Auditoría Superior del Estado investiga al Bronco por desvío de recursos

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La Auditoría Superior del Estado (ASE), vía una unidad especial, está investigando la denuncia presentada por organizaciones ciudadanas contra el Gobernador Jaime Rodríguez, por el presunto desvío de recursos públicos para obtener las firmas que le permitieron registrarse como candidato a la Presidencia de México, dijo Jorge Guadalupe Galván.

A principios de septiembre, miembros del Consejo Cívico y de otras organizaciones civiles presentaron ante la Auditoría una denuncia de hechos contra el Ejecutivo estatal por presunto desvío de recursos públicos vía varios funcionarios de su Administración.

“Nosotros lo que hicimos fue pasar el caso a la Unidad de Investigación de nuestro órgano, que es la que está ya en el proceso de la investigación, es un órgano que es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sí se le dio entrada”, expresó el titular de la ASE.

En la misma carpeta, añadió, se verá la solicitud de organismos electorales para que se investigue ese mismo hecho.

Reconoció, sin embargo, que como aún no se han hecho algunas modificaciones legales, los resultados de la investigación se estarían presentando en el informe de la cuenta pública del Estado correspondiente al 2018, es decir, hasta octubre del 2019.

“Como no se ha reformado la Ley de Fiscalización“, añadió, “pues ahorita sólo podríamos presentar nuestros hallazgo en el informe de resultados de la cuenta pública correspondiente“.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

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Los fracasos del gobierno de Enrique Peña Nieto han logrado hacer consenso nacional sobre la urgencia de erradicar la corrupción y de eliminar la impunidad que es su principal soporte. Tan es así que antes de tomar posesión, él mismo anunciaba un Sistema Nacional Anticorrupción, para desactivar sus antecedentes de gobernador corrupto.

Tardó más de tres años, necesitó los escándalos de la casa blanca de la Gaviota y de la de Malinalco de Luis Videgaray, la amenaza de escándalo internacional del tren rápido a Querétaro, para finalmente darle luz verde al PAN para presentar una propuesta.

¿Era lo más adecuado pedirle al PAN, cómplice de múltiples asaltos a la moral y al erario federal, ser el portavoz del combate a la corrupción? Probablemente no. Por esto salió un Sistema Nacional Anticorrupción descolorido, sin dientes y que no asusta a ningún político medianamente capacitado en asuntos de corrupción.

Los estados deben por mandato constitucional, elaborar un Sistema Estatal Anticorrupción, “equivalente” al Nacional. Pero en Nuevo León, después de los atracos de la familia Medina y de sus amigos de los cuales varios están todavía en posición de saquear las finanzas públicas, después de un cobijagate que reveló la falta de compromiso del nuevo gobierno contra la corrupción, la Sociedad Civil se levantó en armas legales y decidió acompañar de muy cerca la elaboración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto dio nacimiento a la Coalición Anticorrupción, agrupación de ONG’s, de diferentes asociaciones enfocadas al combate a la corrupción y de un buen número de individuos comprometidos a contribuir a título personal en la elaboración de un Sistema Estatal Anticorrupción bastante más sólido que la copia pálida que nació en San Lázaro.




6 meses de trabajo constante, con innumerables reuniones, con mucha paciencia, con algo de creatividad y mucha comprensión mutua, permitieron demostrar que la democracia participativa es posible cuando existe fe, particularmente buena fe, suficiente confianza, dedicación y profesionalismo de los dos lados.

Las reformas constitucionales que permitirán el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción que aprobaron las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Legislativos el día de martes en el HCNL, incluyen muchos elementos que la harán la base para diseñar el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país.




Falta todavía concretar la tarea con una labor titanesca de corrección y adaptación de siete leyes, que van desde la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, hasta las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización y la del Servicio Público y a otras tantas.

¿Se podrá realmente combatir la corrupción desde la Ley y la erradicación de la impunidad? La apuesta es muy alta. El compromiso ciudadano irrenunciable. En juego, se encuentra el deseo de restablecer una sociedad que tenga fe en si misma, en la cual el político haga política para contribuir al bien común y no para su provecho personal.

En juego, se encuentra el deseo de cambiar un sistema político fallido, pero sin violencia, en base a la Ley y a la Justicia.

¿Será posible? Sí, si todos colaboramos con nuestro granito de arena y mostramos que la Sociedad dispone de la voluntad y de los argumentos suficientes para construir un país mejor para todos.
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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”