  También está el caso de que sin destinar recursos públicos, grupos de interés si los destinen para posicionar al actor político en cuestión. Sólo que la pregunta es cómo se podría evitar esto, si existe un régimen de libertades y cada quien puede apoyar a quien quiera más aún sino hay elecciones.

Las respuestas están en las leyes porque en un país con tantas carencias no deberían gastarse miles de millones de pesos cada año en campañas con o sin elecciones, además hay que reconocer que la última reforma electoral aunque trató de ser equitativa terminó por fortalecer a las castas, pues lo únicos que aparecen en los medios son los que tienen un puesto público, coartando la libertad de ser votados para el resto ante la imposibilidad de generar conocimiento ante la opinión pública. Pero la respuesta sustancial está en la ética política, materia casi olvidada ante la creencia de que en política todo se vale, sólo que eso no es política.

Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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