En las últimas semanas se han propuesto cambios importantes desde el interior del Congreso de Nuevo León. Desde la disminución gradual de la tenencia hasta, más recientemente, la propuesta de cambios relacionados con la distribución de algunos fondos que se destinan a los municipios. De concretarse estos cambios en la Ley de Coordinación Fiscal se esperan fuertes implicaciones para las finanzas públicas de Nuevo León.

Es indudable que los ingresos de los municipios deben de ser fortalecidos, pero no es concebible que esto tenga como origen el debilitamiento de las finanzas del Estado. La perspectiva que se tiene sobre la situación económica de los diferentes órdenes de gobierno para 2016 obliga a que todas las decisiones que se tomen sean analizadas a fondo y se calculen los impactos financieros que tendrán en las ya debilitadas finanzas públicas.

La derogación de la tenencia no sólo afectará al Estado, también los municipios se verán afectados.

La propuesta del Congreso de disminuir gradualmente la tenencia pretende dar respuesta a un supuesto reclamo de la población que se ha pronunciado en contra de este pago. Sin embargo, lo anterior debe de hacerse en el momento adecuado, cuando la estabilidad de las finanzas públicas no esté en riesgo, ya que privará a Nuevo León de un recurso habitual de gran importancia que coadyuda a solventar el déficit. La derogación de la tenencia no sólo afectará al Estado, también los municipios se verán afectados.

El Congreso no sólo debe de analizar los beneficios que tendrán los municipios con el cambio en la distribución de fondos, también es importante que estime el impacto negativo que tendrá esto para el Gobierno del Estado y sus dependencias.

El Congreso ha mencionado que la disminución de los ingresos de los municipios, derivada de los cambios en el impuesto de la tenencia, será solventada con las otras modificaciones propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal. El Congreso no sólo debe de analizar los beneficios que tendrán los municipios con el cambio en la distribución de fondos, también es importante que estime el impacto negativo que tendrá esto para el Gobierno del Estado y sus dependencias. En esencial, la generación de un debate en torno a cambios tan importantes, donde cada afectado pueda exponer las implicaciones derivadas de un cambio en la legislación y sea posible encontrar no sólo la mejor alternativa, sino también el momento idóneo para tomar las decisiones.
Más allá de buscar cómo repartir un recurso del que ya depende el Estado, se deben de buscar alternativas para generar mayores ingresos y contener el gasto no prioritario. Opciones para mejorar la eficiencia recaudatoria y mecanismos alternos de financiamiento como las APPs deben de estar sobre la mesa de discusión. Con el panorama del próximo año de bajos ingresos participables y la disminución del gasto federalizado, no es momento de prescindir de fuentes de ingresos.

Con el panorama del próximo año de bajos ingresos participables y la disminución del gasto federalizado, no es momento de prescindir de fuentes de ingresos.

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