Turistas procedentes de México no podrán viajar a la Unión Europea

Comparte este artículo:

La Unión Europea presentó este lunes un listado de los países que tienen prohibida la entrada a sus fronteras debido a la situación del COVID-19, dicha lista abarca un total de 15p naciones, entre ellas México, las cuales cuentan con esta restricción que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Serán tan solo 15 días los que estarán libres de restricciones a la apertura de fronteras de la Unión Europea: Canadá, Corea del Sur, Argelia, Australia, Japón, Tailandia, Ruanda, Uruguay, Túnez, Georgia, Montenegro, Serbia, Marruecos y Nueva Zelanda, forma parte de la exclusiva lista de países que tendrán luz verde, a estos se puede sumar China luego de que Beijing aceptara que los ciudadanos comunitarios pueden viajar.

Esta selección se determinó de acuerdo criterios epidemiológicos actuales de los países en mundo, por lo que Europa solo admitirá a todos aquellos ciudadanos procedentes de países en donde el número de contagios sea similar o inferior a la tasa que tiene la Unión Europea por cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

“Consideramos seguros a los países que están a la par o por debajo de la media de casos en la Unión Europea”, explicó la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González.

Sin embargo, un factor a considerar, es que las fronteras europeas estarán abiertas para la entrada de todo aquel residente que actualmente se encuentre en otro país, sin importar que este forme parte del listado de las restricciones, así como a todos aquellos que tienen el pasaporte comunitario europeo.

Así, los turistas y personas que no tengan regularizada su situación legal no podrán entrar a la Unión Europea tras esta reapertura de fronteras, hasta que el listado de las naciones permitidas se actualice.

Histórico paso en Túnez contra la violencia de género

Comparte este artículo:

“Es un momento muy emocionante y estamos orgullosos de Túnez, de haber podido unirnos alrededor de un proyecto histórico”, declaró la ministra de la Mujer en Túnez, Naziha Laabidi.

Las declaraciones surgen tras la aprobación de una ley para prevenir y castigar “todas las violencias contras las mujeres” en el país la semana pasada. La legislación ha sido considerada como histórica por un sinnúmero de razones, entre las cuales destaco las siguientes:

  1. Una reforma largamente esperada: El consenso es logrado después de tres años de intensas negociaciones entre sociedad civil, Gobierno y partidos políticos, impulsado por una presión trasnacional constante e inagotable en la materia. Destaca además que se trata de una legislación pionera en la región, dedicada de manera integral a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
  2. La participación de la sociedad civil en el diagnóstico y la construcción de la legislación: El producto final acogió las recomendaciones efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se obliga a proporcionar refugio a las mujeres maltratadas y a dar seguimiento a los casos a pesar de que se retire la demanda. Además, la normativa hace frente a grandes problemáticas como los matrimonios infantiles y las bodas celebradas para evadir la pena de una violación, situaciones señaladas de manera constante por organizaciones como Amnistía Internacional.

El resultado final del proceso legislativo fue aplaudido y reconocido en el país por una coalición de las principales asociaciones tunecinas de defensa de Derechos Humanos de las mujeres, entre las que se encuentran la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), y las asociaciones feministas “Beity”, AFTUR y LET.

  1. Endurecimiento de sanciones y nuevos delitos: La nueva legislación busca acabar con la impunidad de los agresores al intensificar las penas por violación sexual, incluir la tipificación del delito del acoso sexual y reconocer la violencia psicológica.
  2. Adhesiones innovadoras: Cuenta con adhesiones innovadoras como la posibilidad de demandar a una empresa por remunerar de forma distinta a sus empleadas y empleados basándose en su género. También prevé la creación de un cuerpo especial de la policía constituido y formado en materia de violencias sexistas que registre y comunique las denuncias de las víctimas al ministerio público y se incluyen medidas de prevención mediante el desarrollo de material educativo obligatorio en materia de derechos humanos de las mujeres.

En palabras de la Unión Europea la consolidación de esta reforma significa “un gran paso en el proceso de transición democrática a través de la adopción unánime de una ambiciosa ley contra la violencia machista”.

Y lo es, la legislación es fruto de un esfuerzo continuo y constante desde diferentes frentes, materializado en los derechos en principio, mediante su inclusión en una normativa federal. Ahora, la lupa internacional deberá enfocarse en el cumplimiento de dichos derechos, en la práctica de lo ya estipulado para el alcance de una sociedad más justa. Para ello, la participación de la sociedad civil local e internacional será clave en el establecimiento de mecanismos de evaluación