Dimes y Diretes: “Palmarito: Si, fue el Estado”

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Desde ya hace varios meses el tema de los huachicoleros en el estado de Puebla y a nivel nacional ha ido tomando relevancia. Los huachicoleros son grupos que se dedican a extraer combustibles de Pemex de forma clandestina, ciertamente representan una pérdida de dinero grave para el país, se habla de casi 2 mil millones de dólares anualmente, pero lo que sucedió el Palmarito, llego a otro nivel.




Según videos proporcionados por el Diario Cambio, el ejército mexicano realizó una ejecución extrajudicial mientras se encontraba realizando un operativo contra los famosos huachicoleros. La ejecución, según se puede apreciar en uno de los videos que más ha estado circulando en las redes sociales, fue mientras la persona ya estaba sometida por el ejército y se encontraba en el piso.

No hay forma de justificar la ejecución, no hay forma de que el ejército se deslinde de la misma, hay video, hay pruebas, no hay mucho que investigar. Algo que justamente está haciendo en estos momentos la PGR, pero ¿quién puede confiar en sus investigaciones? No han podido resolver el caso de Ayotzinapa, su titular en ese entonces, Murillo Karam, habló de una “verdad histórica” que ha faltado de veracidad y de pruebas. Sin olvidar los dos casos de asesinatos extrajudiciales que ha protagonizado el ejército en Tlatlaya y Tanhuato.




¿Qué no se da cuenta el Ejército Mexicano que el país está en una crisis? ¿No se da cuenta que tenemos a candidatos que lo acusan de asesino? Claramente nuestras fuerzas armadas ignoran lo que sucede en el país y los cuestionamientos que hay en su contra. Por esto, y muchas otras razones, me veo obligado a decir, si fue el Estado.

¡Ahí Se Leen!

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

Ni perdono ni olvido: a dos años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

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México es, probablemente, uno de los países con el mayor número de heridas abiertas infringidas por su propio gobierno; Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas o Atenco, nos demuestran que la brutalidad es y sigue siendo el arma predilecta del estado para mantener bajo control a la población. El caso más reciente de ello es Ayotzinapa, caso que, como todos los previamente mencionados, sigue sin aclararse.

Ya han pasado dos años desde aquella desaparición forzada por parte del estado, la cual llegó a abrir los ojos de los jóvenes más alejados de la realidad social. Mediante marchas, concentraciones, mítines y eventos artísticos, la juventud de México mostró un espíritu de lucha y una solidaridad, que llevaba tiempo de no verse.

Igualmente, no solo estos se movilizaron, pues inclusive, adultos mayores formaron parte de las filas de indignación hacia el estado por tal crimen de lesa humanidad. Tal espíritu de unidad y de lucha soportó el mayor cinismo del gobierno, el cual no hizo más que fortalecer esta unidad al hacer declaraciones exentas de toda consideración, como las hechas por Murillo Karam, con su famoso “ya me cansé”.

Desde el norte hasta tierra caliente, todo mexicano y extranjero que estuviera al tanto de lo que sucedía, podía presenciar cómo iba tomando forma un movimiento similar al de los estudiantes de los 60’. El presenciar a diversas generaciones juntas bajo la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, llegó a llenar de esperanza a muchísimos que llevaban tiempo en la lucha por un mejor.

Hoy, tras estos dos años cumplidos de la desaparición forzada de los normalistas, no puede negarse que, lamentablemente, el movimiento no tiene la misma cantidad de personas que poseía en el año anterior.

No obstante, a pesar de disminución del número de integrantes de tal movimiento, la fuerza de voluntad se mantiene, y será esa fuerza la que habrá de brindar justicia y que hará relucir la verdad. A su vez, será esta unidad del pueblo, la que traerá una dignidad que tanto le falta a este mismo, para que pueda ser visto como lo que realmente es: la autoridad verdadera, de la cual proviene el poder.

Podrá actualmente, haber una oscuridad que desanima a aquellos que antes marchaban rumbo a la obtención de respuestas y al descubrimiento de la verdad, podrá seguir el gobierno con su nula respuesta respecto al esclarecimiento de lo ocurrido y de su responsabilidad con esto mismo; pero a su vez, seguirán luchando los mexicanos para lograr el México que merecen, y saber de unas vez por todas que les ocurrió a sus hermanos aún desaparecidos.

Este es un camino difícil, pero es el único camino que vale la pena recorrer, sin importar los riesgos que se presenten, pues este camino es el mismo que trazaron nuestros héroes que nos dieron patria, y que ahora nosotros llevamos. Morelos, Victoria y Madero están en nuestra memoria y en nuestras acciones y en nuestra sangre, pues el espíritu de lucha es algo que comparte, todo México.

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Caso Ayotzinapa: El desinterés en su máxima expresión

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El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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