El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar la posibilidad del voto físico en consulados y embajadas de México.

Por mayoría de seis votos a favor y un voto en contra, el TEPJF determinó como fundado el reclamo de tres mexicanos residentes en el extranjero que se inconformaron porque no se contempló la posibilidad de votar físicamente en las sedes diplomáticas del país para el proceso electoral 2020-2021, por lo que solicitó al INE, en colaboración con otras autoridades implementar la posibilidad de votos en consulados y embajadas de México.

Las magistradas y los magistrados a favor del proyecto consideraron, entre otras cuestiones, que la comunidad migrante es un grupo expuesto a la discriminación tanto del Estado de origen como del receptor, por lo que también solicitaron al INE realizar estudios y diagnósticos para identificar otras herramientas idóneas, a fin de maximizar el derecho al sufragio.

El proyecto aprobado, presentado por la magistrada Janine Otálora establece que la finalidad de la norma es incrementar todas las vías posibles para que los mexicanos que residen en el extranjero puedan ejercer el derecho al voto, de modo que la previsión de solo dos modalidades para tal efecto, postal y electrónica, resulta insuficiente.

Al explicar su voto en contra, el magistrado José Luis Vargas Valdez dijo que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la posibilidad, más no la obligación, de que el INE “pueda implementar tres tipo de metodología” para hacer valer el voto de los mexicanos en el extranjero, pues ello no depende únicamente del Instituto Electoral, sino también de otras autoridades.

Al presentar su proyecto de resolución, la magistrada Otálora destacó que, a partir de lo establecido en la Constitución y tratados internacionales, se deben adoptar medidas para hacer realidad los derechos político-electorales en condiciones de igualdad, lo que se cumple garantizando la existencia de mecanismos que materialicen la participación política que por derecho se reconoce a quienes radican en el extranjero, para lo cual es necesario reinterpretar los que ya existen a partir de las nuevas tecnologías disponibles considerando el contexto de la población mexicana residente en el extranjero.