En los últimos años, la movilidad urbana ha emergido como un tema central en la agenda pública de muchos estados y Nuevo León no es la excepción. El derecho de movilidad no solo abarca la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sino que está estrechamente relacionado con el acceso a una vida digna, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad urbana. En este contexto, es crucial entender cómo el marco legal y las políticas públicas en Nuevo León son un gran reto y quizás una de las principales prioridades del pueblo.

El derecho de movilidad es una prerrogativa humana que implica la capacidad de las personas para desplazarse libremente dentro de un territorio, sin restricciones arbitrarias y con acceso a medios de transporte seguros y eficientes. Este derecho está enraizado en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En Nuevo León hoy se presenta como uno de los principales retos a resolver para el pueblo, entre otros factores por la falta de atención y abandono de varios años por las autoridades responsables.

Quizás no sea solamente un tema de incremento al transporte público, sino las malas condiciones y la insuficiencia del mismo además de la falta de planeación integral para brindar soluciones eficientes. 

Hoy mucha gente tiene que hacer largas filas y horas de espera, además de pagar por muchas unidades deficientes, lo cual es uno de los retos principales para resolver en los próximos años.

La falta de un enfoque integral, los problemas de infraestructura, la ineficiencia del transporte público y las desigualdades socioeconómicas que afectan el acceso a los sistemas de transporte siguen siendo algunos de los puntos más polémicos. 

Una de las principales críticas al derecho de movilidad en Nuevo León es la desarticulación entre los diferentes modos de transporte público. Aunque existen iniciativas como el Metro y el sistema de autobuses, la integración de estos servicios sigue siendo deficiente. Los transbordos entre estos sistemas no siempre son eficientes ni fáciles de realizar, lo que genera largas esperas y costos adicionales para los usuarios.

La falta de intermodalidad y de un sistema de tarifas único y accesible crea una experiencia de movilidad fragmentada, especialmente para las personas que dependen del transporte público en lugar del automóvil. En lugar de ofrecer una red de transporte fluida y coherente, los usuarios se enfrentan a un conjunto de servicios inconexos que dificultan la planeación de sus desplazamientos cotidianos.

Asimismo, la infraestructura peatonal en Monterrey y otros municipios de la zona metropolitana es deficiente. 

Las banquetas son estrechas, irregulares o están bloqueadas por obstáculos como postes, árboles o estacionamiento en la vía pública. Esto hace que caminar sea una opción incómoda y peligrosa, especialmente para personas con discapacidad, personas mayores o familias con niños pequeños. 

Existe una falta de respeto al peatón en banquetas y calles e incluso en espacios seguros para caminar y cruzar de una acera a otra, además del deterioro de muchos puentes para transeúntes. 

El transporte público en Nuevo León sigue siendo deficiente, especialmente en las áreas periféricas de Monterrey. A pesar de los esfuerzos por ampliar las rutas del metro y los autobuses, aún existen zonas de difícil acceso, donde los residentes dependen de transporte informal o de servicios de transporte privado, como los taxis o las plataformas de ridesharing, que no siempre son accesibles económicamente para toda la población.

El costo del transporte público se ha convertido en un tema de controversia, ya que muchas familias de bajos ingresos tienen que destinar una porción significativa de su presupuesto mensual a sus traslados. Además, la calidad del servicio, en términos de frecuencia, comodidad y seguridad, sigue siendo cuestionada, ya que el sistema no siempre responde a la demanda de los usuarios.

Uno de los problemas más persistentes de la movilidad en Nuevo León es la congestionada red vial, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey. A pesar de la construcción de nuevas avenidas y puentes, el número de vehículos en las calles sigue creciendo, lo que agrava la congestión y provoca largos tiempos de desplazamiento. 

El desmedido aumento del parque vehicular y la falta de infraestructura vial entre municipios del área metropolitana es un tema grave a punto de colapsar. 

Aunque se han creado algunas ciclovías el estado sigue siendo muy dependiente del automóvil. Las ciclovías existentes no están suficientemente conectadas, ni son seguras en muchas áreas, lo que genera que el uso de la bicicleta no sea una opción viable.

El derecho de movilidad, sin duda, requiere que todos pongamos atención antes de que siga golpeando al pueblo.