Comisión de Acceso a la Verdad denuncia obstáculos en acceso a archivos históricos

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Bajo las consignas «#CNIabretusArchivos» y «#SinArchivosNoHayVerdad», miembros de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990 han expresado su preocupación por las «serias dificultades» que han enfrentado para acceder a la documentación histórica proveniente de agencias de seguridad, inteligencia, Fuerzas Armadas y policías.

En un comunicado conjunto, los integrantes del Mecanismo, Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart, han resaltado que a lo largo de 22 meses desde su creación, el MEH no ha tenido acceso completo a los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), actualmente denominado Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Consideran que estos archivos son esenciales para investigar las violaciones cometidas en ese período histórico.

Este impedimento de acceso es visto como un incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, así como la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia.

En respuesta a esta situación, los miembros de la Comisión demandan «la transferencia total y el acceso a los archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN)», lo que incluye los documentos faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y el CISEN (1989-1993), que aún deben estar bajo la custodia del CNI. Además, exigen el acceso a los depósitos en bóveda tanto del CNI como del AGN.

Asimismo, piden el cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019, el cumplimiento de las disposiciones de la LGA sobre la transferencia de la documentación al AGN por parte del CNI, y la implementación del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 que creó la COVEHJ (Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y de la Justicia en México), autorizando al personal a acceder a documentos históricos de la Administración Pública necesarios para la investigación.

«Para cumplir plenamente con el mandato presidencial, instamos firmemente al CNI y al AGN a permitir el acceso ilimitado para consulta y digitalización al personal del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, como está establecido por orden presidencial. Los archivos son fundamentales para investigar ese pasado en el que se encuentran las claves para comprender y reinterpretar las violencias del presente. Sin acceso a archivos, no hay verdad. #CNIabretusArchivos #SinArchivosNoHayVerdad», expresaron los miembros de la Comisión.

En respuesta a estas denuncias, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió sobre un «empoderamiento militar inédito y peligroso». Hacen notar que las denuncias del Mecanismo Esclarecimiento Histórico de la «Guerra Sucia» respecto a la opacidad del CNI, ahora en manos militares, deben considerarse en el contexto de las acusaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la obstrucción del Ejército en el caso Ayotzinapa.

«Estamos enfrentando un empoderamiento militar inédito y peligroso. En cuestiones de derechos humanos, la voluntad presidencial parece ceder ante la impunidad castrense. #SinArchivosNoHayVerdad», compartió el Centro en su cuenta de Twitter.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Investiga Gobierno federal destino de 40 mmdp supuestamente utilizados para seguridad nacional con EPN

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El Gobierno federal investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) el destino de más de 40 mil millones de pesos que se erogaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los años 2013 y 2018 en materia de seguridad nacional” bajo un estricto control de confidencialidad”.

Los recursos fueron utilizados por dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República para misiones y objetivos confidenciales” que, entre otras cosas, implicaban supuestas tareas de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas principalmente a combatir a los cárteles de la droga.

En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan cómo se empleó ese dinero, denominado como partida presupuestal 33701, Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad.

Los gastos para esa partido se dispararon durante la Administración del mexiquense.

Si bien, la partida fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón (cuya Administración llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma), fue en el de Peña que alcanzó su máximo uso.

En particular, destaca el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo.

En el caso de Bucareli, por ejemplo, pasaron de 810 millones oficialmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 40 mil millones de pesos.

Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Organo Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.

Los recursos para estas adquisiciones fueron autorizados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, todas dependientes entonces de Gobernación.

En 2017, en la única revisión que hizo sobre los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto en el sexenio pasado, la auditoría descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular (argumentando urgencia y secreto),cuando podrían haberse licitado. Se promovieron responsabilidades administrativas.

Por normativa, solo se pueden ejercer gastos dentro de esta partida con autorización del oficial mayor de una dependencia.

Se presume que todos recibieron aprobación y que todos los años los órganos fiscalizadores correspondientes los auditaron.

O al menos eso fue con lo que se justificó el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong, Jorge Márquez Montes, quien aseguró que la partida reservada de seguridad fue auditada todos los años por los órganos fiscalizadores correspondientes.

En ese contexto, cabe mencionar que Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador de la bancada de los senadores del PRI, presentó un amparo contra la indagación que realiza la SFP en contra de su familia, para evitar que se investiguen sus bienes, propiedades, dinero, o que se inicie un procedimiento legal en su contra.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Nunca se había insultado tanto a un Presidente: AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca antes en más de medio siglo, la figura presidencial había recibido tantos insultos como ha sido su caso, por lo que aseguró que la respuesta de su Gobierno ha sido la no censura.

En su mensaje con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral del 2018, López Obrador señaló que en más de medio siglo, no se habían lanzado tanto insultos y ataques en contra de un mandatario nacional, como los que le han tocado a él.

Pese a ello, indicó que la posición de su administración no ha sido la de reprimir las opiniones que se lanzan en su contra o los ataques director, sino que incluso afirmó que la respuesta ante ello es la no censura y la tolerancia ante todas las perspectivas.

“Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un Presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura”, dijo López Obrador.

Al inicio de su mensaje, el mandatario señaló que contrario a lo que se hacia en gobiernos previos, su administración optó por eliminar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con lo cual las prácticas de espionaje en contra de la oposición ya no forman parte de las acciones de las autoridades.

Tras destacar también la eliminación del Estado Mayor Presidencial, señaló que no se realiza ninguna persecución en contra de ningún sector, razón por la cual garantizó que ahora los grupos opositores, cuentan con la posibilidad de manifestarse en plena libertad.

“Se eliminó el Cisen, sistema de espionaje político y el Estado Mayor Presidencial, no se espía ni se persigue a nadie y la oposición de manifestarse con libertad”.