NL: la farsa del Congreso

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Las denuncias relativas a los “ajustes” efectuados a la Ley de Movilidad me parecen el colmo de la degradación de la democracia en el fallido estado de Nuevo León. Cuando una Ley votada en el pleno  del Congreso por los diputados sigue siendo sujeta a negociaciones antes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, muestra que no existe ningún respeto ni siquiera a lo votado.

El PAN habla de errores de dedos, (que dedos tan torpes que se equivocan hasta en 6 artículos de la Ley), el PRI habla de fallas involuntarias de la Oficialía Mayor. ¿Así será el profesionalismo de funcionarios cuidadosamente seleccionados por los dos partidos representantes de la partidocracia?

Los “errores de dedo” alteran el sentido de los artículos “corregidos”, ¿no habrá un lector, como en cualquier casa editorial para dar el visto bueno antes de publicar? La ligereza con la cual Carlos de la Fuente y Francisco Cienfuegos minimizan las alteraciones es más que sospechosa.

La partidocracia no sólo traiciona sus electores, parece que traiciona sus propios diputados y que tras bambalina se puso de acuerdo con la AET y el Secretario de Gobierno para publicar el texto a modo que habían sido incapaces de hacer aprobar en el Pleno.

De confirmarse, estos hechos constituyen una negación de la democracia, al contrario de lo que afirmó el Secretario de Gobierno que tantos vetos y rechazos a las leyes era muestra de una democracia vibrante. Más bien, demuestra que lo único irreversible es la muerte. Un voto en el Congreso es más reversible que una camiseta sin marca.

Frente a estas evidencias, la necesidad de seleccionar con mucho cuidado los próximos diputados se hace más urgente. Todo lo que huele a partidocracia, huele a manipulación y a traición de la voluntad popular.  ¿Será necesario mantener la farsa de un Congreso que junto con su brazo fiscalizador, la Auditoría Superior del Estado,  nos cuesta casi 600 millones de pesos de nuestros impuestos? Para no fiscalizar y para alterar las leyes votadas. Quizás farsa debería escribirse fraude.

Comisión del Transporte avala incremento de tarifa

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Esta tarde, la comisión de costos del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV) aprobó un aumento de 16.7 por ciento en la tarifa de transporte público en el Estado.

La propuesta será enviada al Consejo para su aprobación. Sin embargo, todavía no se define la fecha para esta reunión.

Noé Chavez, titular de la Agencia Estatal de Transporte (AET), indicó que el aumento será de un peso para usuarios de Tarjeta Feria y 2 pesos para el cobro en efectivo.

Añadió que durante estos días la AET regalará tarjetas con saldo entre los usuarios para promover su uso.

Si se llega a aprobar la propuesta, las tarifas en unidades climatizadas pasarían de 12 a 14 pesos en el pago en efectivo y de 12 a 13 pesos en las unidades sin clima.targ

Por otro lado, el pago con Tarjeta Feria pasaría de 11.19 a 12.69 pesos en unidades climatizadas, y de 10.19 a 11.19 pesos en unidades sin clima.

El costo preferente aumentaría un peso de manera general y las rutas suburbanas no tendrían aumento.

 

Con información de El Norte. 

Aportación de Uber de 1.5% será voluntaria: titular de la AET

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El director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Noé Chávez, aseguró que el cobro del 1.5% planteado de forma temporal para aplicaciones de servicio de chofer, tipo Uber, Cabify y Didi, será voluntaria y no será una obligación.

Chávez detalló que el proyecto de reglamento a publicarse en los próximos días, como marco regulatorio de transición mientras el Congreso aprueba la Ley de Movilidad, no establece un impuesto o cargo obligatorio para dichas plataformas, sino una aportación voluntaria.

“Esto no es un impuesto, salió de ellos. Las plataformas ofrecieron aportar un 1.5 por ciento de colaboración para proyectos de transporte y movilidad, no están obligados, ellos lo están ofreciendo, se va a poner el reglamento y el que quiera aportar, lo va a poder hacer”, dijo el funcionario estatal.

El titular de la AET dijo que no es la primera vez que se aplica este tipo de “contribuciones” puesto que ya ha sido aplicado por el Estado antes en materia ambiental, donde se pedía a los desarrolladores aportar un porcentaje de su proyecto para programas de reforestación.

Chávez indicó que el reglamento para plataformas digitales con servicio de chofer particular podría publicarse esta misma semana, ya que el borrador ya está aprobado.

Por último, reiteró que el Estado sigue teniendo el interés de tener un padrón de choferes que cumplan con tener una licencia vigentes, seguro para el pasajero, cumpla un curso de capacitación que por primera vez será en línea, y verificar que no tengan antecedentes penales.

(Con información de Grupo Reforma)

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Protestas Contra UBER En El Congreso del Estado

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Esta mañana, frente al congreso del estado, taxistas públicos se levantaron en protesta en la avenida Zaragoza para hacer presente su apoyo a la decisión del Secretratrio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AET), Noé Chávez. Tambien manifestaron en las calles, sus opiniones en cuanto a las diferencias de trato para los taxistas, y los conductores de transporte privados. 

 

Arturo Rodríguez, vocero principal de esta protesta, dio a conocer a los medios, las peticiones y demandas de los taxistas que se organizaron. Dentro de ellas, demandaban la aprobación de una Ley de Movilidad. Una que establesca igualdad en cuanto a la cobranza de impuestos y de misma manera logre dividir los terrenos de operación para un campo de trabajo más justo. 

 

Dicha protesta ocurrió, tras la orden de Chávez, para iniciar una cacería de automóviles registrados para servicios de transporte privado. Esta decisión despertó opiniones polémicas entre los transportistas de servicios públicos y privados. Debido a que aquellos que fuesen miembros de organización de transporte privado, se les confiscó su vehículo, así como se les imponían multas de hasta 42,000 pesos

 

Con infromación de “El Horizonte”

Da Estado opción de permisos temporales para Uber, Didi y Cabify

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El Gobierno del Estado de Nuevo León planteó este miércoles un esquema de “permisos temporales” para automóviles que presten servicios de transporte a través de aplicación, mismo que deberá aprobar el Consejo Estatal del Transporte, esto tras las críticas por los operativos contra estos vehículos.

“La propuesta consiste en dar un plazo perentorio de 30 días a los choferes que se valen de este tipo de plataformas para que obtengan su licencia de conducir tipo “E” y cuenten con un seguro de responsabilidad civil de chofer”, informó el Estado en un comunicado.

Por otro lado, las empresas deberán entregar una base de daros con el detalle de sus socios que operan en el Estado.

En el comunicado se cita al titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Noé Chávez, y se sostiene que con la propuesta se garantizaría el sistema seguro que se busca par los usuarios.

“Con esta propuesta buscamos garantizar un servicio seguro para la ciudadanía, pero sobre todo equitativo para todos los prestadores del servicio de taxi”.

Una vez que se cumplan todos los requisitos, los choferes podrían tramitar un permiso por 6 meses con opción a renovarse por un periodo similar, en lo que la Ley de Movilidad es analizada y aprobada en el Congreso del Estado.

Propone Luis Susarrey tarjeta única para transporte urbano

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El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Susarrey, propuso este lunes en el pleno del Congreso Local, la creación de una tarjeta única con un costo mensual de 360 pesos que permita a los usuarios del transporte público utilizar ese servicio de forma ilimitada durante un mes, tal como ya existe en ciudades como Madrid, España; Berlín Alemania; Londres, Inglaterra y Toronto Canadá.

A propuesta de Susarrey, el Congreso local aprobó un exhorto a la Agencia Estatal del Transporte (AET) para adoptar esas medidas que ya se usan a nivel internacional y que ayudan a evitar las alzas de los costos en el transporte, fomentar el uso del mismo, y además los empresarios del transporte pueden contar con ingresos de forma adelantada.

El diputado del Distrito 18, dijo que la tarjeta que propone podría ser con tarifa semanal o mensual.

“Se exhorta a Jorge Longoria Treviño, director general de la Agencia para Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público en el Estado a fin de que realice las gestiones necesarias para crear una tarjeta única con tarifas semanales y/o mensuales, con beneficios especialmente, para personas con discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes y todos los usuarios en general, para le uso ilimitado del transporte público en nuestro Estado”, se lee en el exhorto aprobado en pleno.

Además, se detalla, que la tarjeta tenga un costo mensual de 360 pesos mensuales o 130 pesos semanales y que tenga un desfase de 5 minutos con el fin de evitar que se haga mal uso o uso doble entre los usuarios que viajan juntos.

Susarrey, aseguró que si el exhorto nos atendido por la AET, se procederá a presentar una iniciativa de Ley.

Adquisición de nuevas unidades, la justificación de Longoria para ‘tarifazo’

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El director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria, justificó este lunes el “tarifazo” que plantea el Gobierno estatal al costo del transportes público, asegurando que el dinero se destinará a la compra de unidades nuevas de las rutas urbanas que dan servicio a los usuarios del Estado.

Este lunes el Pleno del Consejo Estatal del Transportes y Vialidad arrancó la sesión donde se contempla aprobar un ajuste a las tarifas del transporte público.

Longoria, aseguró que sobre el “tarifazo” se han dicho medias verdades y falsedades.

“Vamos a tratar de convencer al consejo. Ha habido alrededor de esto una seria de verdades a medias, de falsedades y distorsión de los que es la realidad y más bien se está politizando”.

Además el directo de la AET acusó que se trata de sacar una “tajada política” del tema, con el que se trata de demeritar el “buen trabajo” que se ha venido haciendo en el estado.

“Todo mundo quiere sacar una taja de lo que es la raja política de esta situación ye so es lo que demerita el buen trabajo que esta haciendo Nuevo León… es lamentable que por esta raja política quieran llevar esto a una situación de capa e inconformidad. El valor de cada unidad oscila entre un millón 800 y 5 millones de pesos, es mentira que aquí tenemos transporte patito; si hay unidades que deben estar en desuso, pero es cuestión del tope de financiamiento que tienen y pueden reemplazarlas.”, dijo el funcionario estatal.

De acuerdo a lo propuesto por el gobierno estatal, se incrementaría un peso las tarifas ordinarias con tarjeta Feria, con un desliz mensual de 10 centavos hasta el 1 de noviembre del 2021, y aumentar un peso el pago en efectivo, con un desliz de 50 centavos cada 90 días, hasta el 1 de noviembre del 2021. El Metro, tendrá un aumento de un peso y un desliz de 10 centavos mensuales hasta el 1 de noviembre del 2021.

Por otro lado, también e busca incrementar un peso el banderazo de taxis, un peso más por kilometraje y no aumentar la tarifa por tiempo.

Además de justificar el “tarifazo” con la compra de nuevas unidades, también dijo que los aumentos se deben a que se ha elevado en general los costos de bienes y servicios.

“Se ha incrementado el costo de la vida en todo México, han subido hasta los útiles escolares, hasta los celulares que todo mundo usa ya, esto es el costo de la vida, esto no es precisamente decir, el transporte es el único que quiere aumentar, ya todo subió”, justificó Longoria.

La reunión del Consejo tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y al final se emitirá una postura para informar los ajustes a las tarifas del transporte público.

(Con información de Grupo Reforma)

Dimes y Diretes: “Guerra contra Uber”

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¡Ah que Jorge Longoria! O más bien, Jorge “el taxista” Longoria, el mero, mero de la Agencia Estatal del Transporte. Tras el abuso de poder por parte de agentes de la AET, contra el conductor de un Uber, el funcionario público ha tratado, en todas maneras posibles, demostrar que el Estado ya pacto con las centrales obreras, CROC, CTM y CNC, que desde hace meses están en contra de los servicios Uber y Cabify.

Después de la agresión contra el conductor de Uber, Jorge Longoria no ha pedido disculpas, ni mucho menos ha dicho que se indagará y sancionará a los que hicieron uso de la fuerza contra un ciudadano.

Su justificación ha sido que el Uber estaba haciendo base, lo que no está permitido por la ley (misma que el estado ni ha querido regular). ¿Apoco cometer una falta amerita golpes? ¿En serio Jorge Longoria, justificas los golpes de tu personal?

 




Lo peor de todo es que este funcionario, que ya está resultando ser otro frijol negro en el gobierno de “El Bronco”, salió ayer con el cuento chino que como un Uber se estrelló rumbo al aeropuerto y una persona lamentablemente perdió la vida, es mejor usar servicios autorizados por OMA y la SCT, ¿mándeme usted? ¿Desde cuando un funcionario público le puede hacer promoción “gratuita” (entre comillas porque no estamos seguros) a empresas de transporte del aeropuerto?

Es más que obvio, que el Estado ha llegado oficialmente a un pacto con la CROC y la CTM. Es muy interesante también ver que en todo lo que va del gobierno de Jaime, Jorge Longoria, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para regular Uber y Cabify, cómo en su momento lo había prometido el mismo funcionario.

Al contrario, ahora ya se volvió “Don Trabas” y parece que le están dando buena “lanita” para no proponer ninguna solución al caso, pero eso si grillar a más no poder servicios que a la gente le gustan.

 




Lo peor de todo, es que tampoco el Congreso Local ha hecho mucho, y a pesar de que diputados como, Marcelo Martínez, han hecho propuestas para regular a los servicios digitales, los diputados del PRI se encargan de tapar cualquier iniciativa de ley, puesto que también están en la nómina de la CROC y la CTM, como es el caso de Jorge Longoria.

¡Ahí Se Leen!

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La Civil War: Super AET vs Bati CROC

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Tal como la película tan de moda en estos días entre Superman y Batman, está el conflicto entre el gobierno de Jaime Rodriguez vs la sección de la CROC que dirige la familia Serna como parte de una guerra fratricida entre grupos de choque dentro de CROC.

En estos días la batalla trató acerca del retiro de unidades de la Ruta 314 por parte de la Agencia Estatal del Transporte. Según información de El Norte, la Ruta 314 habría sido retirada en su totalidad quitándole la concesión al grupo que la maneja. Pero, pongamos las cartas sobre la mesa. El asunto está así: La Ruta 314 es dirigida y controlada como otras rutas por la CROC, sin embargo, quienes ejercen ese control son agremiados aliados a Alberto y Ramón Serna, hijos del fallecido líder Agustín Serna Servín.

La “Batalla de la Ruta 314” es una de tantas que se libren en las Guerras fratricidas sindicales que cada sexenio o líder muerto vemos. Una “Civil War”, destellante, muy nuestra, pero croquista…

Al morir Serna Servín a principios del 2015, grupos opositores intentaron tomar el control de la CROC nombrando a Jorge Gloria en agosto del año pasado. Sin embargo, Alberto Serna se sigue pronunciando como líder de la CROC. A diferencia de los Serna, Gloria cuenta con apoyo de parte importante de la facción priista del Congreso y se habla de haberse “arreglado” con el Gobernador, por tanto, es un claro golpeteo político contra los hijos de Serna auspiciado por la AET y el Gobierno Estatal.

Ahora, ¿Qué va a pasar con la Ruta 314?, La AET designó a otras empresas como Martinez Chavarria y Transregio para operar un servicio temporal que cubrirá los ramales que recorre la ruta que va del norte de Monterrey (San Bernabé, Solidaridad, Alianza) a la zona colindante de Escobedo (Alianza Real, Monclovita).

Según Jorge Longoria, dirigente de la AET, existían quejas de usuarios sobre la mala calidad del servicio y los constantes accidentes, que si bien tienen sustento dado que si usted ve una unidad de esta ruta se da claramente cuenta de la pésima y triste calidad en que las tienen. Además, cuentan con la peculiaridad de no contar con el Sistema Feria en sus unidades.

Sea culpable Gloria, Serna o Longoria, tanto los usuarios de la Ruta 314 como los choferes y agremiados croquistas son los perdedores de siempre, pues son víctimas de sindicatos obsoletos, líderes ignorantes, anticuados, traidores a los principios obreros y retrógradas que no protegen a nadie ni representan a nadie…

El operativo de la AET es un golpe directo a la CROC sernista y una señal de alarma a los sindicatos, es incoherente tener un sistema de transporte caro y deficiente para los usuarios. La CROC es culpable totalmente de este problema por la falta de modernización y la falta de planes de acción para transformar el servicio que ofrecen. Pero, es la CROC, una organización con ideologías de los años 40, con mecanismos internos con todas las agravantes de la corrupción, nula democracia y controles de facto que la mantienen como una organización decadente, oscura, podrida y que no representa los intereses de los trabajadores del 2016.

Y por si fuera poco, actualmente la misma ruta tiene un conflicto interno tanto así que algunos choferes iniciaron el proceso de huelga que según los Serna es un esfuerzo de los empresarios para arrebatarle a la CROC la concesión.

Sea culpable Gloria, Serna o Longoria, tanto los usuarios de la Ruta 314 como los choferes y agremiados croquistas son los perdedores de siempre, pues son víctimas de sindicatos obsoletos, líderes ignorantes, anticuados, traidores a los principios obreros y retrógradas que no protegen a nadie ni representan a nadie, lucran con los choferes y los permisionarios y solo cuidan los oscuros intereses de un grupo que incluso va más allá de ideologías o sindicatos.

La “Batalla de la Ruta 314” es una de tantas que se libren en las Guerras fratricidas sindicales que cada sexenio o líder muerto vemos. Una “Civil War”, destellante, muy nuestra, pero croquista…

Lo dicho, dicho está.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”