Para la empresa De Lorenzo Of America Corp, filial de la italiana De Lorenzo Engineering, el haber sido incluida, en la lista de empresas con prácticas fraudulentas del Banco Mundial (BM) no ha sido un impedimento para hacer negocios con el gobierno federal, y con gobiernos estatales.
En los últimos cinco años, la empresa ha facturado 92.8 millones de pesos gracias a la venta de sus productos (maquinaria, sistemas electrónicos, soluciones técnico-didactas, etc.) a dependencias, como la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), además de instituciones educativas, como el IPN y los gobiernos de los 14 estados, entre ellos Sinaloa y Michoacán, las dos entidades con las que han todos los contratos más altos.
Una revisión a la base de datos de contratos de sistema Compranet, a través de la página Contratobook, muestra que desde mayo de 2012 (cuando fue incluida en la lista negra del BM) a la fecha, la empresa ha establecido 47 contratos con dependencias federales y estados.
La sanción impuesta por el BM no limita que pueda hacer negocios con otras empresas u organizaciones, a menos de que esas empresas u organizaciones cuenten con recursos de un programa financiado por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
De Lorenzo no es la única empresa ubicada en México incluida en la lista del Banco Mundial pero si es la única que siguió haciendo negocios con dependencias y estados tras la acusación.
En una revisión a las 231 empresas boletinadas actualmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay tres que han hecho negocios con el gobierno federal mexicano y con un gobierno estatal, aunque presuntamente forman parte de lavado de dinero.
(Con información de Animal Político)