La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave riesgo para los derechos humanos en México, señalaron exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas.
Los exrelatores que se manifestaron contra la Ley son Juan Méndez, exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzky exintegrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Christof Heyns exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Los exrelatores señalan que como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitaron México y conocieron de manera directa los retos de seguridad que enfrenta el país.
Ademas señalan que la Ley no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual, también carece de las salvaguardas debidas y de los controles adecuados y está plagado de definiciones imprecisas “que oscurecen sentido del texto”.
Añadieron que el texto “no solo no recoge, sino que es contrario a varias de las recomendaciones que oportunamente formuláramos”.
Por ello, dicen, se suman al rechazo de las víctimas, organismos internacionales de derechos humanos, personas e instituciones expertas, organizaciones de derechos humanos y demás actores, que han expresado su oposición a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.