La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguró que su cliente nunca dijo estar bajo arraigo domiciliario, por lo cual no mintió al Poder Judicial en ningún momento, como lo sugieren las fotografías difundidas por la periodista Lourdes Mendoza el sábado pasado.

“Esta defensa manifiesta que ni el señor Lozoya Austin ni sus abogados o apoderados han afirmado, en momento alguno, que el señor Lozoya Austin se encuentro sujeto a la medida cautelar de arraigo domiciliario”, se lee en un comunicado difundido por el abogado Miguel Ontiveros.

“Por el contrario, ha sido la distinguida periodista antes citada quien, por conducto de su mandataria, mediante escritos del 14 y 30 de octubre de 2020, afirmó ante el Juzgado que el señor Lozoya Austin se encontraba bajo arraigo domiciliario”, agrega.

Cabe recordar, que el domingo pasado circuló en medios de comunicación una serie de imágenes que muestran a Lozoya cenando en el restaurante Hunan, en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, pese a que actualmente Lozoya colabora con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo protegido para las investigaciones del caso Odebrecht.

El ex director de Pemex está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones a Lozoya derivan de la venta de la planta de Agronitrogenados y de los supuestos sobornos por 10 millones de dólares que recibió de la empresa Odebrecht a cambio de contratos de Pemex cuando esta paratestal estaba bajo su cargo.

De acuerdo a la FGR, el exfuncionario federal sigue bajo proceso y tiene hasta el 3 de noviembre como fecha límite para presentar pruebas en su defensa por la investigación del caso Odebrecht.

En una ficha informativa, la institución indicó que los proceso en contra de Lozoya continúan por supuestamente haber recibido sobornos millonarias para la aprobación de la reforma energética.

La FGR recordó que el exfuncionario está sujeto a proceso desde el año pasado, cuando un juez de control con sede en el Reclusorio Norte le dictó las siguientes medidas cautelares: colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.