El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, propuso una reforma constitucional para juntar la elección del 2021 con la consulta popular sobre enjuiciar a expresidentes.

De acuerdo a la Constitución la consulta popular se realizará en el primer domingo de agosto, lo que sería dos meses después de la jornada electoral del 6 de junio próximo.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que el costo de la consulta popular que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a expresidentes tendrá un costo de 8 mil millones de pesos, similar a lo que cuesta organizar una elección federal.

Debido a lo anterior, el diputado morenista argumenta en su iniciativa que con su reforma al artículo 35 de la Constitución se evitará tal gasto y se garantizará mayor participación en el ejercicio de la consulta.

Gómez hace tal propuesta a pesar de que ya inició el año electoral y la propia Constitución prohibe realizar reformas en la materia cuando ya comenzó el proceso electoral para el próximo año.

La iniciativa presentada por el legislador consiste en modificar el artículo 35, en el numeral 5, fracción VIII, para recorrer la fecha de la jornada de consulta al 1 de junio; es decir, al mismo día que se verifica la jornada comicial en año electoral.

El vicecoordinador aseguró que si se aprueba la reforma, se podrán ahorrar recursos públicos el próximo año.

“Esa modificación habría e permitir una optimización de esfuerzo y recursos de la autoridad electoral, que podría utilizar las mismas casillas, funcionarios, infraestructura y demás bienes e insumos destinados a la realización de la elección. Favorecería la emisión de un nivel adecuado de votos en la consulta popular, por lo que recuperaría el potencial de este instrumento como medio efectivo de participación ciudadana en la conducción de los asuntos públicos”, argumentó Gómez.

El diputado federal explica en su texto que la fecha dispuesta en la Constitución para la jornada de consulta provoca una paradoja, que resulta que la autoridad electoral no puede optimizar todos los actos y recursos en la consulta, con los que implica el proceso electoral durante los años en que coinciden ambos procesos.

Por otro lado, recordó que en la reforma constitucional del 2019 el proceso de consulta popular fue desvinculado del proceso electoral, para permitir la realización de consultas una vez al año y no únicamente durante las jornadas electorales federales que se realizan cada tres años, algo que se consiguió modificando el texto que vinculaba la jornada de consulta con la jornada electoral y estableciendo en su lugar una fecha cierta para el desarrollo de ésta última: el primer domingo de agosto.

“Esa circunstancia duplicaría la operación del órgano a cargo de realizar la consulta popular cuando la jornada de consulta coincida con el año de la jornada electoral federal, con un elevado impacto presupuestal”, explica.

Por último, precisa que la propuesta no implica una afectación al criterio de desindexación de la consulta popular respecto de la jornada electoral, pues seguirá abierta la posibilidad para que los ciudadanos puedan solicitar y las autoridades puedan realizar un proceso de consulta cada año.