Incremento del salario mínimo: una revisión teórica de sus efectos

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El pasado miércoles 1 de enero entró en vigor el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que establece un incremento del salario mínimo de 20% en términos reales – de 102.68 a 123.22 pesos diarios. 

El gobierno federal ha señalado que el alza general en el salario mínimo no tendrá repercusiones inflacionarias. Si bien es cierto que la relación puntual entre los salarios y los precios no es directa, el aumento se da en un contexto de estancamiento económico. Las consecuencias en la economía no son fáciles de predecir, dada la multiplicidad de factores.

Por ello, conviene precisar algunos postulados teóricos que simplifican el análisis de los efectos que tiene un aumento en los salarios. De esa manera, podremos dar cuenta de efectos opuestos a los que señala la teoría económica ortodoxa. 

La escuela neoclásica de economía establece que el salario real que reciben los trabajadores en una industria debe ser equivalente a la productividad marginal, es decir, a la aportación de la última unidad de trabajo utilizada en la producción. 

El problema con esta teoría es que dicha equivalencia ocurre exclusivamente en equilibrio, un estado de la economía que tiene más relevancia teórica que una existencia fáctica. La economía se encuentra constantemente en movimiento, por ello el análisis debe ser a partir de un enfoque dinámico, no estático. Ante ello, esta escuela de pensamiento toma como simultáneo lo temporalmente heterogéneo. 

Si se acepta este enfoque reduccionista y atemporal, un aumento en el salario real no implica un incremento en la productividad laboral; por el contrario, si se fija un salario mínimo por arriba del equilibrio – ahí donde las funciones de oferta y demanda se cruzan -, las empresas contratarán menos unidades de trabajo respecto al punto de equilibrio, lo que implicaría desempleo. 

Bajo este enfoque existen dos cuestiones que la teoría no toma en cuenta y es consecuencia de la rigidez simultánea que impone entre la remuneración del trabajador y su productividad. En primer lugar, la teoría no prevé que el aumento en las remuneraciones salariales puede generar un mayor esfuerzo, lo que deriva en una mayor productividad. Los trabajadores perciben un estímulo por parte del empleador y lo traducen en un mayor compromiso laboral. Esto no solo se reduce al salario, sino también al acceso a seguridad social, prestaciones, mejor ambiente de trabajo, etc. 

En segundo lugar, la escuela neoclásica define una función de oferta laboral estrictamente creciente, lo que genera un solo equilibrio de mercado. Sin embargo, si pensamos en un hogar con familia extensa que incluya a los abuelos, con salarios muy bajos, todos los integrantes del hogar buscarán trabajar, pero a medida que incrementa el salario y los padres de familia perciben una mayor remuneración, los abuelos pueden dejar de trabajar para cuidar a los nietos, lo que revierte la función de oferta y la vuelve decreciente. Por último, si el salario continúa creciendo, los abuelos tendrán nuevamente incentivos para ofrecer su fuerza laboral dada una mayor remuneración. 

Con ello, se busca señalar que pueden existir más de un equilibrio de mercado, por lo cual, fijar un salario mínimo por arriba de un equilibrio puede conducir al mercado a otro equilibrio, superando el problema de desempleo que la escuela ortodoxa dogmáticamente profesaba. 

A lo anterior, vale la pena agregar los problemas de información que existen en el mercado laboral y que conducen a equilibrios subóptimos. Si bien desde finales de la década de los setenta ya se hacía alusión a escenarios con asimetría de información –moral hazard y adverse selection-, podemos añadir otro de carácter sociológico: la asimetría de poder entre el oferente y el demandante de fuerza de trabajo. 

El empleador, en muchos casos, conoce la situación de necesidad que tiene la persona de ser contratada, por lo cual éste está dispuesto a aceptar el trabajo por una remuneración posiblemente inferior a su productividad. El demandante obtiene una ventaja de la posición de precariedad que tiene el oferente. Por ello, la política pública del candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de establecer un ingreso universal no era una locura; si bien financieramente poco viable, el ingreso le otorgaría al oferente un respaldo económico que evitaría vender su fuerza de trabajo a cualquier precio.

Con esto no buscamos argumentar que el aumento de los salarios debe ser por mandato gubernamental; por el contrario, estamos de acuerdo en que el aumento sostenido de los ingresos laborales solo es posible con un incremento sostenido de la productividad. Si bien no de forma puntual, el salario y la productividad poseen un relación estrecha y positiva, por lo cual más allá de un aumento por mandato del salario mínimo, el gobierno debe de solucionar el mayor problema para la economía mexicana y que ha provocado el estancamiento del salario y una caída de la productividad: la informalidad. 

Atisbos de justicia laboral

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En la mesa política, hay siempre una gran cantidad de platos calientes. En los últimos días, éstos han tenido que ver con el #MeToo, con las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera, con las (lamentables) ternas de la CRE y, con la reforma educativa, entre otros. Así, con la diversidad y multitud de temas que se presentan en la mesa, me parece pertinente traer al frente un tema que, si acaso, ha pasado como un ligero entremés, a pesar de la vital relevancia que representa. 

El pasado primero de abril, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, arrancó el Programa Piloto para incorporar a las Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este programa, derivado de una sentencia de la SCJN que determina la incorporación obligatoria de las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social, tendrá una duración de 18 meses y se concentrará en nueve estados de la república, mismos que concentran el 59% del trabajo doméstico, entre los que se encuentran: el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. 

El arranque del programa viene a constituirse, sin duda, como un logro significativo de la actual administración. Su creación, no solo tiene relevancia legal, sino también simbólica, puesto que viene a abrir el camino para resarcir el daño que por años se ha infligido en uno de los sectores más discriminados de la sociedad. Los datos lo ponen de manifiesto, más de un tercio de las trabajadoras domésticas recibe menos de un salario mínimo por el trabajo laborado, y solo una de cada diez cuentan con algún tipo de prestación, aunque, en una sociedad que no concibe su labor como un empleo o un trabajo “real”, la cifra posiblemente no sorprenda. 

De este modo, el siguiente gran obstáculo que enfrentará este programa, será la transición cultural hacia la construcción de un colectivo imaginario en el que las trabajadoras domésticas sean reconocidas como tal, es decir, como trabajadoras, y se disocie su concepción discriminatoria de “sirvienta”. Esta concepción actual, más allá de presentarse como una fuente de humillación verbal y de perpetuación de ciudadanos de segunda categoría, en la práctica, es realmente consistente con un esquema de servidumbre, entendido éste como un esquema en el que existe un amo y un siervo. 

La perpetuación de este esquema de servidumbre ha sido posible no solo por el componente clasista y machista de nuestra sociedad – partiendo de la noción de que las labores del hogar son una obligación de las mujeres, mismas a quienes históricamente se ha remunerado en mucho menor medida que los hombres – sino por el marco jurídico que rige a este sector, y la falta de acción gubernamental. Combinados estos dos factores, hemos tenido un marco jurídico que permite que las trabajadoras laboren por hasta 12 horas diarias, y sin la existencia de un salario mínimo definido. A este respecto, destaca que la obligatoriedad de fijar dicho salario se estableció en la Ley Federal del Trabajo desde 1977, hoy, cuarenta años después todavía no existe. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha decidido emprender su parte, y llevará a cabo el primer foro consultivo para fijar dicho salario, el próximo 25 de abril.  

A pesar de que el camino por recorrer es largo (legal y socialmente), el emprendimiento del programa piloto se presenta como una oportunidad de brindarle a este sector de la población la justicia laboral que por décadas se les ha negado, de dignificar su labor, y de contribuir a la reducción de la desigualdad. De este modo, en un país que se ha caracterizado por la inactividad y la indiferencia gubernamental, no permitamos que la falta del cambio recaiga ahora en la sociedad, y en nuestros erróneos y discriminatorios constructos sociales. 

*Link al sitio donde se describen los pasos para inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social: http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar