Detienen a ministro de Salud de Bolivia por compra a sobre precio de respiradores para COVID-19

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El ministro de Salud de Bolivia fue detenido este miércoles por la compra sobrevalorada de respiradores de fabricación española para pacientes con coronavirus, y luego fue destituido por la presidenta Jeanine Áñez, quien enfrenta el mayor escándalo de corrupción de sus seis meses de gobierno.

Marcelo Navajas, el ministro destituido, “se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz”, dijo el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas.

El funcionario fue detenido y removido de su cargo un día después de que Áñez ordenara investigar la compra de respiradores en España por “posible corrupción” en medio de una ola de críticas hacia su gobierno.

Otros dos funcionarios sanitarios también fueron detenidos por la policía.

Además, fueron convocados a declarar ante los investigadores bolivianos dos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió los casi cinco millones de dólares para la compra de 179 respiradores.

El organismo internacional señaló en un comunicado público que “ve con preocupación las informaciones sobre posibles irregularidades en la adquisición de respiradores realizada por el Ministerio de Salud de Bolivia con recursos de financiamiento del Banco” y anunció que abrió una investigación interna.

El escándalo se destapó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.

La prensa local indicó que Bolivia había adquirido los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares). Otra empresa ibérica ofició de intermediaria.

Áñez precisó este miércoles en su cuenta de la red Twitter que “el contrato investigado por sobreprecio por los respiradores era de 4.773.600 US [dólares]” y que el país alcanzó a desembolsar 2.028.780 dólares, por lo que ordenó que “no se pague un centavo más” por los equipos.

La presidenta derechista dijo además que asumía el “compromiso” de “recuperar el dinero de los bolivianos”.

Áñez “decidió apartar al ministro de Salud” para “evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia”, señaló la jefa de la cartera de Comunicación, Isabel Fernández, y nombró a la viceministra del sector, Eidy Roca, como interina.

El escándalo se produce en medio de una expansión de la covid-19 que hasta la fecha ha contagiado a cerca de 4.500 personas y provocado unos 190 decesos en Bolivia. La nación sudamericana permanece bajo cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el pasado 17 de marzo y hasta fin de este mes.

– Áñez, blanco de críticas –

La mandataria, quien asumió el poder el pasado 12 de noviembre, un día después de la renuncia forazada de Evo Morales (2006-2019) tras una fuerte convulsión social y política por unas polémicas elecciones, se convirtió en blanco de las críticas y enfrenta su mayor crisis política por la compra de los ventiladores.

“Urge explicación seria del gobierno”, señaló el exmandatario centrista y candidato presidencial Carlos Mesa, mientras que el delfín de Morales, el economista Luis Arce, señaló que el gobierno de Bolivia “sigue actuando de manera tardía y negligente”.

Luis Fernando Camacho, candidato de derecha, fue más duro: “El dolor del pueblo no puede ser usado para hacer negociados”.

Áñez también soporta la presión de sindicatos de obreros y campesinos, cercanos a Morales, que exigen aliviar la cuarentena sanitaria, la renuncia de la mandataria y que se fije la fecha de las nuevas elecciones, como máximo para el 2 de agosto.

Previstas inicialmente para el 3 de mayo, las elecciones para reemplazar el gobierno de Áñez han quedado en suspenso por la pandemia.

Desde la semana pasada se registran algunos bloqueos de caminos en las regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí.

Entre tanto, el municipio de Cochabamba abrió una mesa de diálogo con vecinos que impiden el ingreso de basura al botadero local.

El viceministro de Interior, Wilson Santamaría, responsabilizó por las protestas al partido izquierdista de Morales, “para convulsionar el país”, pero la agrupación lo niega.

 

Los “moditos” de AMLO

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El domingo 26 de abril, se anunció por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un acuerdo para brindar créditos que se pondrán a la disposición de 30 mil MiPyMes mexicanas por hasta 12 mil millones de dólares. Dicho acuerdo fue negociado e impulsado por el Consejo Coordinador empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). 

El Banco Interamericano de Desarrollo, se dedica a financiar gobiernos y empresas en las Américas. Gracias a dicho acuerdo, A través del BID, se logrará obtener líneas de crédito para hacer factoraje y fortalecer las cadenas de valor e impedir la parálisis económica ante la recesión que se aproxima. 

Cabe señalar que, para dicho acuerdo, no se demanda ningún aval por parte del gobierno mexicano, así que la deuda y las garantías son únicamente de las empresas, y por protocolo solo se busca que el gobierno esté enterado. 

Una excelente noticia para las empresas mexicanas, algo que se debe de aplaudir y reconocer a quienes impulsaron dicha acción. Pero el que no aplaude o mejor dicho no lo entiende, es nada más y nada menos, que nuestro presidente MALO digo… AMLO. 

Cegado por sus ideales de combatir la desigualdad en el país a través de programas sociales (regalando el dinero), que lo único que hacen es satisfacer necesidades momentáneas y NO acabando con la pobreza. 

No ha logrado entender que este tipo de acciones son las que debería de buscar e impulsar el gobierno federal, el ayudar a las empresas mexicanas con estrategias o planes reales. Y como el gobierno federal no ha sido capaz de siquiera imaginar las consecuencias que esta crisis nos puede ocasionar si no hacemos algo, fue la iniciativa privada la que tuvo que buscar una alternativa para blindar y proteger los negocios del país.

La convocatoria siempre será privilegio del presidente, pero si el mandatario se decide a no ejercerla y rehúye a escuchar empresarios, legisladores, gobernadores o a cualquier otro actor que influye, alguien buscará la otra salida y este acuerdo es claro ejemplo. 

El tamaño del reto ante el descalabro sanitario y económico más dramático del último siglo, nunca podrá ser tarea de un solo hombre, el trazar todo un plan de rescate para un país, es imposible tener las respuestas a todos los retos que surgen. Es por ello que AMLO no puede seguir gobernando desde su soledad con ideales prehistóricos. Así que una vez más te lo pedimos ¡Despierta AMLO!

AMLO advierte corrupción en créditos del BID y el Consejo Mexicano de Negocios

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que existe un riesgo de corrupción en el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

“Lo que está demostrado es que esos rescates de arriba son equivalentes a corrupción, son sinónimos de corrupción”, declaró el Mandatario en conferencia de prensa en la que, a pregunta expresa sobre si existe riesgo de corrupción en este plan que tiene el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, respondió:

“Sí, si no se cuida, y lo mismo lo del dinero que va a disponer el Banco de México, estar muy pendientes, no oponernos, pero cuidar“, respondió.

En Palacio Nacional, el Mandatario insistió que el modelo de “rescates” recomendado por organismos internacionales, financiado por la banca privada y luego cargada al erario, equivale a corrupción.

Si bien, dijo que su Gobierno no está en contra de que las empresas privadas consigan financiamiento, advirtió que, en caso de que no puedan pagar, la Administración pública no está dispuesta a entrar al rescate como se hizo con el Fobaproa.

“No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario”, afirmó.

Entre otras cosas, el Jefe del Ejecutivo federal reveló que antes de su informe del pasado 05 de abril, en el que lanzó su propuesta de rescate a la economía ante la crisis derivada de la propagación del COVID-19, representantes empresariales le propusieron colocar como garantía en bancos privados los 25 millones de pesos que ahora reparte en créditos directos a un millón de Pymes.

Según el Presidente, la propuesta inicial era que ese dinero le permitiría al Gobierno entregar 5 millones de créditos.

Sin embargo, relató López Obrador, tras realizar las consultas con las instituciones financieras, se informó que con ese mecanismo sólo podrían otorgarse 1.14 millones de créditos, es decir, unos cuántos más.

“No, pues el propósito era otro, era lo que siguen diciendo, que nos endeudáramos”, aseveró.

“¿Ustedes creen que yo a la primera voy a solicitar crédito, sin hacerle la lucha, ahorrando para no caer en deuda?”, cuestionó el Mandatario.

Además, López Obrador volvió a la carga contra la propuesta de prorrogar el pago de impuestos.

Dijo que si eso se decreta, nos quedamos sin recaudación y cómo vamos a proteger a los pobres, de dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores, a las niñas y a los niños con discapacidad, ellos no creen en eso”, expresó.

AMLO critica créditos del BID; “no me gusta el modito” dice

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su gobierno no dará el aval para el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios sobre créditos a Pequeñas y Medianas empresas (Pymes), ya quedo se quiere endeudar al país.

“Ese aval no podemos otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados (…) No me gusta el ‘modisto’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, ya no es como antes. Tenemos que estar muy pendientes: imagínense que el presidente se entra de que ya hubo un arreglo y que van a pedir que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo? Es mucha la prepotencia. No es pleito, es confrontación de ideas, es por el bien de todos”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El pasado domino, el Consejo Mexicanos de Negocios (CMN) y BID Invest, momento del Grupo BID que financia empresas y proyectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) de México, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares.

El organismo privado expuso en un comunicado el acuerdo, mismo que, asegura, contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda.

El acuerdo está basado en el financiamiento a través de facturare inverso, instrumento que permite a la Mipymes que confirman las cadenas de valor de grandes empresas obtener una alternativa de financiamiento a taras atractivas.

El producto de crédito, revolviste y con un plazo medio de 90 días, permitirá financiar ala año un monto estimado por hasta 12 mil millones de dólares o unos 290 mil millones de pesos en facturas de 30 mil proveedores Mipymes de México.

El objetivo de BID Invest es construir un programa d tres mil millones de dólares de líneas de crédito en modalidad de facturare inversión, que complementen las líneas de este tipo de programas que el organismo financiera ya tiene en México.

La delgada línea entre el T-MEC y el SMV

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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; reconocido por sus siglas en español “T-MEC”,  está por convertirse en la figura que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este acuerdo comercial, representa una de las promesas económicas de mayor interés para la nación mexicana en la siguiente década considerando que tan sólo en el 2017, los Estados miembros del T-MEC hicieron transacciones con una valía que superaba los 1,486 millones de dólares a diario. Es decir, más de 61 millones de dólares por hora. 

Como se sabe, en la actualidad, la nación estadounidense es por mucho el principal socio comercial de nuestro país. A raíz de esto, es de mutuo interés para ambas naciones el estar en “piso firme” para el flujo positivo de las negociaciones. Es así como EU se pronunció en ocasiones reiteradas el pasado mes en cuestiones relativas al salario mínimo vigente mexicano como un obstáculo de la ratificación del T-MEC. Posteriormente, AMLO declaró que a fin de cumplir con lo solicitado por los Estados Unidos, se buscaría que para el año entrante el salario mínimo se comenzara a incrementar en por lo menos 2 puntos porcentuales por encima de la inflación anual. Esto representaría por lo menos un incremento salarial del 17.2% para el próximo año. Por otra parte, otra de las cuestiones solicitadas por los EU fue que México pudiere contar con un mayor presupuesto a ejercer para su reforma laboral. Solicitud ante la cual AMLO también acordó gestionar lo necesario para su cumplimiento.  

Ahora bien, lo trascendente de ambas demandas y que a su vez podríamos considerar como exigencias, contempla el hecho de reconocer la posición actual que ostenta México en el ámbito internacional respecto a la paga que México brinda a sus trabajadores. La promesa hecha por AMLO representa prácticamente una estrategia a fin de cerrar el trato con los congresistas pertenecientes al partido democrático de los Estados Unidos. Derivando consigo en una ventaja para los trabajadores mexicanos.  

En la actualidad, México ocupa la cuarta posición en la lista de países con mayor desarrollo económico en Latinoamérica, sin embargo, la media del salario de sus trabajadores es equiparable a la de algunas de las ciudades con mayor índice de pobreza en esta misma región del mundo. Otra de las cuestiones que repercuten mucho en la remuneración de los trabajadores es sin duda la tasa de informalidad laboral, misma que se ubica entre los focos rojos de la lista correspondiente. De acuerdo a David Kaplan; uno de los especialistas en materia de mercado laboral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es de carácter urgente que México dé un seguimiento firme a su reforma laboral en estricto apego al derecho de los trabajadores a una remuneración justa y que se incremente el salario mínimo en por lo menos 30 pesos.  

La situación no suena lo suficientemente alarmante si únicamente leemos los números: el salario mínimo vigente general de la república se fija en los 102.68 pesos, mientras que el correspondiente a la zona fronteriza se ubica en los 176.72 pesos. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿para qué alcanza con esto? 

De acuerdo al CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en México el 48.8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza contemplando sus ingresos. Esto quiere decir que las familias mexicanas que pertenecen a este rubro, viven a diario la falta de ingresos suficientes y limitaciones a múltiples de sus derechos entre los cuales destacan: el derecho a una educación básica, a los servicios de salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad con los servicios básicos e incluso a una alimentación digna. 

Con todos estos factores de la mano y el incremento constante de los costos en la canasta básica a manera injusta para lo que el mexicano promedio está ganando: ¿cómo puede México competir en un marco internacional? Si bien es cierto, es en parte triste el tener que ver que los cambios trascendentes tengan que surgir o incluso idearse fuera de nuestra nación. Es decir, a solicitud externa para poder cumplir con los estándares de otras naciones. Lo ideal hubiere sido que todas estas cuestiones se anticiparan a cualquier intervención ajena al gobierno mexicano. Sin embargo, esperemos que con estos cambios y proposiciones, dejando de lado las motivaciones, el pueblo de México pueda verse beneficiado en torno a este ámbito tan representativo y propio de la nación en la cual nos estamos convirtiendo. 

Infraestructura Educativa: ¿el problema de la educación?

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En México existen mas de 207 mil planteles sólo de educación básica y especial. A ellos asisten más de 25 millones de alumnos y trabajan más de 2 millones de personas entre profesores y personal administrativo. Del total de número de planteles, el 86.4 % son escuelas públicas, es decir, alrededor de 179 mil.

Tal vez estos números no nos digan mucho, pero cuando eres arquitecto, investigador y pedagogo, visitas los planteles educativos y el INEGI revela que de esas 179 mil escuelas públicas, el 48.8 % de ellas no tienen drenaje, el 31 % no cuenta con suministro directo de agua, el 11.2 % carece de abastecimiento de energía eléctrica y el 12. 8% no tiene ni siquiera baños, entiendes por qué México es uno de los países de mayor rezago educativo en el mundo. Además, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, reveló que el 95 % de las escuelas no cuenta con todas las áreas necesarias para su enseñanza como: salones de cómputo, bibliotecas escolares, sala de profesores y salones para actividades culturales y artísticas. Según los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), México se ubicó en la posición 58 en conocimiento en ciencias, en la posición 56 en conocimiento matemático, y en la posición 55 en lectura. Sin embargo, un país que pretende ser mejor no debe compararse con los demás y debe de mejorarse así mismo año con año. Pero lo realmente preocupante no es que estemos ubicados en los últimos lugares de las evaluaciones a nivel mundial; lo preocupante es que estamos muy por debajo de los resultados mínimos.

Pero ¿qué tiene que ver el desempeño académico con la infraestructura? Dicen que cuando eres arquitecto, te conviertes en una de esas personas que quiere culpar a las condiciones espaciales por todo lo bueno y lo malo que nos sucede. Después de terminar mi carrera profesional y dedicarme por varios años a la arquitectura social, decidí hacer un posgrado para estudiar como se relaciona el espacio y el comportamiento de las personas. Aunado a esto, también decidí hacer otro posgrado en Educación para entender como funcionaba el sistema educativo en México. Los resultados que obtuve validaron mi pensamiento de arquitecto: la calidad de la infraestructura influye en el desempeño académico.

Hace unos años, el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que la infraestructura escolar podría ser una de las principales causas del rezago en aprendizaje de los estudiantes latinoamericanos, ya que las escuelas son el segundo lugar en donde los niños y los jóvenes pasan más tiempo después de casa. Las escuelas se han convertido para todos los que pasamos por allí alguna vez en nuestros espacios de convivencia, en espacios en donde nos expresamos, en espacios en donde aprendemos a afrontar situaciones problemáticas y en espacios en donde nos relacionamos con diferentes formas de pensamiento y hasta de cultura. A pesar de esto y de ser una de las tres prioridades según Enrique Peña Nieto para el país, el presupuesto para la Educación ha tenido recortes año con año. Tan solo del 2016 al 2017, la Secretaría de Educación tuvo un recorte de más 46 mil millones de pesos y la inflación en todos los servicios y materiales, ayuda poco.

Me pregunto ¿qué le vamos a exigir quienes pretenden ser presidentes este 2018? Programas sin pies ni cabeza como Escuelas al Cien que se jactan de ser los de mayor inversión en la historia de México pero que en realidad están llenos de demagogia, engaño y corrupción, sobran en este país ¿queremos un mejor país? Sabemos donde tenemos que invertir, la pregunta es ¿cómo se los vamos a exigir?

Empresa que se encuentra en la lista negra del Banco Mundial hace negocios con el gobierno federal y 14 estados.

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Para la empresa De Lorenzo Of America Corp, filial de la italiana De Lorenzo Engineering, el haber sido incluida, en la lista de empresas con prácticas fraudulentas del Banco Mundial (BM) no ha sido un impedimento para hacer negocios con el gobierno federal, y con gobiernos estatales.

En los últimos cinco años, la empresa ha facturado 92.8 millones de pesos gracias a la venta de sus productos (maquinaria, sistemas electrónicos, soluciones técnico-didactas, etc.) a dependencias, como la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), además de instituciones educativas, como el IPN y los gobiernos de los 14 estados, entre ellos Sinaloa y Michoacán, las dos entidades con las que han todos los contratos más altos.

Una revisión a la base de datos de contratos de sistema Compranet, a través de la página Contratobook, muestra que desde mayo de 2012 (cuando fue incluida en la lista negra del BM) a la fecha, la empresa ha establecido 47 contratos con dependencias federales y estados.

La sanción impuesta por el BM no limita que pueda hacer negocios con otras empresas u organizaciones, a menos de que esas empresas u organizaciones cuenten con recursos de un programa financiado por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

De Lorenzo no es la única empresa ubicada en México incluida en la lista del Banco Mundial pero si es la única que siguió haciendo negocios con dependencias y estados tras la acusación.

En una revisión a las 231 empresas boletinadas actualmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hay tres que han hecho negocios con el gobierno federal mexicano y con un gobierno estatal, aunque presuntamente forman parte de lavado de dinero.

(Con información de Animal Político)