Proponen ley donde, padres de familia de California podrían demandar a compañías de redes sociales por generar “adicción” a sus hijos.

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En virtud de un Proyecto de Ley aprobado por la Asamblea Estatal, se permitiría que padres de familia que residan en el estado de California, puedan demandar a plataformas de redes sociales como Instagram o TikTok por hasta $25,000, bajo el argumento de generar “adicción” en sus hijos.

La propuesta se encuentra en una fase inicial, pues se va a dirigir al Senado Estatal donde será sometida a varias semanas de audiencias y negociaciones entre legisladores y defensores.

Grupos empresariales de tecnología han mostrado una postura en contra de la iniciativa, por ejemplo, TechNet que argumentó que “no hay ninguna empresa de redes sociales y mucho menos ningún negocio que pueda tolerar ese riesgo legal“, explicando que, si la medida es aprobada, grandes compañías de redes sociales tendrán que vetar el uso de sus plataformas a menores de 18 años.

El proyecto tiene como objetivo principal ser una vía de apoyo para niños y adolescentes que han sufrido daños físicos, mentales o emocionales usando redes sociales, y que no pueden detener su uso pues “están obsesionados u preocupados” por las plataformas.

Denuncian casos de espionaje

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Periodistas, activistas y defensores denunciaron a la Procuraduría General de la República (PGR) casos de espionaje gubernamental, por lo cual pidieron una investigación.

Dentro de  las víctimas se encuentran Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, entre otros, quienes en una rueda de prensa en donde se afirmó que recibieron mensajes sobre  los temas que abordan, como el caso de Ayotzinapa, la Ley 3de3 o la  Casa Blanca de la Primera Dama.

“Exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables.” indicó Ana Cristina Ruelas, directora  de la organización Artículo 19.

Además, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) medidas para general más controles gubernamentales de herramientas de espionaje. Se documentaron un total de 88 casos de espionaje en México

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a los derechos humanos, activistas y periodistas” afirmó Ruelas.

 

Campa destaca que es un reto la protección a periodistas

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Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que la protección a periodistas y a defensores de derechos humanos en México es un desafío extraordinario por las condiciones de violencia que genera el crimen organizado.

“Reconocer claramente y sin reservas que tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país”, dijo Campa Cifirán ante senadores y diputados federales.

Reconoció que las cifras son alarmantes, pues en la actual administración un total de 33 periodistas han sido asesinados, argumentó que esto se ha dado en el contexto.

Campa Cifirán no dejó de mencionar que la tarea de proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos se complica aún por la facilidad con la que la delincuencia organizada se hace de toda clase de armamento a través de la frontera más grande y transitada del mundo con más de ocho mil 700 tiendas de armas en la frontera de Estados Unidos.

“Habrá seguramente algunos casos excepcionales de agresiones, de violencia contra periodistas ajenos a la delincuencia organizada, pero patrón común, la presencia permanente está vinculado con el crimen organizado, con la delincuencia organizada” señaló.

Agregó que Estado democrático de derecho  la protección de periodistas y defensores debe ser una política prioritaria.

 

 

 

 

Se investigan casos de espionaje

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Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas denunciaron a la Procuraduría General de la República (PGR) casos de espionaje gubernamental, exigieron investigación.

Se ofreció una conferencia de prensa por parte de las víctimas después de que se divulgara un informe en el que se documentan a más de una docena de nuevos casos de espionaje con el programa Pegasus, vendido al Gobierno de México.

Además, pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) medidas cautelares y reformas legales para generar más controles gubernamentales de herramientas de espionaje.

“Exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones  independientes, exhaustivas  y transparentes,así como sanciones contra los responsables”, indicó Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19.

Entre las víctimas documentadas se encuentran periodistas  Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, y defensores de derechos humanos como Mario Patrón , del centro  Prodh.

Se explicó durante la rueda de prensa que las víctimas han recibido mensajes sobre temas que han abordado, como el caso de Ayotzinapa, investigaciones sobre la Casa Blanca de la Primera Dama, la Ley 3de3, entre otros.

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas” afirmó Ruelas.

La organización documentó un total de 88 casos de intento de espionaje en México.