Investiga Gobierno federal destino de 40 mmdp supuestamente utilizados para seguridad nacional con EPN

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El Gobierno federal investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) el destino de más de 40 mil millones de pesos que se erogaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre los años 2013 y 2018 en materia de seguridad nacional” bajo un estricto control de confidencialidad”.

Los recursos fueron utilizados por dependencias de seguridad incluidas la Secretaría de Gobernación, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República para misiones y objetivos confidenciales” que, entre otras cosas, implicaban supuestas tareas de inteligencia, urgencia y peligro dirigidas principalmente a combatir a los cárteles de la droga.

En particular, las autoridades de la UIF y la SFP revisan cómo se empleó ese dinero, denominado como partida presupuestal 33701, Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, cuáles fueron sus entregables y por qué en el sexenio de Peña Nieto se justificaron gastos por millones de pesos bajo el escudo de confidencialidad.

Los gastos para esa partido se dispararon durante la Administración del mexiquense.

Si bien, la partida fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón (cuya Administración llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma), fue en el de Peña que alcanzó su máximo uso.

En particular, destaca el caso de la Secretaría de Gobernación, que durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong fue la principal beneficiada con fondos confidenciales, recibiendo hasta 7 mil por ciento encima de lo autorizado por el Poder Legislativo.

En el caso de Bucareli, por ejemplo, pasaron de 810 millones oficialmente autorizados por la Cámara de Diputados, a 40 mil millones de pesos.

Bajo la mira también se hallan gastos ejercidos en materia de seguridad nacional en la Procuraduría General de la República, entre los que se incluye el pago de salarios y renta de hospedaje para una unidad de operaciones encubiertas que tenía por objetivo capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Dentro de otras líneas que siguen las autoridades federales se encuentran cargos irregulares en el traslado de reos por parte del Organo Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal del software de inteligencia Rafael, comprado en 2015 en lo que se estima fue un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.

Los recursos para estas adquisiciones fueron autorizados por las oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, todas dependientes entonces de Gobernación.

En 2017, en la única revisión que hizo sobre los recursos erogados para seguridad nacional bajo este concepto en el sexenio pasado, la auditoría descubrió que la Secretaría de Gobernación había contratado servicios tecnológicos de manera irregular (argumentando urgencia y secreto),cuando podrían haberse licitado. Se promovieron responsabilidades administrativas.

Por normativa, solo se pueden ejercer gastos dentro de esta partida con autorización del oficial mayor de una dependencia.

Se presume que todos recibieron aprobación y que todos los años los órganos fiscalizadores correspondientes los auditaron.

O al menos eso fue con lo que se justificó el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Osorio Chong, Jorge Márquez Montes, quien aseguró que la partida reservada de seguridad fue auditada todos los años por los órganos fiscalizadores correspondientes.

En ese contexto, cabe mencionar que Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo de Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador de la bancada de los senadores del PRI, presentó un amparo contra la indagación que realiza la SFP en contra de su familia, para evitar que se investiguen sus bienes, propiedades, dinero, o que se inicie un procedimiento legal en su contra.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Nunca se había insultado tanto a un Presidente: AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca antes en más de medio siglo, la figura presidencial había recibido tantos insultos como ha sido su caso, por lo que aseguró que la respuesta de su Gobierno ha sido la no censura.

En su mensaje con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral del 2018, López Obrador señaló que en más de medio siglo, no se habían lanzado tanto insultos y ataques en contra de un mandatario nacional, como los que le han tocado a él.

Pese a ello, indicó que la posición de su administración no ha sido la de reprimir las opiniones que se lanzan en su contra o los ataques director, sino que incluso afirmó que la respuesta ante ello es la no censura y la tolerancia ante todas las perspectivas.

“Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un Presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura”, dijo López Obrador.

Al inicio de su mensaje, el mandatario señaló que contrario a lo que se hacia en gobiernos previos, su administración optó por eliminar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con lo cual las prácticas de espionaje en contra de la oposición ya no forman parte de las acciones de las autoridades.

Tras destacar también la eliminación del Estado Mayor Presidencial, señaló que no se realiza ninguna persecución en contra de ningún sector, razón por la cual garantizó que ahora los grupos opositores, cuentan con la posibilidad de manifestarse en plena libertad.

“Se eliminó el Cisen, sistema de espionaje político y el Estado Mayor Presidencial, no se espía ni se persigue a nadie y la oposición de manifestarse con libertad”.

Genaro García Luna; un símbolo más para la 4T

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Hace apenas unos días, fue detenido en Dallas Texas, Genaro García Luna, quien inició su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el sexenio de Ernesto Zedillo, tiempo después, desempeñó algunos otros cargos donde empezó a tener más notoriedad en la vida pública, como lo fue en la ya extinta Policía Federal Preventiva (PFP), para después pasar a ser el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) – un intento de FBI mexicano – en tiempos de Vicente Fox y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública con el ex Presidente Felipe Calderón.

La carrera del “súper policía” – como se le conocía internacionalmente a García Luna -, por un lado fue manchada en diversos episodios por acusaciones de actos de corrupción – hasta la fecha ninguno comprobado – y por otro lado, un tanto polémica por el estilo y la forma en que operaba, especialmente desde la Secretaría de Seguridad Pública.

Solo para ilustrar brevemente esto último: se exhibía en cadena nacional las capturas de delincuentes de alto impacto; se le acusó del montaje de la detención de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez que culminó con su liberación; el secuestro de Miguel Omar Romano, entonces entrenador del Cruz Azul, quien había sido liberado por agentes de la AFI y no le permitieron salir hasta que llegaran las cámaras de televisión, entre otros. Evidentemente a García Luna le gustaba el reconocimiento y los reflectores.

Aquí dos puntos a resaltar alrededor del caso:

Primero, poco se sabe sobre las evidencias que se tienen, pero se presume que los elementos más firmes que existen en la carpeta de investigación en su contra son los testimonios de personajes clave en el Juicio del Chapo Guzmán, como lo es Jesús “El Rey” Zambada, el cual declaró que personalmente él le había entregado a García Luna sobornos millonarios cuando éste ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto a cambio de poder operar con total libertad e impunidad en territorio nacional. Otro más, es Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, quien lo acusó en 2012, vía una carta, de estar en la nómina de varios grupos de la delincuencia organizada, especialmente del Cartel de Sinaloa.

Es verídico que no se puede entender la transformación y el crecimiento exacerbado del narcotráfico transnacional en esa época del que gozaron algunos grupos del crimen organizado, si no fuera por la estrecha complicidad con el Gobierno Federal – no solo en 2006 – 2012, si no incluso desde el siglo pasado -, muy particularmente el Cartel de Sinaloa, a tal nivel que actualmente está presente en 81 países del mundo. En lo personal, soy escéptico de las declaraciones de un criminal bajo esas circunstancias, donde cualquier estrategia jurídica lo puede ayudar. En fin, argumentar si estos delincuentes dicen o no la verdad, sería especular, hay que esperar el juicio.

Segundo, lo político del caso. Genaro García Luna es solo un eslabón de una red de protección policiaca, política y judicial que por años a operado en el país. El juicio del “Chapo” vuelve a alcanzar a terceros, y en este caso, si existen implicaciones políticas particularmente para el ex presidente Felipe Calderón, el cual es hoy por hoy – a falta de nuevos liderazgos – el “único” símbolo de oposición o adversario político principal e histórico del Presidente López Obrador, pues de alguna manera deslegitima su discurso en contra de la estrategia de seguridad de la 4T.

El Presidente López Obrador declaró hace apenas unos días que esta detención es “una derrota más de un régimen autoritario, una prueba de un modelo que fracasó”. Declaración que no sorprende, sabemos que el recurrir al pasado para legitimar sus decisiones ya es costumbre y a Genaro García Luna lo ha convertido en un símbolo más para la 4T – lo adicionó a la lista que encabezan Rosario y Deschamps -. Pero en el entendido jurídico de que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, si a este personaje se le encontrara culpable, por un lado, nos queda claro que se podría llevar consigo a muchos funcionarios mexicanos de primer y segundo nivel involucrados, y por otro lado, es importante cuestionarnos lo siguiente:

¿A quién o quienes de la D.E.A o de alguna otra agencia de Estados Unidos va a “salpicar” esta investigación?. No olvidemos que fue justamente en ese sexenio, donde más colaboración existió, sobre todo en el intercambio de información confidencial, entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Además, justamente al término de su encargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública fue que se mudó a vivir al país vecino, y aquí es donde me quiero detener, pues algo se vuelve un poco complicado de entender, por ejemplo: siete años viviendo en Estados Unidos, le otorgaron su residencia permanente, (por cierto, que para otorgártela, las autoridades migratorias de Estados Unidos revisan absolutamente todo tu pasado y presente, difícil de creer que no se percataron de tanta irregularidad) entró y salió del país las veces que él quiso, tiene cuentas bancarias en ese país, propiedades, hizo negocios y tanto tiempo después el Departamento de Justicia viene a decirnos que es un delincuente? A mi entender, por ahí se rompió un pacto de complicidad poco claro.

Otra vez habrá que dejar el sentimiento nacionalista de justicia, la mano país vecino hará lo propio y nos vuelve a enseñar cómo, con voluntad política, se imparte justicia. Pasar de acusador a acusado debe ser lo más difícil, pero, de ser ciertos los cargos que se le imputan (que por cierto, a espera de la audiencia, aún se le pueden agregar mas cargos), no dejemos el caso ahí como ha ocurrido en el pasado, este es solo un paso que puede dar origen a un desmantelamiento total de una red de impunidad en las estructuras policiacas, políticas y judiciales del país, mismas que siguen estando presentes.

EPN asegura que sigue viviendo con su familia en México

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El ex presidente Enrique Peña Nieto salió de las sombras para aclarar que en ningún momento ha rentado o comprado una residencia en la ciudad de Madrid, España, y que él y su familia siguen residiendo en México.

A través de Twitter, el ex mandatario señaló como falsas las versiones que han circulado sobre que supuestamente vive en la capital española.

“Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México, No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país”, escribió Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

La semana pasada el columnista Ricardo Raphael de El Universal publicó que el político mexiquense rentó una residencia en un fraccionamiento en Madrid, juntó con su médico personal, Rubén Drijanski; el ex jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda; y el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz.

El ex presidente priista indicó que conversó con el periodista para negar los señalamientos a su persona.

 

“No es espionaje, es seguimiento a precandidatos”: Navarrete

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Después de que el precandidato de la coalición “Por México Al Frente”, Ricardo Anaya, reclamará en sus redes sociales que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), lo estaba siguiendo y espiando. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negó que se tratará de espionaje hacia algún candidato o persona en particular, sino que es un seguimiento que se le esta dando a los precandidatos presidenciales. 

“He visto ese video, entiendo que ya tiene varios días que ese suceso ocurrió, que no acaba de ocurrir, y entiendo también que por lo que vi en el video que la persona que va se identifica plenamente, va a bordo de un vehículo oficial, está realizando funciones de seguimiento y darle continuidad a las campañas y que el CISEN tendrá que realizar una investigación interna para saber exactamente qué ocurrió, no se trata de un caso de espionaje, ni de espionaje a opositores, ni de medidas de carácter clandestino”, aclaró el titular de la Segob.

Navarrete Prida, confirmó que se le ha estado dando seguimiento a las precampañas por ser un actividad relevante que sucede en el país y que la Constitución permite tales acciones por parte del CISEN.

“Esa es la función constitucional aprobada por el Congreso de la Unión de un Centro de Inteligencia Nacional, lo que no significa ni intromisión en la vida personal, ni tratar de violar la ley a través de medidas de investigaciones que la propia ley prohíbe. En ese sentido tenemos que contextualizar este hecho que ocurrió hace varios días y que bueno que se transparente”, comentó el funcionario federal.

Por último, Navarrete aclaró que el seguimiento no es una persona en particular, ni para un candidato o no candidato, ni mucho menos una investigación, sino simplemente un seguimiento a las actividades que suceden en México.