¿Feliz día de la mujer?

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El pasado 6 de marzo, a dos días del día de la mujer, se votó a favor de “conceder derechos al ser humano desde el momento de la fecundación y hasta el fin con la muerte natural”. En términos prácticos: se penaliza el aborto o Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y se prohíbe la eutanasia. Y, creo relevante aclarar varios puntos de esta decisión, que yo considero un retroceso. 

En primer lugar, se votó con desconocimiento del tema. Después de que la iniciativa estuvo 5 años congelada en el congreso, se anunció repentinamente que se iba a votar, dando dos días para prepararse. Tiempo que no es suficiente para estudiar el tema. En la mayoría de los casos, se hacen mesas de discusión, diálogos con expertos, mesas de trabajo, y otras herramientas para que nuestros legisladores no lleguen en blanco.

Además, se ignoró normatividad nacional e internacional sobre la materia:

– La Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó votar en contra, por incompatibilidad con los compromisos internacionales del Estado.

– El artículo 1 constitucional plantea el goce de los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero también en tratados internacionales ratificados.

– México recibe constantes observaciones de: la ONU, el ACNUDH, ONU Mujeres, la OMS, el Comité DESC y el Comité CEDAW. Todas coinciden en que se debe de atender a las obligaciones con los derechos humanos, recomendando que se garantice el aborto seguro, legal y gratuito. También, distintos países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá o los Países Bajos han exhortado a México a ser congruente con su normatividad.

– La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en no considerar el feto como una persona, ya que esto lleva a la vulneración de los derechos de la mujer.

Por otro lado, hay mucha desinformación. Se le ha llamado movimiento “a favor del aborto”, cuando en realidad es pro-choice, el derecho a decidir. No se busca promover la ILE como respuesta a todo, para practicarse en la cotidianeidad. El lema del movimiento es “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”. 

Se aboga de manera integral por los derechos sexuales y reproductivos, aspirando a que ninguna se vea orillada a abortar, ya que se tienen las herramientas y el conocimiento para utilizar los métodos anticonceptivos adecuados. Sin embargo, en el caso que se tenga que recurrir a un aborto, se exige que pueda ser un procedimiento legal, gratuito y seguro. No por chiflazón, no porque abrió las piernas, no por irresponsable. Pero, porque tiene derecho a no tener un hijo si no va a poder brindarle las condiciones mínimas de calidad de vida. Porque tiene derecho a decidir no ser madre si no está lista o no desea serlo. Porque tiene derecho a no morir en la clandestinidad.

El Instituto Guttmacher ha estimado 1 millón de abortos clandestinos al año en México. La mayoría implican un factor de riesgo. Según la OMS, en los países con leyes restrictivas de la ILE, solo 1 de cada 4 abortos realizados es seguro. Penalizar el aborto no va a hacer que las mujeres dejen de abortar. Solo las orillará a la clandestinidad.  

Evidentemente, en una democracia y en el ejercicio de la cultura cívica todas las opiniones son bienvenidas. El movimiento pro-vida y los distintos grupos religiosos tienen el mismo derecho que cualquier otro a manifestar su opinión en contra del aborto por sus creencias religiosas o personales. 

Lo que no termina de cuadrar, es cómo sigue teniendo tanta influencia la iglesia católica en un país -supuestamente- laico; y en un tema que no es de moral o de religión, si no de salud pública. La postura personal de cada quién: si lo hiciera o no, si lo apoya o no, si lo considera pecado o no, no debe de entrar a debatir en el Congreso. Cuando se gobierna se debe de atender a un análisis más profundo de las problemáticas.

El 6 de marzo, los diputados decidieron votar con base en sus creencias personales. Los argumentos fueron la ecografía del hijo de una diputada, una anécdota que involucraba al Dr. César Lozano, videos de bebés -claramente deseados y de nivel socioeconómico alto- con sus papás, comiendo, riéndose. 

Pareciera que no hay separación de Iglesia y Estado. Pareciera que nuestros funcionarios no pueden ver más allá de su realidad en su rol de legislador. Pareciera que se busca así, sin más, criminalizar a la mujer, y, sobre todo, a las pobres.

¿Por qué? Porque en el puritanismo también existe la doble moral. Porque no se permite el aborto, pero se censura la educación sexual. Y porque muchos de los que defendieron la reforma, conservadores de clase media o alta, serían los primeros en mandar a su hija a que aborte a la mejor clínica en Houston o en CDMX. Y así, las mujeres pobres, que al parecer a nadie le importan, no solo tienen el riesgo de morirse en un aborto inseguro, sino que lo más probable es que terminen en la cárcel. 

Me consta que no se puede hacer una generalización burda. Conozco a pro-vida con intenciones genuinas, que verdaderamente se preocupan por el ‘tercero’ que ellos ya consideran una persona. Y, aunque no coincido, lo respeto. Celebro el diálogo amistoso, y espero que todos tengamos estos espacios constructivos en los que escuchamos y nos escuchan. 

Pero sí, invito a ver un poco más allá de nuestro privilegio. A desdibujar un tanto los paradigmas con los que hemos crecido. A estudiar, analizar, argumentar. Procesar información, examinar casos, entender que es algo complejo que muchas veces no es ni blanco ni negro. 

Ante crisis piden ONGs que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada ya como un feminicidio

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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de indagar las muertes violentas de mujeres como feminicidio sólo cuando se presuma una intención dolosa, limita el acceso a la justicia de las víctimas al no contemplar los casos que se encubren como suicidios o accidentes.

El pasado 6 de febrero de este año entraron en vigor y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos aprobados por la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP, en una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Entre estos se encuentra el Acuerdo 04/XLIII/27 cuyo apartado establece que “la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos de feminicidio“.

Sobre esta disposición el Observatorio Ciudadano del Feminicidio objetó en un comunicado que ven con preocupación reducir la investigación de casos de feminicidio sólo ante la presunción de “homicidios dolosos” (es decir, aquellos en los que el victimario busca intencionalmente la muerte de la mujer), pues un feminicidio puede encubrirse detrás de una muerte aparentemente accidental o un supuesto suicidio, como lo han documentado.

La organización agregó que el acuerdo del Consejo Nacional se ve limitado por lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) en la sentencia 554/2013, esta indica que absolutamente “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigados como feminicidio con perspectiva de género”.

También ONU Mujeres en su reciente informe sobre feminicidio en México, insistió que el suicidio de una mujer es otra forma de muerte violenta por lo que requiere ser investigada mediante los protocolos de investigación del feminicidio, hasta descartar que esa muerte fue autoinfligida o que en realidad se trata de un asesinato.

De acuerdo con las cifras que presentó la organización internacional los niveles de la tasa de suicidios de mujeres en México han ido a la alza y de hecho entre 2014 y 2015  superaron la tasa de presuntos homicidios de mujeres; según las estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud en 2015 hubo una tasa de 2.0 muertes de mujeres con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, la tasa de presuntos suicidios se colocó en 3.8.

Además, de acuerdo con cifras del OCNF de los registros en 17 estados del país, ocurrieron 914 asesinatos de mujeres de enero a junio de 2017, pero solamente 49 por ciento fue investigado como feminicidio.