política nacional anticorrupción

¿Y la corrupción?

by Rene Ramírez
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El combate a la corrupción es uno de los grandes temas que fue abanderado por la actual administración durante las elecciones del 2018. Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado múltiples veces que la corrupción es el origen de diversos problemas en México, y que él barrería estas prácticas como a una escalera “de arriba hacía abajo”. Si bien, el análisis es correcto y la corrupción es uno de los grandes temas pendientes, las estrategias y políticas públicas no pueden justificarse sin evidencia científica, ya que no entender el fenómeno de la corrupción impacta de manera considerable en su disminución o aumento. 

Recientemente, el INEGI emitió los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, y podemos ver que existen aciertos y retrocesos que son importantes insertar dentro del debate público. De acuerdo con dicha encuesta, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de la corrupción, tuvo una disminución de 91.1% en 2017 a 87.0% en 2019, ello quiere decir que existe un avance del 4.1%., podemos atribuir la disminución a la narrativa loprezobradorista sobre la ética en el servicio público y la manera discursiva con la cual se ha manejado sobre este tipo de temas. 

Si bien, por primera vez en nuestro país se formuló una Política Nacional Anticorrupción por el Comité Nacional Anticorrupción sumado con el énfasis de López Obrador sobre este tema, lamentablemente, la prevalencia de hechos de corrupción aumentó a una tasa del 15,732 en 2019, una diferencia de 1,097 sobre el 2017. Esto quiere decir que existe una mayor frecuencia de reportes de hechos  relacionado a la corrupción durante el año pasado. Esto va relacionado a un tema muy preocupante que es el aumento costo de la corrupción, ya que respecto al 2017, en 2019 subió un 68%, teniendo un valor total de 12,770 millones de pesos y 3,822 pesos por persona, lo que quiere decir que a la población le está costando de manera significativa la realización de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, afectando el acceso e ingresos de las personas. Aquí debemos hacer un paréntesis y aclaración, si analizamos los tipos de contactos con la autoridad en donde existió dicho aumento de prevalencia y costo, vemos que en su gran mayoría son temas locales como tenencia o impuestos vehicular, seguridad, educación, etc. Esto es importante que refuerza este señalamiento de diversos académicos y expertos en temas de corrupción, que señalan las estrategias locales son imperativas para poder combatir de manera efectiva la corrupción, ya que son el primer contacto con el ciudadano, haciendo especial énfasis en los ayuntamientos. 

En temas específicos, vemos que la corrupción aumentó en rubros como de servicios municipales que son permisos para vender en vía pública, servicios de agua potable y drenaje, etc. Si bien, los índices de corrupción sobre contacto con elementos de seguridad pública se mantiene casi igual, aún así continúa elevado el porcentaje ya que el 59.5% de la población que tuvo contacto con la policía sufrió de un hecho de corrupción, lo cual nos obliga a atender los orígenes y medios de control para evitar las malas prácticas dentro de los cuerpos policiacos. Todo lo anterior contrasta con la percepción de la confianza en instituciones públicas, ya que se percibe un aumento en la confianza al gobierno federal, gobiernos municipales estatales, jueces y magistrados, policías, etc. 

Otra evaluación que puede sumar al análisis es el índice de Percepción de la Corrupción de 2019 realizado por Transparencia Internacional ya que nuestro país avanzó 8 lugares en dicha evaluación, y lo más importante es que se detuvo la caída que durante 5 años consecutivos se tuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto. En gran medida, esto se debe al énfasis de López Obrador en combatir la corrupción y los casos que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera han llevado a cabo. 

Debemos que repensar la estrategia. Estos datos son reveladles ya que confirma lo que se  ha señalado desde un inicio: no se puede basar la estrategia únicamente en el ejemplo del de arriba. La corrupción es un fenómeno completo con múltiples aristas, la administración pública federal es sólo 1 elementos de los muchos que existen sí queremos tener un avance significativo. Debemos que incluir la perspectiva local y enfatizo a los ayuntamientos ya que son ese primer contacto ciudadano y el aspecto más vulnerable dentro del federalismo mexicano. Tenemos que reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción y verlo no cómo una herencia priista sino como una herramienta muy efectiva para el combate a la corrupción. Un tema importante además de la sanción y la impunidad, es la prevención, ya que uno de los pendientes es evitar futuros actos de corrupción, y creo que Andrés Manuel López Obrador debe medir el impacto de su llamada “austeridad republicana” y el recorte al gasto operativo de la administración pública federal, que si bien, aquí existe un tema de impacto negativo en la  eficacia de la gestión pública, es claro que dejar inoperante a los órganos públicos puede incidir en la prevalencia de casos y costos de la corrupción. Considero positivo que existe un interés y voluntad de la actual administración en estos temas, sin embargo, la voluntad política debe ir acompañada de acciones bien pensadas y estructuradas que vayan más allá del discurso y la narrativa. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

La Política Nacional Anticorrupción y los derechos humanos

by Samuel Ramírez Mejía
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El 29 de enero del 2020 el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA o la Política). Si bien la propuesta de PNA se presentó desde diciembre del 2018, los resultados de las elecciones de ese año muy probablemente postergaron su aprobación hasta un año después. La presente colaboración se centrará en explicar por qué considero que se vislumbra una señal esperanzadora para el enfoque de derechos humanos (EEDH) en la recién aprobada Política. 

En primer término, considero muy positivo que en la PNA se reconozca claramente en el árbol del problema de la corrupción en México que la consecuencia final de la corrupción es la restricción en “(…) el ejercicio efectivo de los derechos de las personas.” (174-5). Sin duda, este es un avance significativo. Más aún cuando uno de los cuatro principios transversales de la Política lo constituyen los Derechos Humanos (177-8). En unos breves párrafos se expresa el cada vez mayor consenso que existe acerca de la vinculación entre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Además, identifica la posible vulneración de los derechos a la salud y a la educación en trámites y servicios en los cuales se presenten conductas de soborno y cohecho (178) y enfatiza, lo que es muy acertado desde el EEDH, que la afectación a los bienes y servicios protegidos por dichos derechos es mucho más grave en las poblaciones em situación de vulnerabilidad (178); este reconocimiento está, sin duda, alineado a colocar como un objetivo central de las políticas con EEDH “(…) a los grupos que se encuentran en situación de desventaja en términos del acceso a los derechos.” (CIDH 2019: 190).

En segundo lugar, es también positivo y esperanzador para el empoderamiento de las personas víctimas de la corrupción, la inclusión de los derechos humanos en las prioridades de política pública. Así por ejemplo, en la prioridad número 22: “programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción” (187); en la prioridad número 31 se hace mención de “una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género…” (189), lo cual, indudablemente, se articula con el principio de la inclusión de la perspectiva de género y diversidad contemplado por la CIDH (2019: 193; 2018: 30-2); y en la prioridad número 40: “Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en mtaeria de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos” (190). Además de esto, resultan muy positivas para un EEDH las acciones sugeridas en el Anexo 3 de la Política. En primer término, las acciones relacionadas con las víctimas de la corrupción: “Fomentar el desarrollo de una estrategia para resarcir el daño de víctimas por hechos de corrupción, bajo un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos” (3); así como “[a]segurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e integridad para (…) víctimas, así como sus familiares, (…) al igual que de su situación laboral” (6). Y, con relación a la prioridad 31, son de destacarse las acciones sugeridas siguientes: “Definir brechas y estrategias de involucramiento social en el combate a la corrupción (…)” y [g]enerar mecanismos de participación para grupos en situación de vulnerabilidad; estas sugerencias de actividades refuerzan, a no dudarlo, el principio de una política anticorrupción con EEDH relativo a la participación e inclusión social (CIDH 2019: 191).

A pesar de estos avances, me he referido a que estas aportaciones solamente vislumbran el EEDH en la Política, porque, si bien se moviliza un marco teórico de libros y artículos de una de las referencias académicas de las políticas con enfoque de derechos humanos y de la corrupción y los derechos humanos, Luis Daniel Vázquez Valencia (FLACSO México), no se aprecian en el marco teórico de la PNA referencias expresas a los documentos de la CIDH que he citado en estas colaboraciones (2019; 2018); además, tampoco hay consulta ni referencia a otro documento pionero en el tema: Corrupción y derechos humanos, autoría de Anne Peters (2015). Por otro lado, si la metodología para el diseño de políticas con EEDH implica, en primer término, la identificación y el desempaque de los derechos, no se explica por qué en la PNA únicamente se mencionan las Convenciones directamente relacionadas con la corrupción (Interamericana, OCDE y Naciones Unidas), pero no se hace uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de su Protocolo Adicional (Protocolo de San Salvador), de la Convención de Belem do Pará, etc. La respuesta a esto tal vez la encontremos en lo expresado el día de la aprobación de la Política por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Dra. María de la Luz Mijangos: “A mí me gustaría ver en las modificaciones o ajustes (…) que en la futura política anticorrupción hubiera un hilo conductor que la vincule con los derechos humanos.  Por ejemplo, cómo priorizar los casos en lo que la corrupción afecta a comunidades en situación de pobreza, en los que la corrupción genera violencia contra las mujeres, en los que la corrupción es detonante de la violación a los derechos humanos de los migrantes. (Versión estenográfica: 22-3).

En todo caso, las señales positivas de la PNA con EEDH que resumí, además de que una persona integrante del Comité Coordinador exprese la necesidad de incluir completamente el enfoque de derechos humanos en la Política Nacional Anticorrupción, es, a no dudarlo, una noticia esperanzadora para estructurar plenamente la metodología del enfoque de derechos humanos en la política nacional anticorrupción y en las políticas estatales anticorrupción ahora en curso de diseño. Además, para reconocer en todos sus efectos irradiadores en el ciclo de la política anticorrupción en México los efectos nocivos que la corrupción produce en el goce y disfrute efectivo de los derechos de las personas que transitan o residen en nuestro país. 

Esperemos que muy pronto, tanto el talento que existe en los órganos del SNA y de los sistemas locales anticorrupción, como las alianzas con las Comisiones de Derechos Humanos, con instituciones académicas, con organismos de los sistemas regional y universal de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, la alianza con las víctimas de la corrupción, permitan dar pasos acelerados hacia la completa aceptación del siguiente principio: “[L]los derechos humanos no son elementos complementarios de las políticas públicas sino el núcleo y razón de ser de la acción estatal.” (CIDH 2018: 48).

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

PETERS, Anne. 2015. Corrupción y derechos humanos. S.l.e.: Basel Institute on Governance.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Anexo 3. Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA. Aprobadas el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA llevada a cabo el 29 de enero del 2020. Disponible en: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/Versi%C3%B3n_Esteno_1a_SO_CC_2020.pdf (consultada el 10 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.