Atisbos de justicia laboral

Comparte este artículo:

En la mesa política, hay siempre una gran cantidad de platos calientes. En los últimos días, éstos han tenido que ver con el #MeToo, con las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera, con las (lamentables) ternas de la CRE y, con la reforma educativa, entre otros. Así, con la diversidad y multitud de temas que se presentan en la mesa, me parece pertinente traer al frente un tema que, si acaso, ha pasado como un ligero entremés, a pesar de la vital relevancia que representa. 

El pasado primero de abril, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, arrancó el Programa Piloto para incorporar a las Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este programa, derivado de una sentencia de la SCJN que determina la incorporación obligatoria de las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social, tendrá una duración de 18 meses y se concentrará en nueve estados de la república, mismos que concentran el 59% del trabajo doméstico, entre los que se encuentran: el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. 

El arranque del programa viene a constituirse, sin duda, como un logro significativo de la actual administración. Su creación, no solo tiene relevancia legal, sino también simbólica, puesto que viene a abrir el camino para resarcir el daño que por años se ha infligido en uno de los sectores más discriminados de la sociedad. Los datos lo ponen de manifiesto, más de un tercio de las trabajadoras domésticas recibe menos de un salario mínimo por el trabajo laborado, y solo una de cada diez cuentan con algún tipo de prestación, aunque, en una sociedad que no concibe su labor como un empleo o un trabajo “real”, la cifra posiblemente no sorprenda. 

De este modo, el siguiente gran obstáculo que enfrentará este programa, será la transición cultural hacia la construcción de un colectivo imaginario en el que las trabajadoras domésticas sean reconocidas como tal, es decir, como trabajadoras, y se disocie su concepción discriminatoria de “sirvienta”. Esta concepción actual, más allá de presentarse como una fuente de humillación verbal y de perpetuación de ciudadanos de segunda categoría, en la práctica, es realmente consistente con un esquema de servidumbre, entendido éste como un esquema en el que existe un amo y un siervo. 

La perpetuación de este esquema de servidumbre ha sido posible no solo por el componente clasista y machista de nuestra sociedad – partiendo de la noción de que las labores del hogar son una obligación de las mujeres, mismas a quienes históricamente se ha remunerado en mucho menor medida que los hombres – sino por el marco jurídico que rige a este sector, y la falta de acción gubernamental. Combinados estos dos factores, hemos tenido un marco jurídico que permite que las trabajadoras laboren por hasta 12 horas diarias, y sin la existencia de un salario mínimo definido. A este respecto, destaca que la obligatoriedad de fijar dicho salario se estableció en la Ley Federal del Trabajo desde 1977, hoy, cuarenta años después todavía no existe. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha decidido emprender su parte, y llevará a cabo el primer foro consultivo para fijar dicho salario, el próximo 25 de abril.  

A pesar de que el camino por recorrer es largo (legal y socialmente), el emprendimiento del programa piloto se presenta como una oportunidad de brindarle a este sector de la población la justicia laboral que por décadas se les ha negado, de dignificar su labor, y de contribuir a la reducción de la desigualdad. De este modo, en un país que se ha caracterizado por la inactividad y la indiferencia gubernamental, no permitamos que la falta del cambio recaiga ahora en la sociedad, y en nuestros erróneos y discriminatorios constructos sociales. 

*Link al sitio donde se describen los pasos para inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social: http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar