El viernes pasado, Texas inició la colocación de una nueva barrera flotante en el río Bravo como parte de las medidas de seguridad en la frontera con México impulsadas por el gobernador republicano Greg Abbott. Estas medidas, que incluyen el envío de migrantes en autobús a estados gobernados por demócratas y la autorización de arrestos por parte de la Guardia Nacional, han generado preocupaciones respecto a la autoridad del gobierno federal en la regulación de la inmigración.
Desde antes de la descarga de las grandes boyas naranjas en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, ya había inquietudes sobre este desafío sin precedentes de Abbott. Los defensores de los derechos de los migrantes expresaron preocupaciones por los riesgos de ahogamiento, mientras que los ambientalistas cuestionaron el impacto de las boyas en el río Grande, como se conoce en Estados Unidos.
El viernes por la mañana, docenas de estas enormes boyas esféricas se encontraban apiladas sobre plataformas en un parque cercano al río. Según el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la instalación de las barreras podría llevar hasta dos semanas, y consistirá en partes que se ubicarán en la superficie del río y mallas conectadas que se extenderán 305 metros en la zona central del río, con anclas en su lecho.
La dinámica de los cruces fronterizos cambió en mayo cuando el gobierno del presidente Joe Biden dejó de aplicar el Título 42, una política de salud pública implementada para prevenir contagios de Covid-19, lo que obligó a muchos solicitantes de asilo a regresar a México. Las nuevas normas permiten que las personas soliciten asilo a través de una aplicación gubernamental y obtengan citas en los puertos de entrada, aunque el número máximo de ingresos diarios está limitado a mil 450 personas. Las políticas de Abbott están dirigidas a quienes se sienten frustrados por esta restricción y deciden cruzar ilegalmente el río.
Las medidas previas de Abbott para restringir el cruce de personas en la frontera han incluido la instalación de alambre de púas a lo largo de varios kilómetros en puntos de cruce populares y la creación de puestos de control estatales adicionales para inspeccionar el tránsito comercial que ingresa, además de la nueva estrategia de las boyas.
Sin embargo, el estado no ha proporcionado información sobre las pruebas o estudios realizados para evaluar los riesgos para las personas que intenten rodear la barrera ni los impactos ambientales asociados.
(Fuente: Luis Cárdenas MX)