La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que la solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Por su parte, Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra.
“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, publicó en su cuenta de Twitter el mandatario tamaulipeco.
De acuerdo con un oficial enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia mañana.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de la FGR.
Una de ellas involucra a la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal; también a sus hermanos Ismael, quien es actualmente Senador, y José Manuel García Cabeza de Vaca.
También se incluye a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, a quien le documentan un depósito irregular de 4.5 m millones de pesos y a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.
De igual manera son indagados Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantu, presuntos socios del gobernador.
En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la Inmobiliaria RC de Tamaulipas.
La petición de la FGR para desaforar al Gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto del 2020, en la que el Mandatario fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.
La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre del 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.
Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominado TC12.
La compañía habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.
(Con información de Grupo Reforma)